Ni la jefa evitó el juicio por el ataque a la familia qom

El caso del presunto ataque policial a una familia qom de Fontana sumó otro acusado, en este caso una mujer. Se trata de la entonces jefa de la seccional Tercera local, Claudia Lucena. Con esto, son 10 los imputados por este violento episodio.
El Comité de Prevención de la Tortura (CPTCh) solicitó formalmente la imputación de la funcionaria policial por incurrir en los delitos de omisión de evitar torturas y/o subsidiariamente de encubrimiento agravado.
Consideraron que Lucena, como autoridad máxima en la comisaría, estuvo presente el 31 de mayo de 2020, siendo reconocida en el material fílmico de las cámaras de seguridad de esa dependencia por los funcionarios policiales que prestaban servicio en el lugar. Se comprobó así que ella no detuvo los aberrantes hechos de violencia policial dirigidos hacia cuatro jóvenes pertenecientes a la comunidad qom.
El fiscal en lo Penal Especial en Derechos Humanos, Luciano Santos, había solicitado la clausura de la etapa de investigación y la elevación a juicio de los nueve funcionarios policiales con imputaciones de detenciones ilegales, vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica.
Las querellas conformadas por el Comité de Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la Defensa Pública Oficial se opusieron a la elevación a juicio, solicitando se incluya la imputación por omisión de deberes a la comisaria Lucena.
La jueza de Garantías, Rosalía Zózzoli, resolvió, por esta oposición, que la fiscalía debía resolver sobre esta solicitud, previa a clausurar la investigación.
Ahora se formalizó la imputación a la oficial por los delitos de «encubrimiento agravado y detención ilegal», quedando por tanto diez imputados en la causa: Claudia Beatriz Lucena, Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera y Sebastián Alberto Vallejos.
El Comité de Prevención de la Tortura recuerda a las funcionarias, funcionarios, trabajadoras y trabajadores policiales la prohibición absoluta de torturas y malos tratos, la obligación de hacer cesar estos actos cuando son cometidos por el personal subalterno, así como la obligación de denunciar inmediatamente la comisión de estos.