El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Manuel Pedrini, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, reflexionó sobre el impacto de un eventual veto presidencial a la reforma jubilatoria con media sanción del Congreso, opinó sobre el aumento de sueldos en la Cámara baja, criticó el déficit de gestión en el Ministerio de Capital Humano y calificó a la «ley de bases» un testimonio de «centralismo político» en detrimento de las provincias.
Así transcurrió parte del diálogo.
-¿Cuál es su lectura de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se dio media sanción a la reforma jubilatoria? ¿Qué importancia reviste el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?
-Actualmente, las actualizaciones del haber jubilatorio están regidas por un DNU del presidente Milei. Es una potestad del Congreso de la Nación fijar la movilidad jubilatoria. Lo que hizo el Congreso es recuperar una facultad que le es propia.
En segundo lugar, esta media sanción ratifica un principio republicano de contralor y de peso del poder legislativo y del funcionamiento armónico de los tres poderes. La importancia de esto es que, a partir de este decreto de Milei, se estableció una actualización de la movilidad indexada mensualmente por el índice de inflación.
Pero cuando se calculó enero, hubo una inflación del veinte por ciento y solamente el DNU decía esa sanción. Lo que hace es incorporar el 8% al haber jubilatorio y establece, además, que si los aumentos salariales superan a la inflación, se va a tomar el índice que favorezca a los jubilados: inflación o aumento del promedio de salario privados formales.
El que sea mayor se aplicará para indexar el haber jubilatorio. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está constituido por inversiones financieras, acciones, bonos, obligaciones negociables, etcétera, que garantizan el sistema previsional. Estos eran los bonos y obligaciones que tenían las AFJP cuando se produjo la nacionalización del sistema jubilatorio.
Bueno, eso pasa a formar parte del activo del sistema previsional argentino, uno de los pocos sistemas que tiene este activo. Es un activo que se convierte en una suerte de empresa del actual gobierno, que decidió liquidarlo y que esos dineros vayan al pago de deudas o ingresen a rentas generales y se diluyan en la recaudación fiscal.
-El presidente Milei adelantó que vetará la reforma jubilatoria. ¿Qué impacto cree que tendrá este veto?
-Acá hay que ver dos cuestiones: si se presenta este veto, si la ley es vetada, vuelve a la Cámara de Diputados y en el Congreso se requieren los dos tercios de la cámara de diputados para insistir con el proyecto y ahí desaparece el DNU.
Políticamente, hay una decisión del Gobierno de hacer un ajuste, el 40% del superávit fiscal está basado en el ajuste que se hizo a los jubilados. Eso es sumamente injusto. Ahora van por un ajuste muy fuerte en las pensiones por discapacidad.
El ministro Jefe de Gabinete, Francos, ya tuiteó que se hizo una auditoría y que el ochenta por ciento de esa auditoría dio que estaban mal otorgadas. Eso es absurdo. No vamos a decir que no están en todo su derecho a hacer todas las auditorías que quieran, pero para tener una pensión por discapacidad, el sistema es bastante engorroso, tiene que haber una junta médica, no es solo un médico el que lo habilita.
Después hay auditorías de Anses y demás. No es tan simple. Así que decir que el ochenta por ciento está mal otorgado es una barbaridad. Están anunciando un ajuste al colectivo de discapacidad semejante al de los jubilados. También hay un tuit del Presidente que dice que los despidos en el Estado van a llegar a 50 mil personas. El corazón del ajuste se basa en personas de carne y hueso. Ajustan sobre jubilados, trabajadores y personas con discapacidad.
NUEVA DIETA BASADA EN PARITARIAS
-Por otra parte, ¿cuál es su opinión sobre el reciente aumento de sueldos en Diputados?
-Debo decir que, lógicamente, el salario de los diputados puede gustar o no, pero hay tres poderes en el Estado: Judicial, Ejecutivo y Legislativo. El Judicial se dio los aumentos periódicamente. El Ejecutivo hace exactamente lo mismo. Senadores aumentaron la dieta a $8 millones. Los jueces de la Corte están en $15 millones. El Presidente en $5 millones, redondeando. La única cabeza de poder que sigue con los salarios de 2023 son los diputados.
Tenemos una dieta que alcanza a la suma de $1.200.000. Y es el único poder donde los empleados del poder ganan más que las cabezas del poder. No vas a encontrar un secretario que gane más que un juez de la Corte; no vas a encontrar un secretario de ministro que gane más que el Presidente.
En la Cámara, los trabajadores con antigüedad ganan más que los diputados, porque no se actualizaba desde el año pasado nuestra dieta. Y cobran todos igual: lo que se hizo fue actualizar esos valores en tres cuotas. Como se va a indexar, los legisladores van a cobrar lo mismo que ya cobraron los empleados de la Cámara de Diputados. Exactamente lo mismo. La paritaria de los trabajadores legislativos se aplica a la dieta.
CAPITAL HUMANO: DÉFICIT EN GESTIÓN SOCIAL
-¿Cuál es su opinión al respecto de los conflictos y cruces que ha causado la demora en la entrega de alimentos en Capital Humano?
-Es el peor Ministerio, el que peor funciona. Y es cierto que tiene muchísima, una diversidad de competencias estatales que nunca se vio. Está Trabajo, Salud, Educación, y está lo propio de desarrollo social. Es el Ministerio que tuvo la mayor cantidad de renuncias de funcionarios de Milei.
El gobierno de Milei se caracteriza por la gran cantidad de funcionarios que abandonan el gobierno, y de esos la mayoría son de Capital Humano. Los yerros son muy importantes porque esta es una gestión en la cual no sabe si tiene o no alimentos. Declaran una cosa y luego otra. Es una gestión que no sabe qué hacer con los alimentos que dejó el gobierno anterior, no tenían que comprar nada. Es alarmante el déficit de gestión.
-La Universidad Católica Argentina (UCA) ha dado a conocer que los niveles de pobreza en la Argentina alcanzan el 55,5%. ¿Cuál es su análisis?
-Nosotros tenemos una visión muy distinta a la del Gobierno. Empezaríamos cuidando el trabajo. Ellos se enorgullecen de que van a despedir 50 mil trabajadores. Eso genera angustia y zozobra. Nadie sabe quién va a perder el trabajo.
No se pueden anunciar así las cosas. La gran recesión que están generando con el ajuste hace que se pierdan empleos formales.
En el Chaco, la cantidad de empleos formales llegaba a 100 mil, hoy estamos en 74 mil empleos formales. Se perdieron casi 30 mil.
Nada más que en la Unión Obrera de la Construcción se perdieron 15 mil afiliados y se perdió la obra pública. Perdieron la obra pública y la construcción fue la actividad que lidera las capitales, cayó 49%.
«Ley de bases»: «Centralismo aberrante»
-En lo político, ¿cuál es su opinión acerca de la «ley de bases»? ¿Considera que su aplicación aportará a la autonomía de las provincias?
-Lo que hace el Gobierno es un centralismo aberrante. ¿Quién hace el gasto social en la Argentina?, ¿quién se ocupa? Ellos dicen que la función del Estado es seguridad, educación, salud, impartir justicia. ¿Quién hace todo eso? Las provincias.
No cumplen con ninguna de estas funciones, y se quedan con el sesenta y cinco por ciento de la recaudación y las provincias con el 35% de la recaudación nacional. Ajusta a las provincias así como ajustan sobre las personas. Ese es el otro, la otra víctima, la gran víctima. Pero es un gobierno hipercentralista.
En obra pública en las provincias sacaron el subsidio al transporte, el fondo nacional de incentivo docente, y las transferencias discrecionales. ¿Cuál es el único lugar del país donde mantienen aumento en el subsidio al transporte? El Amba.
«Los intendentes tomaron la posta»
-Recientemente, una liga de intendentes, entre ellos jefes comunales del Norte, solicitó a Diputados que emita una ley que respalde la continuidad de subsidios al transporte y que los mismos se equiparen con los que se pagan al Amba. ¿Qué opina al respecto?
-Los intendentes están llevando el clamor de su pueblo. Es una función típica de los gobernadores que eran quienes tenían que estar reclamando, y los gobernadores no lo hacen porque tienen represalias económicas. Los gobernadores tienen un temor reverencial hacia Milei.
Entonces aparecen los intendentes reclamando. Hay una suerte de delegación de representatividad.
Las provincias que tienen que hacer ese reclamo hacen silencio, muchos gobernadores, porque los intendentes toman la posta.