Falleció el sábado 26 de febrero cuando se lo llevaban a Medicina Legal. La familia solicitó más investigación.
El pasado sábado 26 de febrero murió un hombre luego de ser detenido. La autopsia marcó que fue producto de un paro cardiorrespiratorio, pero organismos de derechos humanos piden otras medidas de investigación para “el esclarecimiento de los hechos”.
Leandro Bravo, de 37 años, entró a una casa a robar, por lo que la dueña de la vivienda llamó a la Policía, según la versión oficial. Con esa denuncia, llegó a la vivienda la fuerza policial y lo detuvo y cuando era trasladado a Medicina Legal, se descompensó. Fue llevado de urgencia al hospital local, pero no lograron reanimarlo y falleció.
Ante la situación, se dispuso que se le haga una autopsia, la que, según un informe al que tuvo acceso este medio, marcó que “no se constató lesiones resientes” y resolvió que la muerte fue a causa de “paro cardiorrespiratorio no traumático”.
Como parte de la investigación de los hechos, el fiscal Hugo Baigorri ordenó que se le tome declaración a los efectivos policiales que intervinieron en el hecho, como así también a otros testigos.
Sin embargo, en las última horas se conoció que el Comité para la Prevención de la Tortura también intervendrá en el caso. Así lo comunicaron a través de un parte de prensa en que indicaron que “debido a la denuncia pública de su familia, que contraría la versión policial, el Comité para la Prevención de la Tortura se puso a disposición y solicitó la inhibición del fiscal de Investigaciones 3 de Charata, pidiendo la intervención de la Fiscalía Adjunta en DD.HH de Presidencia Roque Sáenz Peña, en razón de la competencia de la misma para la investigación de toda muerte que ocurra bajo custodia estatal”.