El gobernador Jorge Capitanich encabezó ayer una reunión intersectorial en la que distintos actores institucionales abordaron la cuestión vinculada a la protesta social y los cortes de calle y rutas en la provincia.
«Queremos establecer un mecanismo que permita garantizar el reconocimiento de las demandas, pero a la vez validar el ejercicio efectivo de derechos de circulación», explicó el mandatario.
El encuentro, realizado en el salón Obligado de Casa de Gobierno, contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado y del sector privado, los que acordaron volver a reunirse la próxima semana, instancia en que el Ejecutivo presentará propuestas concretas al respecto.
«Creemos en la necesaria adopción de un protocolo de entendimiento que permita garantizar un mecanismo de acuerdo, con homologación judicial e intervención de organismos competentes, descartando episodios de violencia», apuntó Capitanich, quien anticipó que se trabajará en un acuerdo de convivencia pacífico y democrático que permita que los manifestantes se puedan expresar sin interrumpir las calles y un proceso para que las demandas sociales puedan ser canalizadas.
«La protesta es un derecho, pero queremos que sea sin afectar derechos de terceros», dijo.
El mandatario consideró que los movimientos sociales hace ya un tiempo constituyen nuevos actores sociales, derivados de problemas de exclusión social y de la «economía del descarte», por lo que señaló la importancia de que entre los tres poderes del Estado y el sector privado se pueda encontrar una solución.
«La diferencia entre el orden y el caos consiste en establecer un mecanismo de satisfacer demandas, pero con un sentido de capacidad colectiva que no implique desorden», sostuvo.
El gobernador anticipó en ese sentido que el proyecto de ley de presupuesto incluye seis líneas de trabajo para la creación de 50 mil empleos, derivados de la economía popular y social: la recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, economía del cuidado, desarrollo de la economía textil, producción de alimentos para satisfacer la demanda alimentaria y la economía del conocimiento.
TRABAJO EN CONJUNTO
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rolando Toledo, remarcó que la idea es unir esfuerzos de los tres poderes del Estado, más los municipios y el sector privado para solucionar los inconvenientes de una manera ordenada y civilizada.
El presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Giménez, aseguró por su parte que el sector no está en contra de las protestas, ya que comprende las demandas sociales, pero explicó que los cortes de tránsito afectan muchos de los comerciantes. Además vio con preocupación los últimos hechos de violencias ocurridos en las protestas.
«Es necesario revisar los protocolos y regular las manifestaciones», manifestó y señaló que el diálogo es la forma más adecuada para resolver estas cuestiones.
A su turno, el diputado provincial opositor, Luis Obeid, destacó la reunión y la conformación de una mesa de trabajo para tratar el tema de la mejor manera. «Es importante que esté en agenda, hay que poner en el centro a la persona y no criminalizar, pero sí buscar un acuerdo de convivencia y regularización», indicó.