En una sesión ordinaria presidida por la diputada Carmen Delgado, el Poder Legislativo del Chaco sancionó la ley que establece un marco legal para la Asignación de Beneficios Sociales otorgados por cualquier repartición del sector público provincial. La medida fue aprobada el pasado miércoles y promete cambiar radicalmente el panorama de la asistencia social en la región.
La nueva legislación prohíbe la participación de intermediarios en los procesos de selección y asignación de beneficios sociales, una práctica que durante años ha sido fuente de controversias y abusos. Según lo establece la norma, queda prohibida la intervención de representantes de organizaciones sociales, personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que no sean las autoridades estatales correspondientes.
«La norma elimina, además de manera progresiva, los beneficios sociales existentes que requieran de manera indispensable terceros intermediarios», explicó Iván Gyöker, diputado provincial de Juntos por el Cambio y autor del proyecto de ley en contacto con Radio Libertad.
«Se excluyen, sin embargo, los beneficios o ayudas sociales que por sus características sean colectivos y de difícil o imposible individualización de los beneficiarios, como los comedores o merenderos escolares o comunitarios», aseveró.
Un Golpe a los Intermediarios
Gyöker destacó la importancia de esta ley para garantizar que la asignación de beneficios sea transparente y justa, eliminando prácticas corruptas y abusos que han perjudicado a los sectores más vulnerables.
«Este proyecto que nosotros aprobamos es extremadamente progresista. Me alegra que los diputados de Capitanich hayan querido discutirlo, se hayan sentado, hayan hecho una propuesta. Aunque no la considero superadora, me alegra que hoy, que estamos en el gobierno, entiendan que esto es necesario cuando es algo que nosotros planteamos hace muchos años», comentó.
El diputado también recordó las problemáticas que existían previamente: «Hubo una proliferación de los piqueteros por la tercerización y privatización de la política social de parte de Capitanich hacia las organizaciones sociales. Los piqueteros manejaban no solamente la calle con los cortes, sino que definían quién cobraba asistencia y quién no».
Gyöker enfatizó que la nueva ley busca poner fin a estas prácticas y devolver la dignidad a las personas necesitadas: «Ahora es un trámite personal del beneficiario con el Estado, no más intermediarios. Antes, el líder llevaba los nombres y decía a estas personas se les paga. Eran las famosas listas de altas y bajas, renovadas mensualmente.
Le pedían barbaridades a la gente para mantenerlas en las listas de alta. Hubo redes de trata de personas a través de estos planes porque le daban toda la suma del poder y la definición de quién cobra a dirigentes sociales».
Impacto y Reacciones
La aprobación de esta ley ha sido recibida con diversas reacciones en la provincia. «Es una política que va a trascender en el tiempo», afirmó Gyöker y agregó: «Estoy muy contento de que no vuelva a pasar en la provincia de Chaco que la ciudadanía, la gente pobre, pierda toda su dignidad por necesitar una asistencia y tener que andar pasando por un gerente de la pobreza».
Las denuncias de abuso y explotación relacionadas con la intermediación en la asignación de beneficios sociales han sido una constante en la historia reciente del Chaco. Gyöker mencionó casos específicos que reflejan la gravedad del problema: «Una mujer contó que le sacaron la beca porque estaba embarazada y no podía ir a la marcha. Otra mujer dijo que no podía llevar a su hija a la marcha y le pedían que la lleve, y por eso le sacaron la asistencia».
El diputado también denunció la connivencia de autoridades anteriores con estas prácticas corruptas: «Dentro de desarrollo social, cuando estaba Capitanich como gobernador, había un canal de denuncias donde no pasaba nada. Los mandaban a la comisaría y les decían ‘manejate’. No les tomaban las denuncias, y los dirigentes seguían abusando de su poder».
Un Futuro sin Intermediarios
Gyöker confía en que esta ley marcará el comienzo de una nueva era en la administración de beneficios sociales en el Chaco. «Ya no existen más esas listas de altas y bajas manejadas por organizaciones sociales o unidades básicas del Partido Justicialista. Ahora es un trámite personal del beneficiario con el Ministerio. Lo único que se cambió es que hay coordinadores para las contraprestaciones que certifican que uno va a pagar la contraprestación».
El diputado subrayó la importancia de esta transición: «Entendemos que es una transición que va a tomar mucho tiempo porque hay mucha gente que le va a costar incorporarse a ese mercado laboral y de capacitación. Mientras tanto, tenemos que darle herramientas.
Eso cambió drásticamente desde que asumimos en el Gobierno».
Gyöker finalizó su intervención destacando el apoyo recibido y la importancia de esta medida para el futuro: «Un solo diputado votó en contra, que es el diputado Schwartz, quien viene del mundo de las organizaciones sociales. Votó en contra de que haya una ley que regule esto. Nosotros con 16 votos aprobamos la nuestra.»
La implementación de esta ley será observada de cerca por la ciudadanía y las autoridades, con la esperanza de que marque el inicio de una nueva etapa en la política social de Chaco, donde la transparencia, la justicia y la dignidad sean los pilares fundamentales.