Señales, política y economía

En nuestra economía siguen apareciendo señales negativas que tienen al gobierno nacional, por acción u omisión, como actor principal, aunque intente descargar su responsabilidad en los demás agentes económicos.
La inflación, tras el 4,8% de marzo, en abril rondaría el 4%, según estimaciones de consultoras privadas. La reducción no entusiasma a nadie.
Si el índice de precios al consumidor del primer cuatrimestre cierra por encima o cerca del 16%, el presupuesto diseñado por el Ministerio de Economía, que contempla una inflación anual del 29%, se torna inservible. No solo para indicar el rumbo económico a los actores locales, sino también para negociar con los organismos multilaterales de crédito, con los que la Argentina tiene vencimientos de deuda en los próximos meses.
A este ritmo, los cálculos demuestran que vamos a una inflación superior al 50%. Para colmo, el Gobierno se empeña en sostener que puede frenarla con medidas intervencionistas, como los controles de precios, de tarifas y de otras variables económicas, que ya han fracasado en el pasado y que, además, en la práctica expresan una virtual intervención del Ministerio de Economía, pues son medidas que se toman desde otras áreas.
En ese contexto, quien puede elegir en qué moneda atesorar su dinero ha vuelto a optar por el dólar, que en el mercado paralelo aumentó un 10% en la última semana. Aquí, lo segundo es más importante que lo primero. Que haya aumentado no llama tanto la atención como la rapidez con que lo hizo. Había tocado un piso de $139 el 7 de abril, el nivel más bajo desde septiembre, y comenzó esta semana en $158. En 20 días, subió casi un 14%; pero casi todo ese aumento se dio en cinco o seis jornadas consecutivas.
Quien se pasa al dólar no solo deja el peso para resguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación. También decide reducir sus consumos para tratar de ahorrar. La hipótesis subyacente es que, ante el crecimiento de los contagios de coronarivus y el faltante de vacunas, en breve se podría terminar la libre circulación y reinstalarse el confinamiento.
La tensión entre el gobierno nacional y las autoridades de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la falta de diálogo en Provincia de Buenos Aires entre el gobernador y los intendentes opositores, demuestran que el kirchnerismo está convencido de que puede restringir actividades en una zona cualquiera, más allá de quién la gobierne y del malestar social.
Si el confinamiento del año pasado significó el cierre de miles de empresas y negocios, y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo más una alta emisión monetaria, ahora, para cerrar un triángulo dramático, la repetición de la medida podría agregar conflictos institucionales y una relativa desobediencia civil.
El objetivo de devolver el bienestar a la gente que expresó Alberto Fernández en su discurso de asunción está cada vez más lejos de cumplirse.