El gobierno de la provincia informa que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el viernes en General San Martín y que tuvieron como saldo el fallecimiento de un joven qom, que confirmaron tenía 23 años, y del que se presume habría sido víctima de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales.
La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, informó que el área a su cargo se constituirá como querellante en la causa, con el consentimiento de familiares directos de la víctima.
La decisión surgió luego de una visita que incluyó a los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos y otras áreas. La causa se encuentra en la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña y en el marco de la investigación fueron detenidos cinco efectivos policiales.
DIáLOGO INMEDIATO
«Desde el momento en que tomamos conocimiento de los hechos nos comunicamos con referentes de la comunidad y los escuchamos. Fuimos con la traductora Elizabeth González, y escuchamos a los familiares de la víctima, a quienes se les explicó la situación y les comunicamos que se va a garantizar que la autopsia sea realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Resistencia», explicó Pérez.
Además, de manera inmediata y una vez conocidas las circunstancias del hecho, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; el subsecretario de Planificación de Seguridad de Justicia, Leandro Álvarez; el jefe de la Policía, Ariel Acuña; y el subjefe David Vega, se hicieron presentes en el lugar para garantizar el ingreso de los actores judiciales e iniciar el procedimiento de investigación.
GARANTíA
DE JUSTICIA
«Mi presencia en el lugar tuvo el fin de garantizar la articulación de todas las áreas del Estado que se vieron involucradas en la situación y así destrabar el conflicto», indicó Zalazar. En el lugar intervino y coordinó con el Poder Judicial, Gendarmería Nacional y otras áreas de la Policía del Chaco que no pertenecen a la Dirección General de General San Martín.
La titular de Derechos Humanos y Géneros informó que junto a los equipos de diversas áreas «esperamos a que llegara el IMCIF a retirar el cuerpo. La fuerza que ingresó fue Gendarmería Nacional. Estuvieron presentes la ministra de Seguridad y Justicia, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; y parte de los equipos técnicos».
INTERVENCIóN
El Gobierno dio intervención a todos los organismos de derechos humanos, tanto provinciales como nacionales e internacionales. Al determinarse los o las responsables, serán sometidos al proceso administrativo de exoneración, garantizando la transparencia e independencia absoluta en la investigación penal del delito que correspondiere.
Protocolo Minnesota
Desde la Secretaría solicitaron la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia, cuya competencia corresponde en este caso a la unidad de Sáenz Peña, situación que fue comunicada mediante una nota digital al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif). «Además solicitamos se aplique en la autopsia el Protocolo de Minnesota, que corresponde en estos casos», detalló Pérez.
Se trata de una herramienta elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación de muertes «potencialmente ilícitas». Es aplicable en los casos en que una muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes; cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes; o cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.
«Escuchamos los testimonios del barrio y acompañamos al ayudante de la Fiscalía de Derechos Humanos, César Hidalgo, para que pudiera tomar los nombres y apellidos de los testigos oculares», amplió la funcionaria.
Comité contra la Tortura pide el pronto esclarecimiento
En el marco del asesinato del joven qom de 23 años José Lagos, víctima de un posible caso de «gatillo fácil» en General San Martín, el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) expresó su preocupación, rechazó el accionar de las fuerzas de seguridad y se constituirá como querellante en la causa. Además, el Comité solicitó la intervención de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos con jurisdicción en Presidencia Roque Sáenz Peña.
Ante los hechos de violencia institucional ocurridos en el transcurso de la mañana del viernes en el barrio Los Silos, de General San Martín, el CPT estuvo presente con el fin de hacer un relevamiento de la situación, señala un comunicado. En este sentido, a través de los canales correspondientes, se instó a que se aplique el Protocolo de Minnesota.
Asimismo, el Comité solicitó la intervención de la Fiscalía Especial de DDHH con jurisdicción en Sáenz Peña, pidiendo que la investigación se realice respetando los derechos de los pueblos indígenas y convenciones internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La violencia institucional hacia los pueblos indígenas no resultan hechos aislados en esta provincia, por lo que reiteradamente este comité viene bregando por una discusión seria en el tema para prevenir y evitar se reiteren estas situaciones.
El Comité de Prevención de la Tortura pide a las autoridades a cargo de la investigación el pronto esclarecimiento de este hecho y acompaña a la familia Lagos, y a toda la comunidad, en el pedido de justicia.