Josefina Bittel, subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud, a raíz de la polémica generada por el caso Chano, analizó el mismo y señaló la existencia del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en la provincia, para hechos que involucran a pacientes con padecimientos mentales o consumos problemáticos y detalló las principales medidas que establece el mismo.
«El revuelo se generó por la cobertura mediática que se le ha dado, y eso llevó a empezar a poner en la mesa cuánto todavía tenemos que recorrer y la deuda pendiente en los abordajes de los medios de comunicación en relación a toda situación que involucre personas con padecimiento mental o en situación de consumo de sustancia, porque la mayor dificultad y obstaculizador para que estos temas puedan ser tratado en los medios, es hacerlo desde un lugar con muchos prejuicios y desconocimiento», consideró. «Entonces lo primero para rescatar es que es sumamente importante que se pueda convocar a personas que de alguna manera estén al tanto del tema, habilitadas para hablar, o trabajando en el área, para que de entrada podamos dar la voz a referentes que pongan en eje central lo que tiene que ver básicamente con la protección de los derechos de una persona que un momento determinado, ante una eventual crisis de salud mental, ya que son episodios circunstanciales y disruptivos en la vida de las personas, pero que también se restituyen con el adecuado abordaje y tratamiento», explicó.
Por esto entendió que «lo importante es que pongamos en el centro de la discusión, que se trata de hacer un abordaje serio desde los medios, que el Estado pueda ser garante, con todos sus organismos, de la integridad física y síquica, y que de alguna manera, lo que esta escena desnuda y estalla es que nada de esto pudo ponerse al resguardo del derecho fundamental de las personas, no solo a recibir un tratamiento adecuado, sino sobre todo a preservar la intimidad, a la integridad, ni hablar del riesgo al que la persona fue expuesta por una intervención que fue digna de calificar de abuso de autoridad y violencia institucional», opinó.
Protocolo
Más adelante la funcionaria también reconoció que este hecho no es aislado: «Hay como un montón de aspectos que se mezclan en esta situación que, si bien podemos tomarla como paradigmática a nivel mediático, la realidad es que esto no es nada nuevo, en el sentido de que existen todo un trabajo por delante, que no quiere decir que no se vienen haciendo, que las cuestiones no son abordadas», sostuvo. En este punto recordó que «a nivel provincia en abril aprobamos por resolución conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos y Género y el Ministerio de Salud y de Seguridad y Justicia, que establece un protocolo, basado en los protocolos nacionales e instrumentos internacionales, para la regulación de alguna manera de la intervención de las fuerzas de seguridad ante situaciones que involucren a personas con presunto padecimiento mental o consumo de sustancia», comentó.
Seguidamente describió: «Básicamente la idea de todo esto es que las fuerzas de seguridad son convocadas en más de una oportunidad para intervenir prestando auxilio inmediato, por lo menos es el objetivo central con el que las personas lo convocan, en este caso mismo también, para que puedan prestar ayuda o contención para una situación que en el ámbito del hogar o en la vía pública puede estar fuera de las capacidades de contención de las personas, del entorno familiar, los testigos que en ese momento se encuentran acompañando a los pacientes», detalló. «Una persona que en ese momento está atravesando una crisis de salud y requiere de que la intervención policial fuera para garantizar la integridad sicofísica, para que esa persona en ese momento, no se exponga a sí mismo o a terceros a algún posible daño teniendo en cuenta que está atravesando una situación crítica que tiene que ser atendida en un servicio sanitario», aclaró. «En este sentido, es necesario que se conozca que existe tanto a nivel nacional como provincial, protocolos que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad para que esa intervención tenga dos objetivos: por un lado la prevención de la violencia institucional, señalando punto por punto como debe darse esa actuación del personal de seguridad, y en segunda instancia garantizar el traslado efectivo al sistema de salud más cercano para que puedan realizarse las evaluaciones pertinentes de los equipos de salud», diferenció.
«Si nos apegamos al caso paradigmático que estamos tratando, pero que en realidad tienen que ver con situaciones de crisis disruptivas que puede tener que ver con un diagnóstico previo en salud mental, o que sea ocasionada por el consumo de alguna sustancia que en ese momento genera un desequilibrio, vamos a estar hablando de pacientes que se encuentran en un estado agudo y requieren una intervención en el centro de alta complejidad», destacó». «Entonces ahí tenemos que comenzar a establecer una diferenciación, en Resistencia tenemos el hospital Perrando que cuenta con el servicio de Salud Mental y también en la provincia contamos con el hospital 4 de junio, en Sáenz Peña con su servicio de Salud Mental, son las dos instituciones en el ministerio de salud pública que cuentan con la complejidad necesaria para recibir por guardia, y articular específicamente con el servicio y todo su equipo 24 horas, con capacidad de internación, las acciones correspondientes para dar respuesta en estos casos», aseguró y explicó: «No es a cualquier lado, de cualquier manera, sino que los protocolos lo que hacen en ese sentido es establecer nuestra hoja de ruta interna. Esta persona entró al sistema sanitario donde corresponde ser atendido».
A su vez reconoció: «Entendemos que hay lugares que de alguna manera pueden no tener tan cercano, por cuestiones de distancia, esta posibilidad, entonces se presta asistencia en el servicio de salud más cercano en la red de atención pública y a partir de allí se activan todo lo que se conoce como mecanismos de interconsultas, derivación, pero lo que uno tiene que garantizar es que la asistencia sea en un efector de salud», aclaró.
Al mismo tiempo añadió que «después podemos mencionar que hay un montón de otros espacios, sumamente variolosos, que brindan apoyo, contención, abordaje territorial, comunitario, terapéutico, tenemos la red Sedronar, un montón de organizaciones civiles, oenegés, gente que está trabajando en distintos ámbitos en el tema, entonces ahí tenemos un trabajo altamente preventivo de promoción y otro de asistencia y es importante saber que cada uno tiene también sus límites o alcances en las competencias, que tienen que ver al nivel de complejidad en relación de la crisis, o lo que el paciente pueda demandar.
Quizás estos servicios puedan en su momento recibir un lugar, que pueda brindar alojamiento nocturno, no pueden recibir a una persona que esté en estado de intoxicación que comprometa su salud, siempre hay articulación con el hospital», aclaró.