La jueza federal prorrogó las medidas de coerción hasta la audiencia de control de la acusación. Consideró que continúan vigentes los riesgos procesales y mencionó la posibilidad de entorpecimiento mediante el amedrentamiento de testigos. También rechazó el planteo de Urne Canteros por la situación de su hija.
La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió este martes mantener las prisiones preventivas de los policías que continúan detenidos en la causa conocida como “Narcopolicías” o “Banda del Yeso” y prorrogó las medidas de coerción hasta la realización de la audiencia de control de la acusación.
La decisión se conoció durante una jornada clave para el expediente federal, en la que el Ministerio Público Fiscal avanzó con la presentación de la base probatoria reunida contra los imputados.
Además de confirmar la continuidad de las preventivas, la magistrada rechazó los pedidos de libertad y prisión domiciliaria formulados por las defensas.
Riesgo de entorpecimiento y los testigos
Al fundamentar su decisión, Niremperger consideró que todavía existen riesgos procesales que justifican mantener privados de su libertad a los acusados.
Entre los argumentos expuestos durante la audiencia hizo referencia al eventual entorpecimiento del proceso, particularmente ante la posibilidad de que los imputados puedan influir o ejercer algún tipo de amedrentamiento sobre testigos que podrían intervenir en las próximas etapas y en un eventual debate oral.
De esta manera, la magistrada entendió que las condiciones que oportunamente justificaron las prisiones preventivas no se modificaron lo suficiente como para conceder la libertad o aplicar medidas menos restrictivas.
El planteo por la hija de Urne Canteros
La jueza analizó particularmente la situación planteada por la defensa de Néstor Ariel Urne Canteros, que solicitó nuevamente una morigeración de la medida de coerción teniendo en cuenta la situación de su hija menor.
En ese marco fueron considerados informes psicológicos relacionados con la niña. Sin embargo, Niremperger sostuvo que de esos elementos no surge una situación de gravedad suficiente que permita justificar el otorgamiento de la prisión domiciliaria.
La magistrada consideró que las circunstancias familiares deben ser evaluadas en cada caso concreto, pero entendió que los elementos presentados no alcanzaban para modificar la medida vigente.
Hijos y padres mayores
Durante sus fundamentos, Niremperger también se refirió de manera general a las situaciones familiares invocadas por las defensas.
Según expresó, circunstancias como el nacimiento de hijos o la necesidad de atender a padres de avanzada edad no resultan por sí mismas suficientes para disponer una prisión domiciliaria.
La Justicia debe evaluar si existe una situación excepcional que justifique morigerar la detención y, según el criterio expuesto por la jueza en esta oportunidad, esos extremos no fueron acreditados.
Una mención que generó interrogantes
Durante la fundamentación se produjo además una situación que llamó la atención de las partes: Niremperger hizo referencia a una persona de apellido Rodríguez, pese a que ese apellido no corresponde a ninguno de los ocho policías que actualmente permanecen imputados en el expediente.
Durante la exposición no quedó aclarado el motivo de esa referencia, por lo que no puede determinarse si se trató de un error verbal o de la mención de algún antecedente utilizado para fundamentar la decisión.
Ocho policías continúan detenidos
La investigación continúa respecto de César Alegre, Gustavo Jesús Acosta, Néstor Ariel Urne Canteros, Juan Nicolás Almirón Núñez, Andrés Franco Ramírez, Gustavo Andrés Quizama, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.
Todos continuarán bajo prisión preventiva tras la resolución adoptada este martes.
La causa ingresará ahora en una nueva etapa procesal. Luego de la presentación de la base probatoria y las intervenciones correspondientes de las defensas, uno de los próximos momentos centrales será la audiencia de control de la acusación.
Será allí donde se discutirá el alcance de la acusación y las pruebas con las que las partes pretenden llegar a la siguiente instancia del proceso, en una causa que investiga una presunta maniobra vinculada con la sustracción de cocaína que debía ser destruida y su supuesto reemplazo por bloques de yeso.
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