La Fiscalía de Investigaciones Administrativas emitió dictamen en la investigación de oficio iniciada por el caso de supuesto abuso sexual a una menor de edad (16), ocurrido en General José de San Martín por parte de dos oficiales de la Policía.
Por el hecho conocido a través de medios periodísticos es que la fiscalía inició de manera inmediata una investigación de oficio y dispuso una serie de medidas en el expediente 3934/21, antes de llegar al dictamen 70 firmado por el fiscal general Gustavo Leguizamón.
En el mismo, el fiscal aconseja al gobernador Jorge Capitanich y al Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco que expulse de las fuerzas a los dos policías implicados, más allá de otras penas que le puedan caber en la causa iniciada en el ámbito judicial.
LOS FUNDAMENTOS
En el expediente se expone que el organismo toma intervención aplicando la Ley 1341-A Ética y Transparencia en la Función Pública, cuyo artículo 3 señala que la norma «es aplicable, sin excepción, a todas las personas físicas que se desempeñen en la función pública en cargos electivos o no, en todos los niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, remunerada u honoraria en el sector público provincial -Ley 790-A- como también a las personas que se desempeñen en las cooperativas concesionarias de servicios públicos o entidades legalmente constituidas, que administren fondos del Estado provincial y en los gobiernos municipales».
Por ello, sostiene que «la cuestión ética y moral resulta paralela e independiente de la situación estrictamente penal, en razón de que las responsabilidades que pesan sobre los agentes y funcionarios públicos corresponden a distintas materias, tanto penal, administrativas, disciplinarias y moral, además de la responsabilidad civil».
También agrega que esas responsabilidades al ser independientes y distintas, pueden acumularse sin que se viole el principio constitucional non bis in idem, más allá de ser un mismo hecho.
De acuerdo a las competencias de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se determinó que la conducta desplegada por los policías «constituye una falta ética» y por ello se aconseja al gobernador Jorge Capitanich y al Ministerio de Seguridad y Justicia, se le aplique a los policías «las sanciones disciplinarias establecidas en el artículo 60 de la Ley 178-J, de carácter expulsiva que en el mayor rigor considere la autoridad superior en atención a la gravedad de la falta incurrida», ya que se consideró que los agentes involucrados con su accionar «pusieron en riesgo la función pública, el orden y la seguridad, además del honor y decoro de la institución policial».
Silencio y separación de cargo a los jefes termales
Los seis gendarmes detenidos se abstuvieron a declarar por la denuncia de armar causas vinculadas al narcotráfico. Tampoco hablaron los dos jefes del Escuadrón I de Sáenz Peña, quienes fueron separados del cargo. Este escándalo es investigado por la Fiscalía Federal.
El viernes en la sede del Juzgado Federal de la Termal, lo único que hicieron los acusados, amparando en sus derechos, fue designar a los abogados defensores. Además, se leyeron a todos los imputados el requerimiento fiscal.
El abogado Juan Pokorny asumió la defensa de Cristian Daniel Marangon, jefe de la unidad en Presidencia Roque Sáenz Peña, y explicó que «a lo largo del extenso requerimiento en ningún momento se lo menciona a mi cliente, salvo al final que dice Marangon, debía estar al estar al tanto y por lo tanto el, el segundo y tercer jefe hicieron un pacto espurio, pero no hay ninguna prueba, testigos, no hay nada».
Aclaró que «los jefes solo realizaban un trabajo administrativo y no siempre están en los operativos que se llevan adelante, la mayoría de ellos lo llevan adelante gendarmes que cumplen funciones en la parte operativa».
«Mi cliente se abstuvo, pero lo que pedí como abogado defensor es que me expliquen cual era el hecho que se le endilgaba a mi cliente, me dijeron que tengo que ir por las vías que corresponda, pero este era el ámbito procesal para decirle al imputado que es lo que hizo», aseveró.
LA POSTURA DE LA DEFENSA
Pokorni señaló que la denuncia indica que «hubo procedimientos que supuestamente fueron fraguados según lo que se investiga, pero en ninguno de ellos aparece mi cliente, y en muchos de esos procedimientos estaba de licencia, se lo nombra una sola vez al final».
Al ser consultado por qué se lo involucra en esta investigación, Pokorny dijo que «es por el solo hecho de ser Jefe del Escuadrón y porque creo que hay una animosidad en su contra».
El abogado se quejó de la forma en que se llevó adelante el allanamiento en el domicilio del jefe de Gendarmería, donde, según adujo, «ingresaron un perro para que busque drogas, le secuestraron los teléfonos a él, a su esposa, a los hijos, tablets, computadoras», aseveró y agregó: «Es algo inhumano, además de secuestrarle una camioneta adquirida en 2017 cuando los hechos son de este año».
Tras las investigaciones, los jefes de Gendarmería fueron separados de sus cargos, el delito que se les imputó fue asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación ideológica.