Ambos están acusados de prestar su chacra en Tandil, un lugar que se utilizó como centro de torturas por los militares y donde estuvo cautivo el abogado Carlos Alberto Moreno, asesinado en 1977. Los Méndez ya fueron condenados en 2012.
Los hermanos Emilio y Julio Méndez, los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad y luego absueltos por un fallo de Casación que fue apelado ante la Corte Suprema, afrontarán un nuevo proceso oral y público por violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención ilegal conocido como «La Huerta» y el circuito represivo del área 121 que funcionó en Tandil durante la última dictadura militar.
Emilio Méndez era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la empresa de eléctrica «La Usina» y Julio administraba campos, y estaban vinculados con los círculos de poder de Tandil en los tiempos del terrorismo de Estado.
Ambos están acusados de prestar su chacra como un lugar que se utilizó como centro de torturas por los militares y donde estuvo cautivo el abogado Carlos Alberto Moreno, asesinado en 1977 en un hecho por el cual los Méndez resultaron condenados hace nueve años.
Los hermanos Méndez están acusados junto a 26 personas, militares del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, y el juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Número 1 de Mar del Plata.
Los hechos investigados ocurrieron en un circuito represivo que además de la «Chacra de los Méndez» comprendía los centros clandestinos de «La Huerta», las comisarías Primera y Segunda de Tandil y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), junto con otros casos ocurridos en la ciudad de Azul.
En esta causa denominada como «La Huerta», que funcionó en el campo General Mariano Necochea de Tandil, los hermanos están acusados por los tormentos que padecieron cuatro personas que estuvieron cautivas en la «Chacra».
Será la segunda vez que Los Méndez afrontarán un juicio de lesa humanidad tras la condena que 2012 recibieron por haber sido partícipes del secuestro y asesinato de Moreno, abogado laboralista que representaba al gremio de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina en juicios que obreros de la empresa Loma Negra habían entablado en reclamo de condiciones de seguridad e higiene.
Moreno fue secuestrado a fines de abril de 1977 en su estudio de la ciudad de Olavarría y trasladado a la «Chacra» de Los Méndez, donde sufrió torturas y resultó asesinado el 3 de mayo tras un intento de fuga.
Ocho años después, la Corte Suprema ordenó revisar esa condena al entender que «no estaba bien fundada» y Casación resolvió este año la absolución de los hermanos.
Esa decisión fue apelada ante el máximo Tribunal mediante recursos extraordinarios federales que están pendientes de una resolución, mientras tanto, los hermanos esperan en Tandil con prisión domiciliaria el inicio del debate de la causa de «La Huerta».
«Era imposible que los Méndez desconocieran que ese lugar que era de propiedad de ellos se usaba como un centro clandestino de detención. En el caso de Moreno y en los hechos que se le imputan en la causa de «La Huerta», señaló en declaraciones a Télam el abogado César Sivo, representante de la querella que sigue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).
Las querellas y las víctimas impulsan que el juicio oral y público se realice en Tandil para reforzar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la comunidad donde se cometieron estas violaciones a los derechos humanos.
«Queremos que se arbitren los medios para que el juicio se haga en Tandil, donde viven la mayoría de las víctimas. Y el juzgamiento de estos hechos tiene un carácter reparatorio», señaló en diálogo con esta agencia el abogado Manuel Marañón, abogado representante de la querella que sigue en la causa la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
El Tribunal compuesto por los jueces Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Machado Pelloni, escuchó de forma virtual el pedido de las querellas de la Subsecretaría provincial y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) durante una asamblea que se realizó el pasado 20 de septiembre.
Se convino en principio que las audiencias se inicien en febrero de 2022 y que en noviembre se realicen inspecciones oculares, y desde las querellas se propone que el debate se lleve a cabo en la sede de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), en Tandil.
«Cuando a fines de la Segunda Guerra Mundial, los aliados liberaban campos de concentración en Alemania, llevaban a los vecinos para que conocieran esos lugares como una forma de construir memoria. Por eso creemos que el juicio debe hacerse en Tandil, como parte del proceso reparatorio», apuntó Sivo.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Políticas Reparatorias y su Dirección de Querellas mantuvo días atrás una reunión con testigos, víctimas, familiares para brindar acompañamiento y contención a quienes testifiquen.
«Es importante impulsar estos juicios desde el Estado porque son hechos que ocurrieron hace 45 años y estamos en una carrera para evitar la impunidad biológica. Además, es importante cumplir con el carácter reparador que tienen estos procesos», subrayó Martín Fiorenza, director provincial de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de DD.HH bonaerenses.