El femicidio de Marilín Robledo, a manos presuntamente de su ex Héctor Gutiérrez, reabrió una vieja polémica nacida hace poco más de 10 años: es que el asesino y suicida gozaba de libertad a pesar de la gran cantidad de denuncias por violencia de género y hasta condenas que tenía. La condena social hacia aquel juez que lo dejó irse no paran y se abriría una investigación para determinar la responsabilidad del magistrado.
Apenas se supo del asesinato de la joven mujer, saltó a la luz los antecedentes del femicida, demasiados como para que la Justicia lo mantenga en libertad.
La diputada provincial Nadia García Amud dio a conocer las 24 denuncias que la víctima fatal presentó en los últimos 5 años. Evidentemente la Justicia no le dio importancia.
Todo tipo de agresiones sufrió la mujer como ser lesiones leves, amenazas, tentativa de robo, hurto y ninguna fue tomada en cuenta.
Durante la cuarentena del año pasado se agravaron los hechos de violencia de género y lo más preocupante fue Gutiérrez fue denunciado desobediencia Judicial y amenaza, y ni ahí hubo interés judicial en defender a la víctima fatal.
Entre tantas causas en su contra, Gutiérrez ya se encontraba condenado con prisión en suspenso; cuya causa está radicada en el Juzgado de Ejecución Penal 2, donde también figuran las mencionadas denuncias por desobediencia judicial, por lo que se estima que el condenado no cumplía con las medidas de conductas que se habían aplicado. Sin embargo, pese a ello el juez a cargo lo mantuvo en libertad.
«Soy muy respetuosa de la justicia, pero ¿dónde está en estos casos?», expresó García Amud en sus redes sociales, sintetizando el interrogante general.
EL OTRO CASO
Mientras los restos de la joven chaqueña Tatiana Kolodziey eran inhumados hace más de una década, luego de ser violada y asesinada, las asociaciones Madres del Dolor y Construyendo Justicia realizaron una marcha en Buenos Aires para expresar su «repudio» al juez Axel López, cuestionado por otorgar la libertad condicional a varios detenidos por abusos, entre ellos, al presunto asesino de la radióloga (33).
En tanto, el abogado Claudio Mazaira, representante de la Asociación Madres del Dolor, calificó de «soberbio» al juez y lo acusó de haber condicionado la libertad que le otorgó al sospechoso de la violación y el asesinato en Chaco, con argumentos rayanos en lo «infantil y burdo».
«Él se autodefine como ‘garantista de los derechos del imputado’, no piensa en la víctima», se quejó el letrado, luego del anuncio que hizo la organización de que pedirá el juicio político del magistrado por liberar a Juan Cabeza, pese a que la Fiscalía se había opuesto con la advertencia de que el imputado podía llegar a ser reincidente.
«El informe pericial entregado al juez habló de grave trastorno de la personalidad (del imputado), que no tiene ningún tipo de noción, ni respeta las reglas sociales, que no se aviene a ningún tipo de convivencia en sociedad y existe un grave peligro de reincidencia en cuanto al delito que había cometido», recordó el letrado.
En esa oportunidad, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó una resolución por la que se solicitó al Congreso de la Nación que se inicien los trámites para someter a un nuevo juicio político al juez.
Cabeza (53) cumplió 16 años de prisión por violaciones cuando era taxista en la ciudad de Buenos Aires. Según consta en las causas anteriores, en todos los casos se valía de su empleo como chofer para captar víctimas. Había sido beneficiado con la libertad condicional por el juez López.