La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco solicitó al procurador general Jorge Canteros que adopte medidas para avanzar con la investigación e imputación del exintendente radical y actual presidente del Concejo de Villa Río Bermejito, Alberto Beto N., denunciado por una mujer de la etnia qom por violencia de género y presunto abuso sexual en la infancia.
La denuncia fue presentada en enero de este año por R.S., quien actualmente tiene 36 años, y la investigación está a cargo de la Fiscalía 1 de Juan José Castelli que, según alertaron desde el organismo estatal, no ha dado trámite a la causa.
LA QUERELLA
La secretaría que conduce Silvana Pérez es querellante en este caso, a través de la abogada y coordinadora del Programa de Litigio Estratégico del organismo, Nahir Barud.
En junio pasado, el procurador Canteros recibió a la denunciante en una audiencia en la que participó acompañada por las funcionarias provinciales. Sin embargo, tres meses después de esa reunión, y a casi diez de la denuncia, la fiscala Raquel Maldonado ni siquiera tomó declaración como imputado a N.
SIN FRENO
Según el informe del equipo interdisciplinario del Poder Judicial incorporado al expediente, «actualmente las situaciones de acoso continúan y el señor N. encuentra oportunidades para hostigar a la causante».
«Si bien actualmente no existe una cuestión persecutoria por parte del mismo, se generan situaciones recurrentes en las cuales acosa, intimida y humilla a la señora S. con actos, conductas o palabras. R. está buscando posicionarse de una manera diferente frente a un sujeto que ha tenido gran poder sobre ella, pero para esto necesita un tope a la conducta avasalladora de N.», señala el informe, según relata la nota presentada ante el procurador el 20 de octubre pasado.
INACCIóN JUDICIAL
En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros solicitó que se tomen «las medidas que estime pertinentes a fin de avanzar con la investigación, imputar a Norberto Jacinto N. ante los elementos contundentes desprendidos de los informes psicológicos realizados, así como de las testimoniales e informes».
«Ha transcurrido un tiempo por demás extenso y vemos con preocupación esta inacción judicial ante un delito tan atroz denunciado, además de verse vulnerados los principios de acceso efectivo a la justicia y tiempo prudencial», puntualizó la presentación.
En ese sentido, advirtió que «los delitos contra la integridad sexual y más en el hecho investigado se establece en una triple vulneración: por la situación de desigualdad de poder, por tratarse la víctima una adolescente al momento del inicio de las acciones y, además, por ser mujer».
«En los casos de abuso sexuales, según lo ha desarrollado la doctrina y jurisprudencia, los informes psicológicos y la declaración testimonial de la víctima es suficiente para dar curso a las labores», puntualiza la presentación.
Según la acusación, los hechos fueron cuando la víctima tenía 17 años
Los hechos investigados en la causa versan sobre abusos que habrían sido perpetrados por Norberto Jacinto N. desde 1999 cuando la víctima, R.S., era menor de edad y aprovechándose de su situación de gran vulnerabilidad socioeconómica mientras el hombre era intendente de Villa Río Bermejito.
La denuncia fue presentada por la víctima el 26 de enero de 2021 ante el Programa de Atención Integral a Víctimas de Violencias de la Secretaría de Derechos humanos y Géneros de la provincia.
Tras hacerse públicas las denuncias, el Concejo Deliberante de Villa Río Bermejito convocó a una sesión extraordinaria para el jueves 11 de febrero cuando aprobó una licencia especial sin goce de haberes para el edil investigado, quién por ese entonces era presidente de ese cuerpo legislativo, a partir de una alianza con el intendente Julio Paredez, quién repudió los hechos luego de que se hicieran públicos.
Una vez cumplido el plazo de la licencia, Novak retomó su cargo como presidente del Concejo de Bermejito.
LA ACUSACIóN
Según consta en la denuncia, cuando la víctima tenía 17 años, N. era jefe comunal de Villa Río Bermejito y compartía un espacio laboral con la denunciante. En ese marco, realizaba «insinuaciones sexuales» hacia la mujer que habrían ido subiendo de tono con el pasar del tiempo. Además, la víctima asegura que otros funcionarios municipales tenían conocimiento de la situación, pero no intervinieron en su momento.
La denuncia penal habría sido radicada en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Juan José Castelli el 29 de enero en apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y aseguraron que también fue remitida a la Fiscalía en turno por los delitos encuadrados como «violencia sexual, económica y psicológica».
Frente a ese contexto, el juez García Veritá habría dictado «medidas de protección» para la víctima, las cuales contemplan una prohibición al agresor de acercarse a más de 200 metros de la denunciante, considerando la existencia de «graves indicadores de riesgo», en tanto que también decretaría «el cese de todo acto de hostigamiento, perturbación o intimidación».