El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este 5 de septiembre en Argentina y reemplaza la normativa vigente desde 1980. La reforma baja la edad de imputabilidad a los 14 años, establece nuevas sanciones y mantiene un sistema especial para adolescentes.
Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el esquema vigente desde 1980 y establece que los adolescentes mayores de 14 años podrán ser imputados por delitos previstos en el Código Penal.
La reforma implica un cambio en la edad de imputabilidad, pero no supone que los menores de 18 años sean sometidos al mismo régimen que los adultos. Las causas que involucren a adolescentes continuarán bajo un sistema penal especial, que contempla sanciones, medidas de seguimiento y, en determinados casos, privación de la libertad.
El nuevo esquema establece que las sanciones deberán orientarse no solo a la responsabilidad por el hecho cometido, sino también a la educación, resocialización e integración social del adolescente.
Qué penas podrán recibir los adolescentes
Uno de los principales cambios es que la normativa prohíbe las penas de reclusión y prisión perpetua para adolescentes. El máximo de las penas privativas de libertad será de 15 años.
Además, la ley contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional, aunque para ello deberán cumplirse los dos tercios de la condena y verificarse las condiciones establecidas para obtener ese beneficio.
La entrada en vigencia del régimen tampoco significa que todos los delitos cometidos por menores de 18 años impliquen automáticamente una pena de encierro. Para determinados casos se contemplan sanciones alternativas, particularmente frente a penas previstas de más de tres y hasta diez años.
Entre esas medidas aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño a la víctima, las reglas de conducta y la participación obligatoria en actividades educativas y comunitarias. También se incorpora la amonestación, como llamado de atención formal acompañado por otras medidas previstas por la normativa.
Monitoreo electrónico y lugares de alojamiento
Otra de las novedades es la incorporación del monitoreo electrónico adolescente, que podrá utilizarse para controlar el cumplimiento de determinadas sanciones o como medida dentro del régimen penal juvenil.
Cuando exista privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en instituciones acondicionadas específicamente para ese fin y con personal especializado. La normativa establece, además, que no podrán compartir el encierro con personas mayores de edad.
El alojamiento podrá concretarse en institutos abiertos, institutos especializados de detención o, en determinados casos, bajo arresto domiciliario.
A su vez, continuará vigente la prohibición de difundir información que permita identificar al adolescente imputado, como su nombre, apodo, filiación, parentesco, domicilio o imágenes.
Qué participación tendrán las víctimas
La reforma también amplía la intervención de las víctimas en el proceso. Podrán participar del trámite judicial y recibir información sobre el avance de la causa.
Además, el nuevo régimen establece la responsabilidad civil de los padres de niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal por los daños derivados de los hechos ilícitos atribuidos a sus hijos.
El desafío para la Justicia
Uno de los principales interrogantes está relacionado con la capacidad operativa del sistema judicial para aplicar el nuevo régimen en todo el país. De acuerdo con la información suministrada, en algunos juzgados de menores existe preocupación por el posible incremento de expedientes y por la disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y dispositivos especializados.
También quedan por resolver aspectos vinculados con la disponibilidad de pulseras electrónicas, supervisores especializados y la articulación entre la nueva normativa nacional y los sistemas procesales de cada provincia, además del Código Procesal Penal de la Nación.
Para implementar el régimen, el Congreso de la Nación asignó una partida de $23.739.155.303,08. Mientras algunas provincias ya avanzaron con protocolos, mesas de trabajo y proyectos de adecuación normativa, a nivel nacional continúan las conversaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para establecer criterios de aplicación.
Infobae