El acampe de padres, madres y abuelos llevó, luego de varias semanas, a que el Ministerio Público Fiscal, prometa, entre otras cosas, reforzar la mediación familiar en conflictos complejos e implementar espacios interdisciplinarios de revinculación familiar con profesionales imparciales y especializados en la materia.
Este lunes, después de varias semanas de conflicto, desde el Superior Tribunal de Justicia se emitió un comunicado en el que destacaron que “el fuero o materia de niñez, adolescencia y familia interviene en controversias y conflictos complejos del ámbito privado de las personas”.
Asimismo, en un documento expresaron que el STJ “comprende la problemática de este fuero especializado que tiene más de 22 años de reconocido funcionamiento en la Provincia del Chaco, y está trabajando en propuestas concretas, prácticas y eficaces para el mejoramiento del servicio en el fuero de niñez, adolescencia y familia”.
El comunicado
“El Superior Tribunal de Justicia con motivo de los acontecimientos que son de púbico conocimiento, relacionado a los reclamos relacionados a distintos procesos judiciales que tramitan en los Juzgados de Niñez, Adolescencia y Familia con competencia civil y socio-asistencial de la ciudad de Resistencia, luego de haberse reunido varias veces para recibir los informes correspondientes de las Juezas competentes, entiende conveniente destacar que el mencionado fuero o materia de niñez, adolescencia y familia interviene en controversias y conflictos complejos del ámbito privado de las personas, que justamente por su difícil solución que han superado la posible contención del seno de la familia, son llevados como pretensiones procesales de diferentes juicios que se inician, a los tribunales para la intervención de un tercero imparcial para el abordaje de la cuestión y su resolución por las juezas competentes.
Esta circunstancia, inevitablemente, implica que son las propias partes quienes, al no poder establecer puntos de acuerdo en el conflicto, lo someten a la decisión de la magistratura, la cual debe procurar una solución fundada jurídicamente y eficaz en su aplicación.
Las resoluciones que dictan las jueces en esos casos judiciales, pueden ocasionar en algunos casos, insatisfacción de algunos de los y las litigantes, habida cuenta que los intereses de los mismos, pueden ser antagónicos e inconciliables.
Además de esta circunstancia particular de los conflictos intrafamiliares que son ventilados en la Justicia, se observa una mayor conflictividad social en general y en esta época del año en particular y, puntualmente, en las últimas semanas, situaciones de violencia.
En primer lugar y como ya lo ha hecho en varias ocasiones, resulta necesario llamar a la reflexión a los sectores sociales y comunitarios, como así también a toda la ciudadanía, al respeto y consideración de las instituciones republicanas, como es el Poder Judicial, y, en especial, a cada uno de los agentes que prestan funciones -magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados-, permitiendo el normal funcionamiento de los organismos.
Esta exhortación también alcanza al cumplimiento de las decisiones judiciales, del deber de colaboración, lealtad y buena fue procesales que rigen el proceso de familia, y la necesidad inmediata de disminución de la desobediencia judicial.
Creemos necesario también, solicitar que los y las profesionales del derecho, como auxiliares de la Justicia que intervienen en las causas judiciales, a colaborar con la posibilidad de disminuir la cantidad de controversias y priorizar soluciones como la mediación y conciliación, tratando de lograr soluciones de común acuerdo de las partes, en los casos concretos y al cumplimiento de las medidas dictadas, reduciendo la conflictividad; como así también intensificar la relación y comunicación con sus representados y representadas para que puedan comprender cabalmente el desarrollo del proceso, los tiempos que conllevan e, incluso, a buscar soluciones alternativas entre los justiciables.
Sin perjuicio de ello, el Superior Tribunal de Justicia comprende la problemática de este fuero especializado que tiene más de 22 años de reconocido funcionamiento en la Provincia del Chaco, y está trabajando en propuestas concretas, prácticas y eficaces para el mejoramiento del servicio en el fuero de niñez, adolescencia y familia.
Al respecto, se ha planteado:
Reforzar la mediación familiar en conflictos complejos.
Implementar espacios interdisciplinarios de revinculación familiar con profesionales imparciales y especializados en la materia.
Reivindicar y dar efectiva vigencia la finalidad perseguida por el proceso de familia de que en todos los actos y audiencias importantes, por imperio del principio de inmediación, participen las partes, sus representantes, las asesorías de niñas, niños y adolescentes y los integrantes que correspondan del equipo interdisciplinario de manera tal que en lo posible, en esos mismos actos y audiencias, se realicen de inmediato sus informes y dictámenes.
Se realizará también un mejor desarrollo de la gestión interna de los juzgados, aprovechando la inminente aplicación de la digitalización -a través del Sistema IURE-, videograbación, despapelización y oralidad.
En ese sentido, en virtud de las facultades constitucionales de superintendencia y supervisión sobre los organismos inferiores respecto de su funcionamiento, se han dispuesto medidas de apoyo técnico, refuerzo de equipamientos tecnológicos, capacitación del personal para la puesta en funcionamiento del Sistema IURE, que operara con mayor firmeza el próximo año como instrumento de mayor celeridad procesal en pro de la normalización de dichos Juzgados, disponiéndose, al efecto, de un equipo de funcionarios de apoyo y monitoreo a esos fines.
El Superior Tribunal de Justicia ratifica su política judicial de amplia recepción y análisis de todas las cuestiones que tengan relación con el servicio público de justicia y de comunicación con los organismos jurisdiccionales, con los auxiliares de la justicia, con los otros Poderes del Estado y con la ciudadanía en general, para arribar a soluciones consensuadas y sostenibles dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho que nos rige”, finaliza el documento emitido este lunes.