Este miércoles en la última sesión ordinaria se aprobaron las leyes que crea un Observatorio contra las Violencias en razón de Género y la obligación para los tres poderes del Estado en la capacitación en discapacidad con enfoque en derechos humanos.
Por iniciativa de las diputadas Jessica Ayala y Clara Pérez Otazú, la Cámara de Diputados convirtió en ley la ceración del Observatorio Provincial contra las Violencias en razón de Género, que deberá recopilar, analizar y comunicar información sobre violencias de género y femicidios. Con el mismo se sumó un proyecto de 2014 presentado por la oposición.
Ayala durante este año presidió la comisión de Género, Diversidad, Familia, y NNyA y ha destacado el logro de la normativa que contribuirá a que el Estado provincial cuente con un observatorio que tiene como “objeto desarrollar un sistema de información permanente y continua que brinde datos fehacientes para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de las violencias en razón de género”.
“Es un aporte más a la lucha y erradicación de la violencia machista, y este 2021, desde la comisión que presidí hemos obtenido importantes herramientas para contribuir a una mirada integral de un flagelo que nos agobia”, dijo Ayala.
“El observatorio estará funcionado 24 horas los siete días de la semana, donde el personal trabajará en el estudio de las causas complejas de violencia y en la elaboración de políticas públicas sustentables en el tiempo y servirá para reunir datos cuantitativos y cualitativos en la generación de datos estadísticos con fuentes primarias y secundarias, dada la importancia para que la mujer no sea un simple número o expediente judicial, sino que se haga el seguimiento de su familia, hijos, hijas y todas las víctimas colaterales”, remarcó la diputada Jessica Ayala.
El objetivo : investigación y recopilación
La legisladora agregó: “Esta ley tiene por objeto crear un Observatorio Provincial contra las Violencias en razón de Género, es decir, contra las Mujeres y Diversidades en el ámbito de la provincia del Chaco. Uno de los compromisos asumidos por la Argentina con la adhesión a la Convención de “Belem Do Para” tiene que ver con garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de las violencias contra las mujeres y diversidades, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios”.
Capacitación en discapacidad con enfoque de derechos humanos
Una iniciativa conjunta de las diputadas Jessica Ayala, Liliana Spoljaric, Clara Pérez Otazú y Jaime Parra Moreno permitió este miércoles convertir en ley la capacitación obligatoria en la perspectiva de la discapacidad con enfoque de derechos humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivos, legislativos y judicial.
Por lo cual , la autoridad de aplicación será el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad(IPRODICH), quien se encargará de conformar, una mesa interpoderes de articulación de acciones encargada de coordinar criterios para unificar el plan estratégico y operativo de las capacitaciones comprendidas en esta ley.
La legisladora justicialista Jessica Ayala recordó que en esta misma ley la provincia se adhiere a la Ley Nacional 26.378 y su decreto reglamentario 895/08, y asimismo adhiere a la ley nacional 24.901 que establece Sistemas de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
“Quiero agradecer a la directora de la Fundación Cabildo Abierto Amalia Elida Dolinsky, por haber trabajado con nosotros en este proyecto que hoy se ha hecho realidad y al presidente del IPRODICH José “Pepe” Lorenzo y a la abogada especializa en derecho de familia Sonia Seba, para que juntos promovamos e implementemos medidas que contribuyan al pleno e igualitario goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, y en especial de las personas con discapacidad, y al logro de una sociedad inclusiva, accesible y abierta”, remarcó.
“Entendemos son muchas las dificultades que enfrentan cada día las personas con discapacidad, y que las mismas no son resultado aislado de la deficiencia de la persona sino consecuencia de las barreras en la sociedad, las cuales pueden ser actitudinales, urbanísticas, arquitectónicas, de la comunicación, la información y la comunicación, del transporte, digitales, cognitivas, o de cualquier otro tipo, provenientes de las falencias de una sociedad o cultura para hacer lugar y brindar los apoyos necesarios a todos sus miembros”.
Agregó que “se han hecho algunos avances en las últimas décadas en el camino ala inclusión de las personas con discapacidad, y para profundizar ese camino hay que avanzar en un cambio de carácter cultural, en el que se tiene que involucrar al conjunto de la sociedad, sin dudas estos avances han sido producto de la lucha de las personas con discapacidad”.