Hay al menos 75 causas abiertas por los incendios en Corrientes. Debido al impacto que generaron y generan, los fiscales de la provincia pusieron su atención allí, ya que, en muchos casos, lo más complejo es reunir las pruebas que puedan dar fe de la intencionalidad detrás de algunos focos que, por ejemplo, arrasaron con miles de hectáreas en zonas rurales.
Guillermo Chas es uno de los abogados querellantes que representa a productores de Loreto que fueron afectados por los incendios y habló con el programa Una palabra, respecto al avance de la causa.
«El incendio es un delito, está previsto en el Código Penal de la Nación y tiene una pena de prisión que va de 3 a 10 años», dijo el letrado.
«Se trata del incendio doloso o con una intencionalidad. No es sólo la intencionalidad política o dañina en sí, sino causado a sabiendas que se está generando un fuego y que eso puede concluir en un desastre como lo vivimos en la provincia», explicó.
«En el caso del incendio culposo, por negligencia o impericia. Un persona que incumple las reglamentaciones de una quema controlada o el que quiere quemar basura y eso se le va de las manos. En este caso la escala va del mes al año», dijo.
«Hoy se habla de 25 o 26 denuncias en las que podría haber una intencionalidad política y eso es más grave aún», advirtió.
«La mayor dificultad es la cuestión probatoria. Seguimos trabajando con la recolección de material probatorio (para tres productores de Loreto) para que el juez» tenga elementos para avanzar en la causa.