Una mujer que denunció ante la Justicia en Corrientes cómo le quitaron a su beba tras el parto en 1993 cuando ella tenía 17 años, tras un embarazo que transcurrió «en cautiverio» luego de que su padre la echara de la casa familiar, pide que se investigue el destino de su hija, asegura que nunca dejó de buscarla y que transcurrió todos estos años «sumida en la depresión y la tristeza».
«Quiero que ella sepa la verdad, que nunca la abandoné, que me la robaron y quiero ser parte de su vida», dijo Alicia Enríquez, que busca a su hija hace 29 años, en una entrevista con Télam.
Alicia relató que tras quedar embarazada a los 16 años, su padre, con quien convivía en la localidad de Santa Rosa, la envió a la capital de Corrientes, donde una mujer –a quien en esta nota se identifica por sus siglas M.S., aunque su nombre figura en la denuncia judicial– la mantuvo en cautiverio hasta que dio a luz y luego «entregó o vendió» a su beba recién nacida.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia la asiste como víctima de trata y la Fiscalía Federal investigará el caso, tras la denuncia que realizó el pasado 4 de mayo ante el fiscal Flavio Ferrini.
Tres años atrás, Alicia se había presentado ante la Justicia provincial, pero el expediente «estuvo cajoneado», se quejó y mencionó que tras su insistencia, fue derivada al fuero federal.
«Para mi padre era una deshonra que su hija haya quedado embarazada, me echó y me envió con una amiga suya a su casa de Corrientes, donde cursé todo mi embarazo, encerrada e incomunicada, mientras hacía trabajos de empleada doméstica y de niñera durante todo el día, sin paga alguna», contó a Télam.
La mujer aseguró que nadie sabía de su embarazo y que no le permitían contarlo ni que la vean.
«Viví encerrada en una casa en la ciudad de Corrientes, salía solamente cuando me llevaban al médico para los controles», detalló.
«En diciembre de 1992, esa mujer, su pareja e hijos, se fueron por varios días y me dejaron sola en Navidad y Año Nuevo, y un mes después nació mi hija, el 25 de enero de 1993», recordó Enríquez.
Sobre ese momento, precisó que en la Clínica Modelo, donde nació su hija, M.S. le pedía que la anotara con el nombre María Inés, pero ella quería llamarla Catherine Marlene. «Finalmente fue registrada como María Inés», recordó.
«Unos días después del parto, al salir de la Clínica, ella me dijo que la llevaba a vacunar y me envió a su casa a preparar la comida. Regresó sin la beba y nunca más volví a ver a mi hija», se lamentó Alicia.
La mujer aun recuerda con lágrimas en los ojos que reclamó a M.S. que le devolviera a su hija «pero me dijo que la entregó y que la iban a llevar al exterior, que me olvide de ella, que era muy joven y podía tener otros hijos».
«Al poco tiempo conseguí otro trabajo y me fui, pero la tristeza me consumía, nadie sabía que había tenido una hija, mi familia me había abandonado, no podía contarle a nadie, empecé a tener taquicardia, episodios de ansiedad y desesperación», recordó y agregó que la situación la llevó al borde del suicidio.
Finalmente, dijo que pudo vencer el miedo, se lo contó a su hermano y comenzó la búsqueda.
«Empecé mi peregrinar, mil veces le rogué a M.S. que me diga dónde está mi hija y no lo hizo, intenté con el padre de la beba, que investigue, porque era policía, pero tampoco lo hizo», apuntó.
En 2019, junto a su pareja actual y luego de contarle lo ocurrido a su hijo de 22 años, Alicia acudió a la Justicia de Corrientes. «Aporté nombres, fechas, documentación y pido que se investigue», sostuvo.
Al respecto, el fiscal federal Ferrini confirmó a Télam que realizarán «la investigación sobre el caso denunciado».
«Yo no la regalé, me la quitaron, no quiero separarla de sus padres, ya es adulta, tiene 29 años, sólo quiero ser parte de su vida y que sepa toda la verdad, que yo la busqué siempre y jamás la abandoné», concluyó Alicia.
Sus representantes legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Nicole Jones Romero y Conrado Rudy Pérez, dijeron sobre el caso que «la trata de mujeres y el robo y venta de bebés son consagrados por el Derecho Internacional Público en forma imperativa como delitos imprescriptibles».
Así, lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- con jerarquía constitucional.