Un presunto intento de coima a inicios de septiembre fue clave para terminar desnudando una supuesta asociación ilícita que facilitaba el narcotráfico en la provincia.
En ese contexto, una serie de allanamientos relacionados a esta causa se realizaron en horas del mediodía de ayer en Sáenz Peña y Barranqueras. Según se pudo, se realizaron nueve diligencias judiciales, donde fueron detenidos 8 gendarmes.
Además, fuentes judiciales comunicaron que Ariel Peña era el nexo entre la Policía Federal, Gendarmería y la División Drogas Peligrosas del Chaco. Fueron detenidos: dos sargentos primero, tres sargentos y oficiales principales.
Por otra parte, se destaca que las instalaciones del Comando de Región VIII, la Oficina del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (Sáenz Peña) y la comisaría Tercera de Barranqueras fueron algunos de los lugares allanados.
EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación que se inició en el Juzgado Federal de Resistencia provocó que la jueza Zunilda Niremperger ordene una serie de allanamientos a inicios de octubre no solo en Sáenz Peña, sino también en otras localidades del interior en el marco de una investigación por una supuesta asociación ilícita e infracción a la ley de estupefacientes.
En aquella ocasión que entre los allanamientos que se llevaron adelante en Sáenz Peña, Castelli y Tres Isletas había viviendas de altos jefes de la División Drogas y en Tres Isletas a un ayudante fiscal Antidrogas.
En esta ocasión culminaron con el secuestro de vehículos, celulares y computadoras. En primer momento no hubo detenidos, pero con el correr de las horas la jueza confirmó la emisión de la orden de detención.
El ayudante fiscal, se trataba de Ariel Peña y pertenece al fuero de Narcomenudeo, dependiente de la fiscala de Resistencia, María Eugenia Arechavala.
Con tan solo dos días de diferencia, Gendarmería Nacional detuvo al cabo primero C.F.M. que hasta hace unos días prestaba servicio en Miraflores y que fue uno de los integrantes de la Policía del Chaco allanados por la causa que investiga una presunta «asociación ilícita», y que cuenta con dos detenidos: el jefe de Drogas Fuerte Esperanza, Cristian Obregón y el ayudante fiscal Ariel Peña.
Asimismo trascendió que C.F.M. se acercó a la División de Drogas Peligrosas de Castelli ese viernes al mediodía y con un arma blanca irrumpió a los gritos en la sede policial para amenazar a sus colegas.
Según la denuncia policial que realizó un agente policial, este sujeto abrió la puerta de la división gritando «G. ya me la vas a pagar», para luego cerrar fuertemente la puerta.
EL HECHO CLAVE
A mediados de septiembre estalló una nueva polémica que, en esta oportunidad, involucraba a la Policía Federal. Este escándalo tiene varias coincidencias con la supuesta connivencia entre personal de la comisaría Duodécima de Resistencia y vendedores de droga.
El 15 de septiembre se conoció públicamente que la delegación de la Policía Federal de la Termal fue allanada a raíz de una causa de supuesto robo agravado de fuerzas de seguridad, privación ilegal libertad agravada y allanamiento ilegal.
La orden la dio el Juzgado Federal 1, a cargo de Zunilda Niremperger, a raíz de una denuncia de «aprietes» a un conductor por parte de efectivos federales para que «entregue cosas», motivo por el cual lo custodiaron desde Quitilipi hasta el barrio Las Palmeras de Resistencia.
Según la denuncia que provocó allanamientos y seis detenciones, un hombre circulaba por la ruta 16, junto a su esposa y su hijo a la altura de Quitilipi, hasta que un auto Volkswagen Gol apareció, una persona bajó el vidrio y le gritó: «Alto, Policía Federal».
El conductor comenzó a ser interrogado por estas personas, a quienes les contó que en su baúl llevaba ropa sin aval aduanero. Seguidamente, de acuerdo a lo consignado en su escrito, en el lugar apareció móvil de la PFA del cual bajaron dos hombres y una mujer.
Estos agentes le habrían dicho al conductor que le iban a secuestrar la mercadería y el auto en caso que no le diera dinero que en ese momento el denunciante no tenía. Siguiendo con la denuncia del damnificado, les ofreció un equipo de música, pero los agentes no conformes con la situación, habrían decidido subir al hombre en el auto particular y viajar hasta la capital chaqueña.
Bajo amenaza y apuntado con un arma, según el escrito presentado por el denunciante, los agentes habrían obtenido $400 mil en efectivo, mercadería sin aval aduanero y, no conforme con ello, los policías habrían robado un Smart de 49 pulgadas. Todo esto aún es objeto de investigación en la Justicia.