Una investigación interna reconstruyó 645 acreditaciones indebidas realizadas entre 2022 y 2026 por $981.148.567,88. La Armada separó de sus funciones a diez efectivos y abrió procedimientos disciplinarios, mientras la Justicia Federal investiga las posibles responsabilidades penales.
Una trama de acreditaciones irregulares por casi $1.000 millones provocó una fuerte reacción dentro de la Armada Argentina. Diez militares fueron apartados de sus funciones mientras avanza una investigación interna que podría derivar en la máxima sanción prevista dentro de la fuerza: la destitución.
La investigación determinó hasta el momento la existencia de 645 acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026 a 23 beneficiarios, por un monto histórico de $981.148.567,88.
Del total de personas alcanzadas, diez son militares y las restantes son civiles o personas que no pertenecen a la Armada.
Cómo funcionaba el presunto mecanismo
Las irregularidades habrían aprovechado una ventana dentro del circuito de liquidación de salarios.
Cuando un pago previsto debía bloquearse —por una baja, un retiro, un fallecimiento o un error administrativo—, esos fondos debían posteriormente regresar a la Tesorería General de la Nación.
La investigación sostiene que parte de ese dinero era utilizado antes de su devolución para efectuar acreditaciones que no correspondían.
El mecanismo podía consistir en incrementar temporalmente el monto destinado a determinado beneficiario o incorporar directamente una transferencia que no tenía respaldo en una liquidación salarial.
Después de confeccionarse el archivo enviado al Banco Nación, los registros podían volver a sus valores originales, dificultando que la irregularidad apareciera posteriormente reflejada en el recibo de haberes.
El dato que encendió las alarmas
Las primeras inconsistencias aparecieron en febrero de 2026. Los controles fueron reforzados y meses después, al revisar períodos anteriores, surgieron acreditaciones efectuadas a María del Carmen Prieto, esposa del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Atanasoff fue relevado preventivamente y se preservaron equipos informáticos vinculados a la confección de los archivos enviados al Banco Nación.
La revisión posterior amplió considerablemente el universo investigado.
Cuatro personas sin relación funcional con la Armada concentraron 184 acreditaciones por $434.200.718,04. Prieto aparece como la principal beneficiaria individual, con 46 operaciones por $152.259.495,86.
Diez militares bajo proceso disciplinario
La Armada resolvió apartar de sus funciones a todo el personal militar alcanzado e inició una instrucción por una falta considerada “gravísima”.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó avanzar con los Consejos de Disciplina y manifestó públicamente su intención de que se apliquen las máximas medidas previstas.
Sin embargo, la destitución no es automática. Cada situación deberá ser evaluada, los involucrados podrán ejercer su defensa y las responsabilidades tendrán que determinarse individualmente.
Además, el caso ya se encuentra en manos de la Justicia Federal, que deberá establecer si existieron delitos y quiénes participaron de la maniobra.
Al momento de la denuncia habían sido devueltos $42.574.267,63, mientras que permanecía una diferencia de $938.574.300,25 respecto del monto histórico detectado.
El escándalo abre así una investigación de enorme magnitud sobre el sistema utilizado para pagar los salarios de la Armada y sobre una operatoria que, según la reconstrucción administrativa, se habría mantenido durante más de tres años.
Con información de Infobae