El bloqueo de sitios web que ordena la justicia ante una actividad ilícita puede traer «consecuencias inesperadas» en la red, ya que de no detallar con exactitud cómo imponer ese límite puede acarrear la inhabilitación total de sitios en algún lugar del mundo y ser inadvertido en el territorio donde ocurre el bloqueo, según un informe de la Oficina de Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (Lacnic).
«Impedir a los usuarios tener acceso a un sitio por decisión del propio sitio o por instrucción de una autoridad no es apagar como si fuera el interruptor de electricidad, es algo muy complejo», dijo Oscar Robles director ejecutivo de la organización.
Robles citó como ejemplo un reciente decreto del Gobierno uruguayo que ordenó la eliminación de la difusión de señales de televisión emitidas a través de internet o redes en protección a la propiedad intelectual.
«Un juez no tiene la pericia suficiente para especificar cómo se bloquea un sitio y las consecuencias en la red pueden ser muy graves», insistió.
Otro caso fue el de Uber en Argentina, cuando la Justicia ordenó el bloqueo de la plataforma tecnológica sólo en la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual se debía pedir a un juez en Estados Unidos que ordenara a los servidores locales bloquear Uber en ese territorio, ya que el dominio estaba radicado allí.
En Brasil, la Justicia ordenó el bloqueo de whatsapp durante 72 horas en todo el país en una causa por narcotráfico, lo que generó la desconexión del servicio de mensajería en todo el territorio de Costa Rica.
Robles señaló además que fueron infructuosos los esfuerzos para bloquear el sitio RojaDirecta por violación a la propiedad intelectual ya que una vez establecido el dominio en Inglaterra se descubrió que poseía infinidad de sitios análogos en todo el mundo, lo que se volvió «una persecución interminable».
«Los bloqueos son efectivos en un breve lapso de tiempo, y las consecuencias que generan en los servidores y sitios de todo el mundo tardan hasta 30 días en normalizarse», añadió.
Lacnic, que administra el otorgamiento de IP (identificación que se le da al dispositivo conectado a internet) en la región, destacó en un informe presentado en Montevideo sobre el crecimiento de la red en los últimos 20 años, que los bloqueos «resultaron inefectivos en la mayoría de los casos».
«No brindan una solución real al problema que se intenta abordar» al tiempo que «resultan la puerta de entrada para la limitación de los derechos humanos como la libertad de expresión y el derecho a la información», finalizó.