La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, denunció este domingo junto a los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet al presidente Alberto Fernández y a 18 gobernadores bajo el cargo de sedición y traición a la Patria por la decisión del Gobierno nacional, respaldado por los mandatarios locales, de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la distribución de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló esta semana a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por fondos de coparticipación que Nación había quitado por decreto en 2020, por decisión de Alberto Fernández. El fallo se ratificó este miércoles, en el que la Corte decidió por unanimidad reintegrarle el cobro del 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad, que Nación recortó para transferirlos a la provincia de Buenos Aires.
«Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos! Con Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria», tuiteó este domingo la presidenta del PRO.
En la denuncia que compartió Bullrich en sus redes sociales, señalan: «Que vengo por la presente a formular denuncia penal contra el Señor Presidente de la Nación, Señor Alberto Ángel Fernández; los Gobernadores» Axel Kicilloff (Provincia de Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Arabela Carreras (Río Negro), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta).
«Todos ellos en orden al delito de sedición contemplado en el inciso 2) del artículo 230 del Código Penal conforme los hechos y sus consecuencias jurídicas, y/o los que pudieren surgir de la investigación a llevarse Adelante», sostiene.
Y agregó: «Conforme resulta ser de público conocimiento en fecha 21 del corriente mes y año la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de las actuaciones incoadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional, resolvió ordenar que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548. Por ultimo ordenó al Estado Nacional que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606 reiterando que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias por cuanto sea cual fuere el resultado del juicio los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria».
«La sedición ha quedado configurada a nuestro entender al momento en el que se dieron a publicidad el comunicado y los comentarios por los que los distintos funcionarios han dejado claro que no se está dispuesto a cumplir lo que la Corte ha ordenado», afirma la denuncia.
Y agrega: «Por ello, las manifestaciones y acciones de funcionarios con altas responsabilidades institucionales, como el Presidente de la Nación y gobernadores de provincias, banalizando la división de poderes y anunciando la inaplicabilidad y por ende posible desobediencia al fallo en cuestión, merecen ser investigadas con la seriedad que la enorme afrenta al orden constitución importa».
FUENTE: ÁMBITO FINANCIERO