Las actividades presenciales en el edificio de Misión Nueva Pompeya, así como los términos y audiencias, fueron suspendidos ayer por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hasta tanto las autoridades competentes “garanticen plenamente la seguridad e integridad física de las personas y de las instalaciones y pueda asegurarse el funcionamiento normal del Poder Judicial.
La resolución 128/23 dispone, además, garantizar un servicio de emergencia y trabajo remoto para las autoridades constituidas y las que se constituyan tal lo establecido por la resolución 1000/16 (interviniendo magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias de Juan José Castelli si fuera necesario), junto con las medidas que tomen Procuración General y Defensoría General.
Preocupación y pedido
al procurador general
En otro pasaje del comunicado el STJ expresó su “preocupación por los hechos” que ocurren en Misión Nueva Pompeya y requirió “a las autoridades competentes la continuidad y el refuerzo de las acciones tendientes a garantizar la seguridad e integridad física del personal y de las instalaciones y bienes del Poder Judicial, como así también de la ciudadanía en general”.
Al mismo tiempo, el tribunal instó al procurador general a que inicie las actuaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de los autores de los hechos.
Resolución 129/23
A partir de ayer y hasta tanto las autoridades competentes garanticen plenamente la seguridad e integridad física de las personas y de las instalaciones y pueda asegurarse el funcionamiento normal del Poder Judicial en Pompeya prestarán funciones en forma remota en esa localidad las siguientes autoridades judiciales: el juez Marcelo Oscar Sosa; la fiscal de Investigaciones Raquel Maldonado; el fiscal coadyuvante Carlos Calvo y la defensora oficial Marisa Grabosky.
Así lo definió ayer el STJ mediante la resolución 129/23 en virtud de lo dispuesto por el punto tres de la resolución 128/23 y lo informado por Procuración General y Defensoría General.
HÁBEAS CORPUS
El STJ resolvió de manera expedita, ayer a las 19 y luego de una videoconferencia con las partes involucradas, una acción de hábeas corpus para constatar la integridad física de las personas detenidas en Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya. Esto permitió agilizar los tiempos procesales en función de garantizar la paz social.
La reunión fue encabezada por la presidenta del STJ, Iride Grillo, y los jueces Víctor del Río y Alberto Modi; junto con el fiscal de Estado, Alejandro Herlein; el abogado Guido Coterli; el subsecretario de Seguridad Lucio Otero; la abogada Carolina Aquino; el juez Multifueros de Misión Nueva Pompeya, Marcelo Sosa; el representante de la Policía del Chaco, Walter Kiverling; la traductora de lengua wichí Soledad Calermo; el detenido respecto a quien se interpuso el habeas corpus; y la secretaria de la Sala Penal, Cecilia Vargas.
Durante la audiencia fue satisfecho el pedido de Aquino luego de que fueran exhibidas, en vivo, una por una las personas privadas de su libertad. Además, el STJ declaró que los menores de edad fueron entregados a sus progenitores o responsables parentales y, por lo tanto, no hay materia que resolver.
Finalmente, ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia, al jefe de Policía del Chaco y a la Fiscalía de Estado que envíen una filmación de las personas que estarían detenidas en Pompeya en la que “pueda constatarse que se encuentran con vida”. Y aclaró que la decisión sobre los detenidos en Pompeya queda diferida para cuando cuente con el material fílmico solicitado.
coordinación indígena
Asimismo, se hace saber que desde el inicio de los hechos acontecidos en Pompeya, el STJ, la Procuración General y la Defensoría General, se encuentra trabajando de manera permanente y continúa a los fines de la adopción de medidas tendientes a la pacificación social y resolución del conflicto.
Por este motivo, el máximo tribunal sigue reunido en forma presencial desde el sábado a la tarde monitoreando la situación y en contacto con magistrados, funcionarios, empleados judiciales y demás autoridades a efectos de preservar vidas y bienes.
Por otra parte, el STJ recuerda que, tal como sucede desde un primer momento, sigue interviniendo la Coordinadora Integral de Pueblos Indígenas ante el Poder Judicial, a cargo de Elizabet González y Daniel Escalante.