El gobernador Jorge Capitanich anunció ayer el acuerdo logrado con las fuerzas de seguridad, que garantiza que el salario de todas y todos los agentes de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) crecerá por encima de la inflación en 2023.
«Eso significa recuperación del poder adquisitivo del salario real, mayor poder de compra y capacidad de nuestros agentes para desempeñar sus funciones acorde a la vocación de servicio y a los objetivos del Gobierno», señaló el mandatario.
Del anuncio, que se realizó en el Patio de Armas de la Escuela de Policía del Chaco, participaron los ministros Gloria Zalazar (de Seguridad y Justicia) y Santiago Pérez Pons (de Planificación, Economía e Infraestructura).
El gobernador informó que el acuerdo se compone de «tres pilares fundamentales que permitirán que el sueldo de un agente con el mínimo año de antigüedad, en cualquiera de las dos fuerzas, ascienda a $165 mil a partir de marzo».
En cuanto a la recomposición, se detalló que en primer lugar, se establece un piso de recomposición del 82% acumulado.
En marzo comenzarán los aumentos con un 20%, como sucederá con las y los docentes, las y los estatales y las y los judiciales. Luego, habrá cuatro tramos más que asegurarán un aumento por encima de la meta inflacionaria prevista para este año: en mayo la suba será del 10%; en julio otro 10%, en octubre se prevé una recomposición del 12% y se cerrará en diciembre con otro 12%.
El segundo pilar del acuerdo salarial entre el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad consiste en asegurar la equiparación del refrigerio de policías y penitenciarios a lo que percibe el escalafón general. La medida comenzará a regir desde marzo.
Mientras que la tercera parte del entendimiento está sustentada en el incremento de la base de cálculo de la bonificación denominada «compensación por no asignación de vivienda», que está previsto que sea de 50 puntos porcentuales.
«Nosotros vamos a estar siempre del lado del orden público, de la ley, de nuestra constitución y defendiendo el valor de nuestros miembros de la fuerza», aseguró el gobernador en un gesto de apoyo para con los agentes que el domingo pasado sufrieron heridas durante los hechos de violencia ocurridos en Misión Nueva Pompeya y por los cuales se inició una causa judicial.
Mejores condiciones para la fuerza
El gobernador aprovechó la oportunidad para recordar que en el transcurso del año el Ejecutivo también va a propiciar la implementación del Instituto provincial de Formación en materia de Seguridad Pública, con el objeto de establecer mecanismos de formación, desde tecnicaturas, licenciaturas y diplomaturas hasta maestrías.
«Además vamos a otorgar cupos incrementales de asignación de viviendas para nuestros policías y todas las condiciones para incrementar la capacidad instalada de 700 albergues de detenidos, conjuntamente con más patrulleros, más elementos de seguridad y con más tecnología como se viene haciendo progresivamente”, agregó.
«Nuestra solidaridad con ellos», reiteró.
La ministra Zalazar indicó que este acuerdo fue posible a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, con la Jefatura de Policía y con la Dirección General del Servicio Penitenciario.
«El bienestar de las fuerzas de seguridad para nosotros es fundamental, ya que realizan una labor de cuidado de todos y todas, todos los días, poniendo el cuerpo en el territorio. Quien puede organizar la economía de su casa, de su familia, puede pensar en trabajar en mejores condiciones», manifestó.
«Ningún trabajador de la fuerza pública policial, aún sin antigüedad, cobrará por debajo de los $165 mil a partir del sueldo de marzo», insistió, por su parte, el ministro Pérez Pons.
«Seguimos cuidando el bolsillo de las y los trabajadores, como así también fortaleciendo la economía de la provincia», expresó.
Acompañaron la presentación el subjefe de la Policía, David Vega; y el jefe del SPP, Gerardo Sotelo.