El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga se reunieron con representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de la Cámara de Diputados, del Ministerio Público Fiscal y miembros de la comunidad de Misión Nueva Pompeya, para rubricar un convenio que permita resolver los conflictos y promover la paz social en la localidad.
El acuerdo establece una serie de iniciativas para garantizar el acceso a la justicia, define la representación de comunidades originarias en el foro de seguridad, y su participación y capacitación en una Comisión de Búsqueda de personas, entre otros puntos.
«Ha sido una reunión positiva que continuaremos en múltiples encuentros. Es muy importante el involucramiento de los poderes del Estado para dar una solución a los conflictos existentes en las comunidades, tanto para las comunidades originarias como las comunidades criollas.
Pretendemos garantizar que las partes puedan ejercer efectivamente sus derechos con el compromiso de promover la paz social», expresó Capitanich.
Participaron del encuentro la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Iride Isabel Grillo; el diputado Rodolfo Schwartz, en representación de la Cámara de Diputados, con el procurador general del MPF, Jorge Canteros; la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; el ministro del STJ, Alberto Mario Modi; el defensor del pueblo, Bernardo Voloj; el secretario de la Superintendencia del STJ, Lisando Yolis; el vocal del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), Jorge Gómez; e integrantes de la comunidad de Misión Nueva Pompeya.
Consenso a través de la firma de un convenio
Capitanich destacó la importancia del convenio, ya que significa «haber alcanzado un consenso» respecto al camino elegido para seguir trabajando en conjunto.
El documento establece una próxima reunión a realizarse en Misión Nueva Pompeya, así como la representación de comunidades originarias en el Foro de Seguridad y, también, un sistema de reforma que permita la existencia de una Fiscalía para la representación de la titularidad de la acción penal en comunidades originarias.
De esta forma, las comunidades originarias podrán tener participación dentro de la fiscalía, que dispondrá de interventores indígenas-wichí, lo cual permitirá que quienes quieran hacer denuncias, puedan hacerlo en su propio idioma, sin complicaciones, ni confusiones.
Otro de los puntos del convenio firmado, plantea la realización de una convocatoria de 30 miembros de las comunidades originarias para la capacitación y el ingreso a través del Instituto Provincial de Seguridad Pública, a partir de abril, «para tener un personal debidamente entrenado para cuestiones de seguridad, así como de comunidades criollas de El Impenetrable», adelantó Capitanich.
El acuerdo incluye la convocatoria a 30 miembros de las comunidades originarias a partir de abril, para la capacitación y el ingreso a través de la formación del Instituto Provincial de Seguridad Pública, con el objeto de para tener un personal debidamente entrenado para cuestiones de seguridad, lo mismo que las comunidades criollas de El Impenetrable.
Además, a través de este documento se dio lugar a un decreto de indemnización de las víctimas de los hechos ocurridos en Misión Nueva Pompeya, a principios de este mes.
Otro de los puntos del documento rubricado expresa la participación y capacitación de las comunidades originarias en una Comisión de búsqueda de personas, conjuntamente con un proceso de capacitación así como de investigación de carácter permanente.
Además, se define la constitución de una mesa específica que abordará temas como vivienda, educación, cultura, entre otros puntos y que será coordinada con el ombudsman.
«Ser parte de la justicia»
El vocal del Idach, Jorge Gómez, celebró este encuentro y valoró que «refleja lo que veníamos reclamando, que era ser parte de procesos judiciales, porque nunca tuvimos acceso a la justicia y hoy, poder tener la oportunidad de ser parte de ella, es algo muy importante».
Con esta decisión, expresó Gómez que «las ancianas podrán denunciar en su propio idioma, sin problemas y estos avances que estamos teniendo, así como el Foro de Seguridad integrado por nuestra comunidad y el cupo para nuestros hermanos indígenas es muy importante. Estamos conformes con esta decisión y el compromiso».