El gobernador Jorge Capitanich encabezó ayer un nuevo encuentro de trabajo de la Mesa de Seguimiento de Tierras, ámbito en que avanzó en el plan de trabajo para la resolución del histórico conflicto territorial en chacras de Miraflores, en la zona norte de la provincia.
Durante la reunión, el mandatario celebró que se alcanzó un 80% de avance en el relevamiento, que alcanza a unas 100 chacras.
Capitanich destacó que la Mesa de Tierras «ha venido trabajado con una metodología de abordaje de conflictos de carácter territorial en zonas urbanas y rurales con un muy buen nivel de desenvolvimiento, y con un enfoque interdisciplinario».
De la jornada tomaron parte el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo; y el subsecretario de Fortalecimiento de Gobiernos Locales, Rubén Guillón
El jefe del Ejecutivo resaltó la labor del subsecretario Guillón «para atender un problema legendario en Miraflores, que tiene 100 chacras donde se ha realizado un relevamiento pormenorizado del 80%, restando solo un 20% que se finalizarán en mayo».
La mesa también trabajó en próximas entregas de títulos y regularización de más parcelas urbanas en el interior de la provincia que se concretarán en mayo y junio.
Capitanich valoró que se logró resolver con «ejemplaridad» una convocatoria propiciada por el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) para la identificación de aproximadamente once títulos para zonas rurales, logrando satisfacer las demandas de 70 familias de comunidades originarias, a través de un proceso de audiencia pública en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También anunció una próxima entrega de títulos de propiedad, el 24 de mayo, en el lote 94, equivalente a 44 parcelas urbanas, que serán regularizadas. Paralelamente, en la zona se trabaja en un plan de regularización de conexiones de electrificación rural, «que son 80 y que significan una demanda por parte de la comunidad que logramos atender».
Gestiones para la regularización
El mandatario también se refirió a la situación en colonia Juan Penco, donde participó la Defensoría del Pueblo, a través de un procedimiento judicial, para llegar a un grupo de familias y beneficiarlas con catorce conexiones eléctricas rurales en el lugar y, en este contexto, mañana habrá un tratamiento de esta iniciativa en la Cámara de Diputados para establecer los mecanismos de regulación.
En Juan Penco viven 25 familias desde 1961 y tras la aparición de un posible dueño de esas tierras en 1990, se inició un proceso judicial. El requerimiento es que, mientras se judicializa la situación, las familias puedan acceder a energía eléctrica.
Paralelamente, hacia junio estarán resueltas las situaciones, junto a la Fiscalía de Estado, del lote 202, denominado Vargas 2, y Campo Winter, en General San Martín. Además, se resolvieron los casos de Eriberto Navarro Las Delicias, que es un predio de 600 hectáreas que involucran a gran parte de comunidades criollas del sector, así como los casos de Pampa Castro y de Teresa Vargas. También trabajaron en la situación de 100 hectáreas de Pampa del Indio y en el lote 415.
Tras la reunión, la presidenta de la Unión de Pequeños Productores Chaqueños (Unpeproch), Ana Machuca, celebró las acciones de la Mesa y explicó que colonia Juan Penco celebró el acceso a la energía eléctrica por parte de las familias. «Es un derecho», aseguró la dirigente rural, citada luego en un parte de prensa oficial.