El procurador general adjunto Miguel Fonteina emitió un dictamen a favor de conceder los recursos extraordinarios presentados por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y por la Fiscalía de Derechos Humanos para que sea la Corte Suprema la que analice el fallo que absolvió a los policías imputados por la presunta detención ilegal y vejaciones que sufrió el artesano Juan Ángel Greco, previo a su muerte en junio de 1990.
«Nos encontramos con que se han omitido considerar parámetros convencionales dispuestos respecto de la detención ilegal y vejaciones que padeciera Juan Ángel Greco al momento de ser privado de su libertad», señala el dictamen firmado el 26 de abril por el procurador Fonteina, y que ahora deberá ser analizado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) antes de decidir si hace lugar o no a los recursos, ya que el dictamen no es vinculante.
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
La opinión del jefe del Ministerio Público Fiscal se dio ante la presentación de los recursos extraordinarios federales por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos del Chaco contra un fallo de la Sala II en lo Criminal y Correccional del STJ que había confirmado la absolución por «el beneficio de la duda» de los cuatro funcionarios policiales en el segundo juicio por el caso Greco realizado en 2020.
LOS ACUSADOS
Francisco Walter González, Ramón Antonio Brunet y Adolfo Eduardo Valdéz, llegaron acusados por privación ilegítima de la libertad y vejaciones, en concurso real; y Jorge Antonio González, el chofer del patrullero que trasladó a Greco, llegó a juicio imputado por el delito de encubrimiento en concurso real con incumplimiento de deberes de funcionario público.
LA OPINIÓN
DEL FISCAL
En ese contexto, Fonteina advirtió que en el caso se configura «un supuesto de gravedad institucional dado que atañe a toda la comunidad», y subrayó que «se está juzgando el accionar de las fuerzas policiales en el momento en que aprehendieron a Greco, violentando el derecho de defensa y debido proceso con todas sus garantías», según publicó el portal Chaco Día por Día.
Por otra parte afirmó que «la obligación de juzgar y sancionar a los responsables, exige de los magistrados observar un especial cuidado, dado que se encuentra comprometida la responsabilidad internacional estatal asumida en el Acta Acuerdo», ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, también consideró que «el fin de la pena es la resocialización, pero también la prevención general, pues el Estado debe evitar la impunidad que favorece la repetición de los hechos y la indefensión de las víctimas y sus familiares».