El Superior Tribunal de Justicia del Chaco determinó que las personas condenadas que están privadas de su libertad en comisarías sean trasladadas a establecimientos penitenciarios.
La Corte provincial hizo lugar a un habeas corpus colectivo y correctivo, presentado por defensores oficiales, de condenados de toda la provincia que están en esa situación.
Con el fallo, se ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia que realice un plan de readecuación de la política penitenciaria de la provincia.
La Corte determinó que deberán adecuarse las condiciones edilicias de las dependencias policiales y de las penitenciarias, para que cumplan con las normativas vigentes y se aseguren los derechos humanos básicos de los condenados.
El plan deberá trazarse de acuerdo con las necesidades y particularidades de los establecimientos. Para ello las condiciones edilicias tanto de las dependencias policiales como de las penitenciarías serán adecuadas de modo que cumplan con el marco normativo aplicable y al desarrollo de acciones orientadas a asegurar la vigencia concreta de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
También, la sentencia 135/23 de la Secretaría de Asuntos Constitucionales Nº 3, requirió a Procuración General, Defensoría General, juzgados de Ejecución Penal y a todas las entidades competentes que determinen la situación procesal de las personas alojadas en las comisarías provinciales para coordinar los traslados de aquellos con condena firme a las dependencias correspondientes.