La organización feminista Mumala presentó el pasado jueves 20, por tercera vez, en el Congreso nacional el proyecto de ley solicitando la declaración de emergencia en violencia de género en la Argentina.
Según los datos del Observatorio de Mumala «Mujeres, disidencias, derechos» desde el 1 de enero hasta el 29 de junio pasado, se perpetraron 213 muertes violentas de mujeres, lesbianas, travestis y trans, de las quienes 134 fueron femicidios y 2 de ellas trans-travesticidios, una muerte cada 20 horas.
Para brindar mayores detalles de esta presentación, referentes provinciales brindaron ayer una conferencia de prensa en la peatonal de Resistencia.
Asimismo, Paula Ojeda, coordinadora provincial de Mumala, explicó: «Creemos que este es el momento justo y es necesario que se declare la emergencia nacional en violencias de género, porque estamos en un país en donde se mata a una mujer cada 32 horas, un país en donde tenemos más de 136 femicidios, muchos niños que se quedan sin madre, producto de ser sus mamás víctimas de femicidios, tenemos más de 200 intentos de femicidios, entonces creemos que el momento y estamos muy convencidas de que el momento es ahora».
El momento
es ahora
La referente más adelante explicó que este proyecto «en un principio pone foco en las problemáticas que estamos viviendo como mujeres y disidencias respecto a los femicidios, también que se destinen recursos humanos y económicos necesarios y suficientes para prevenir, erradicar y sancionar la violencia». Y justificó la demanda: «Es evidente que el enfoque que le da el Estado nacional al tratamiento de los femicidios no es el suficiente porque siguen habiendo femicidios todavía».
También recordó que «no es la primera vez que nosotros presentamos este proyecto de ley, es la tercera vez que lo hacemos ante el Congreso nacional. Esperamos que esta vez nuestro proyecto no sea cajoneado, que sea debatido como tiene que ser porque somos un movimiento feminista que tiene anclaje territorial, que sabe cuáles son las necesidades de las mujeres e incidencias, que conocen la realidad del territorio», destacó.
Asimismo, señaló como causa de esta dilación en el tratamiento del pedido «a la falta de compromiso político por parte de los funcionarios y funcionarias. Tiene que haber compromiso político para esto y hay que asumir también que las cosas no están bien en este momento».
«Entonces somos nosotras las que venimos a decir que las cosas no están bien, que lo que hay todavía no alcanza y necesitamos que se declare la emergencia», aseveró.
«Estamos convencidas de que con nuestro proyecto de ley vamos a poder avanzar respecto a las transformaciones y los cambios que necesitamos que se generen para que las mujeres y las disidencias realmente podamos vivir una vida libre, digna y sobre todo una vida libre de violencia machista», sentenció Ojeda.
La presentación fue realizada la semana pasada por Marianella Lezama Hid, dirigente nacional de la organización, quien en este momento explicó: «Este proyecto tiene como objetivo instar al gobierno nacional a destinar el presupuesto y las herramientas necesarias para erradicar, prevenir y asistir en situaciones de violencia de género en la Argentina. El 70% de los femicidios ocurren en la vivienda de la víctima, el dato es aterrador: las mujeres y disidencias estamos más expuestas en nuestros propios hogares que en la calle y ante esto el Estado tiene que intervenir».
Las demandas
Entre los puntos que establece el proyecto se encuentran: aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al Instituto Nacional de las Mujeres (Inam); destinar el 10% del presupuesto de cada Ministerio para políticas hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres, e identidades disidentes; monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes de violencia de género; impulso de protocolos provinciales aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y a agresores que incumplen medidas judiciales; Asignación para Víctimas de Violencia (AVV); becas y rentas para alquiler; creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género implementación del patrocinio jurídico gratuito.
Además, piden aportes a las provincias para creación y fortalecimiento de áreas de políticas de género, así como también en organizaciones de la sociedad civil: sindicatos, vecinales, clubes, espacios culturales, etcétera; incorporar la perspectiva de género en el registro estadístico nacional de seguridad, desarrollo social, trabajo, producción, hábitat, población, entre otros; implementación federal del programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida: implementación real y efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) en los distintos niveles educativos; y la creación de equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el país.