La interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), Clelia Ávila, brindó una conferencia de prensa este miércoles para dar a conocer más de 400 denuncias de beneficiarios que fueron estafados por dirigentes sociales.
«Los referentes eran los que tenían llegada al expresidente del Iafep, Mauro Andión, que es el principal responsable del desmanejo. No hubo honestidad ni transparencia en su gestión», sentenció Ávila y aclaró que «fueron denunciados al Poder Judicial, donde Andión tendrá que dar las explicaciones pertinentes».
La funcionaria denunció, además, irregularidades en la constitución de las fundaciones beneficiarias, favoritismo con dirigentes sociales para la designación de obras y nulo control de las mismas. El Iafep en el 2023 contó con un presupuesto de $16.000 millones, de los cuales $15.000 millones se llevaron las organizaciones sociales.
«Creo que en la historia del Chaco no hubo una corrupción mayor como la del Iafep. Me duele mucho decirlo, porque en una de las provincias más pobres del país, se llevaron el dinero de personas para enriquecerse unos pocos», sostuvo.
En este sentido, la interventora comunicó que el instituto lleva adelante un arduo trabajo relevando las obras. «No existe una base de datos ordenada, ya sea por localidades u organizaciones sociales que dieran cuenta del procedimiento que se utilizó la para adjudicación de 5.100 viviendas», indicó e informó que colabora con el trabajo de inspección de obras el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.
«El organismo debería haber asistido a consorcios productivos y de servicios rurales y no destinó ni el 1% a productores chaqueños. El 93% fue a manos de fundaciones que no fueron constituidas a través de instrumento público, sino a través de instrumento privado», remarcó.
«Había ciertos dirigentes sociales que tenían favoritismo, ya que obtenían de forma rápida los desembolsos sin ningún tipo de requisito, control o reglamentación. A esas organizaciones, el pago se le realizaba rápidamente. Hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos, hay organizaciones que aún están esperando los pagos. Sin embargo, había otras predilectas. No existió una reglamentación para selección de beneficiarios», dijo.
La interventora denunció también que había una coordinación que se iniciaba en la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. «Se pasó en 7 años de 400 a 4.000 fundaciones. Estas organizaciones fueron la herramienta que facilitó el delito. El Iafep firmaba un convenio con las organizaciones que presentaban los beneficiarios y se armaba un expediente muy rápido, mientras que para los beneficiarios estaba el Banco de Tierras listo para entregar», explicó.
En esta línea, informó que la sorprendió que el Banco de Tierra le otorgó 20 parcelas en comodato a una persona para que las entregara a quien crea conveniente. «Esto podría ser una grave irregularidad», agregó.
En esta línea, dijo que tiene testimonios de dirigentes sociales que aseguran que Andión y sus secretarios les solicitaban un porcentaje para realizar los desembolsos económicos.