El secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, celebró la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la ley que establece un marco legal para la asignación de beneficios sociales otorgados por el Estado, prohibiendo las intermediaciones.
«Para el Ejecutivo provincial es una ley importante porque es lo que venimos planteando desde que iniciamos la gestión y desde mucho antes», subrayó el funcionario y recordó que junto al gobernador Leandro Zdero fue autor del proyecto de ley vinculado a este tema.
Destacó la importancia de esta normativa que regula la asignación de beneficios sociales bajo criterios de transparencia, prohibiendo la intermediación de terceros, a fin de que los beneficios lleguen de forma directa a la gente.
«La prohibición de la intermediación, la definición de que quienes otorguen estos beneficios lo hagan con criterios objetivos y de transparencia, y la responsabilidad de los funcionarios intervinientes, son ejes centrales de la ley», apuntó.
En ese contexto, recordó que durante la gestión anterior de gobierno salía dinero de los ministerios sin que ningún funcionario se responsabilizara de su destino.
«Los que se rasgan las vestiduras hoy, son los que dilapidaron los recursos en el pasado. El dinero no saltaba de las cuentas públicas a los bolsillos de los Sena, había funcionarios públicos que se la dieron y que hoy pretenden desligarse; justamente a esa responsabilidad apunta la nueva ley», graficó y destacó la exigencia de unificar los sistemas de becas y asignaciones sociales en materia de salud, necesidades básicas insatisfechas y viviendas.
Contraprestación y requisitos
Otro de los ítems que contempla la normativa y que fue valorado por el Ejecutivo provincial es la contraprestación.
«Todo beneficio social debe tener una contraprestación con personas capacitadas para brindarla; si recibe un beneficio tiene que estudiar, hacer un oficio o prepararse para el mundo laboral. Es la única forma de que no sea dinero tirado, sino invertido en la gente», enfatizó.
También celebró el artículo 12 que establece la prohibición de asignar beneficios sociales a personas imputadas por delitos en distinto grado de participación. «Nuestros equipos legales trabajarán en esto; automáticamente perderán el beneficio quienes hayan cometido delitos como hurto u otros», informó.
Y agregó que, en cuanto a la exigencia de incorporar asistentes sociales, la provincia lo viene haciendo desde hace tiempo a través del programa Ñachec.
Respuesta a pedidos
de informes
Por último, manifestó: «También fuimos oposición y no nos contestaban los pedidos de informes.
Guardaban y escondían los pedidos de informes, pero nosotros sí, vamos a responder porque entendemos que la transparencia es el camino y ya hemos contestado 30 en estos meses de gestión».