Al cumplirse 100 años de la Masacre de Napalpí, el fiscal integrante de la Fiscalía Federal en Causas de Lesa Humanidad del Chaco, Diego Vigay, reflexionó entrevistado por LA VOZ DEL CHACO sobre la persistente exclusión, racismo y discriminación que enfrentan las comunidades indígenas en Argentina.
El fiscal sostuvo que la investigación y el juicio por la Masacre de Napalpí han sido fundamentales para la memoria histórica colectiva y la identidad de los pueblos qom y moqoit, y remarcó que el proceso de justicia ha permitido la reconstrucción de la memoria comunitaria a través de testimonios y publicaciones, aportando al empoderamiento y redignificación de las víctimas.
Instó a fortalecer la educación sobre la Masacre de Napalpí y el genocidio indígena, lo que consideró «vital» para la conciencia sobre los derechos humanos.
El funcionario federal afirmó, además, que la sentencia por este hecho puede influir en las políticas públicas para proteger los derechos de los pueblos indígenas, y resaltó el deber de implementar planes de reparación y la erradicación de segregación racial.
-¿Por qué es importante recordar y conmemorar el centenario de la Masacre de Napalpí para las comunidades afectadas y la sociedad en general?
-Las distintas voces y actores de las comunidades qom y moqoit han planteado en el marco del acto y todas las actividades por el cumplimiento de los cien años de la Masacre de Napalpí, que es imprescindible el ejercicio activo de memoria no solo para que no se repita la barbarie de la violencia criminal estatal, sino también porque se sigue replicando en la actualidad la exclusión, el racismo y la discriminación.
Solo basta ver en toda la Argentina, las situaciones extremas de pobreza de las comunidades y la problemática de la lucha por los territorios ancestrales y todos los intentos por avasallarlos.
-¿Cuál es el estado actual del cumplimiento de la condena que debe cumplir el Estado en relación con la Masacre de Napalpí?
-El cumplimiento de las medidas de reparación avanzó de manera importante en estos dos años. Se cumplió con la capacitación a 5 mil cadetes, suboficiales y oficiales de las fuerzas de seguridad federales.
Asimismo, se capacitó a la Policía del Chaco. Se implementó un manual de actuación para fuerzas de seguridad con perspectiva intercultural. Asimismo, se incorporó en la currícula escolar del Chaco en jardines de infantes, escuelas primarias, colegios secundarios e institutos terciarios la enseñanza de la masacre, el juicio y el genocidio indígena en general.
En Nación se capacitó de manera virtual a cientos de docentes de todo el país, con especialistas en genocidio indígena. Se constituyó un Archivo Digital a partir del trabajo del Archivo Nacional de la Memoria con todos los testimonios, los archivos, los documentos e investigaciones de la causa y el juicio, que será de acceso público y dinámico.
La Cancillería Argentina comunicó oficialmente la sentencia como precedente jurisprudencial a organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Cidh, la Unesco, entre otros.
La Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura del Chaco, el Archivo Histórico Monseñor Alumini, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, llevaron adelante tareas de conservación preventiva, clasificación, almacenamiento y traslado de todo el material documental hallado en el edificio histórico de la Reducción Napalpí.
En el Congreso de la Nación existe un proyecto de ley con dictamen de comisión a favor, declarando el día 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí. El Equipo Argentino de Antropología Forense ha continuado con la búsqueda de las fosas con tecnología de avanzada.
Están pendientes en su cumplimiento las medidas referidas al pedido de perdón del Estado nacional, la consulta popular para el cambio de nombre de la localidad Colonia Aborigen y la constitución del Museo por la Memoria en el edificio histórico.
-¿Qué impacto tuvo la investigación sobre la Masacre de Napalpí en la memoria histórica colectiva y en la construcción de la identidad de los pueblos indígenas?
-Creo que tanto la investigación preliminar de la fiscalía, así como el juicio por la verdad oral y público, acompañaron el pedido de justicia y verdad y todo el proceso de reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad de los pueblos qom y moqoit con los testimonios de los sobrevivientes y de los descendientes a partir de la tradición del relato oral en la cultura indígena, y las investigaciones del historiador qom Juan Chico que se publicaron en dos libros.
En ese marco, entiendo que colaboró y aportó un granito de arena a todo ese proceso muy rico e interesante, de redignificación y de empoderamiento de las víctimas.
«Es indispensable que esté incorporada a la currícula educativa»
-¿Cómo se puede fortalecer la educación y conciencia sobre la importancia de los derechos humanos y la memoria histórica en torno a la masacre de Napalpí?
-Creo que es indispensable que esté incorporada a la currícula educativa, no solo la enseñanza sobre la Masacre de Napalpí, sino también sobre el genocidio indígena.
En el Chaco se ha avanzado muchísimo en ese sentido en la última década y se fortaleció con la sentencia que ordena ello.
Así, el Ministerio de Educación del Chaco declaró por resolución 1352/2022 de interés educativo y cultural «El Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí».
Además, produjo una serie de recorridos didácticos para abordar saberes curriculares vinculados a la Masacre de Napalpí, con el valor de la identidad histórico-cultural, reflexiones en torno a la memoria y la lucha por los derechos humanos y la conquista de derechos de los pueblos indígenas, para cada uno de los niveles obligatorios del sistema educativo chaqueño.
El gobernador del Chaco en el acto por el centenario anunció el envío a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para incorporar la enseñanza en la currícula educativa de manera definitiva.
Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación trabajó durante todo el año 2023, con cursos de genocidio y archivos indígenas con el especialista Mariano Nagy, en la formación de docentes. Paralelamente, trabajó en la confección y publicación de materiales de educación con sitios de educación, como «Educ.ar».
-¿La sentencia por la Masacre de Napalpí puede influir en las políticas públicas y en la toma de decisiones para proteger los derechos de los pueblos indígenas?
-Una de las medidas de reparación ordena al Estado nacional la implementación de un plan de políticas públicas concretas de reparación histórica a los pueblos qom y moqoit y fortalecer las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, el racismo, la discriminación y la xenofobia, garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales, todo ello con la consulta previa a las comunidades.
Además, en los extensos fundamentos se desarrollan de manera minuciosa y en un marco de contexto histórico, económico y social.
Hablamos de todas las gravísimas consecuencias y secuelas que ha provocado la masacre en toda la población indígena: del trauma y el terror, de la pérdida de la cultura y de la lengua, de la exclusión, el desarraigo, la pobreza, etc. Sosteniendo que ello se mantuvo en el tiempo y permanece en la actualidad. Creo que todos esos fundamentos, que son la conclusión de un juicio oral y público, que incorporó y analizó un plexo probatorio inmenso, tienen un importante valor para cualquier reclamo o demanda por derechos de los pueblos indígenas.
Para poner un ejemplo en el caso del territorio, toda la extensión de lo que fue la Reducción Napalpí, 25 mil hectáreas fueron entregadas al pueblo qom y moqoit, como reparación histórica por parte de gobiernos provinciales en la década del 80 y 90, en un proceso que concluyó con la titularización. Hoy toda la población qom y moqoit de los lotes 38, 39 y 40 de Colonia Aborigen es dueña de todo ese territorio con carácter de propiedad comunitaria indígena.
Asimismo, la sentencia en sus fundamentos analiza con muchas pruebas, el proceso de ocupación del territorio indígena en el Chaco, por parte del Estado nacional a fines del 1800 y a principios del 1900. En ese plano, la sentencia aporta argumentos muy potentes al reclamo y los conflictos por tierras ancestrales de las comunidades.
-¿Existe relación entre la Masacre de Napalpí y otros casos de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la región?
-La sentencia habla de que la masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso de genocidio por parte del Estado nacional sobre los pueblos indígenas y hace referencia, por ejemplo, a la mal llamada «Campaña del Desierto» – 1878/1890, a las masacres de San Antonio de Obligado – 1897 – y de San Javier – 1907 – en el norte de Santa Fe, a la Masacre de El Zapallar en el Chaco y la masacre de Rincón Bomba – 1947 – en el Juzgado Federal de Formosa.
En ese marco se plantea que «si ampliamos el espectro de análisis en tiempo y espacio, puede afirmarse que en la República Argentina habría existido una política de Estado ejecutada con el fin de erradicar a las comunidades indígenas de nuestro país, arrasando a su paso con sus rasgos identitarios y culturales».
-¿Qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la memoria histórica y la justicia para las víctimas de la Masacre de Napalpí?
-El rol de la organización comunitaria y social ha sido esencial en todo el proceso de reconstrucción de la memoria de la comunidad, de lucha por la verdad, en la investigación judicial, en el juicio por la verdad, en el cumplimiento actual de la sentencia y en el ejercicio de memoria y visibilización.
Así, la Fundación Napalpí fundada por Juan Chico, la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen, el Equipo de trabajo Memorial de Napalpí; Renacer Napa’alpí; Consejo General del Pueblo Moqoit; Asociación Cacica Dominga; Organización Indígena La Matanza; el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) y la Comisión Provincial por la Memoria. Muchos de ellos forman parte de la Mesa de Gestión Territorial Napalpí e interactúan en el cumplimiento de las medidas ordenadas en la sentencia.
Lesa humanidad
A partir de su experiencia, desde 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco investigó, bajo la dirección del fiscal ad hoc Diego Vigay, la masacre como crimen de lesa humanidad, que significa actos contra una población sobre tortura, exterminio, persecución por motivos raciales, violación, y esclavitud sexual.
Gracias a ello, en 2018, entrevistaron a otra sobreviviente de la masacre: la señora Rosa Grillo, quien logró salvarse con su madre. Sin embargo, su padre falleció y para ella: «Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón […] No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento».
En septiembre de 2021, la jueza federal Zunilda Niremperger habilitó un juicio para investigar lo sucedido y buscar una reparación histórica para las comunidades qom y moqoit.
Durante el proceso se expusieron testimonios escritos y orales de los sobrevivientes, además de investigadores que trabajaron en la reconstrucción de la memoria histórica del acontecimiento.
Finalmente, el 19 de mayo de 2022, se dictó sentencia donde Diego Vigay señaló que «la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado desde el Estado».
Además, se exhorta al gobierno argentino una serie de medidas para apoyarlos en servicios básicos como salud, educación y preservación de su cultura.
Asimismo, se planea fortalecer las políticas de prevención sobre el racismo y discriminación.
«Los documentos fueron una extraordinaria contribución»
-¿Qué importancia tiene la documentación y registro de los hechos históricos para la construcción de la memoria colectiva y la justicia para las víctimas?
-En la investigación preliminar de la Fiscalía y luego en el juicio, fueron aportados documentos históricos de la época de los hechos a partir de una búsqueda llevada adelante por archivistas tanto del Archivo General de la Nación, como del Archivo Histórico Provincial Alumini, quienes durante meses indagaron en diversas unidades documentales de distintos organismos públicos y lograron encontrar pruebas trascendentes para el proceso de reconstrucción.
Los documentos fueron una extraordinaria contribución de los archivos a la causa judicial y la reconstrucción histórica de un acontecimiento ocurrido hace 100 años atrás.
Los documentos aportados por el AGN fueron documentos producidos por el Ministerio del Interior, así: memorias del Ministerio del Interior 1923 y 1924, informes de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, años 1911 a 1930, informe del delegado Enrique Lynch Arribálzaga (año 1914), e informes similares hasta 1925, Territorios Nacionales: legajos del gobernador Fernando Centeno y del secretario Pedro Outes, legajos de personal de la Policía de Territorios Nacionales, expedientes generales.
Por su parte, del Archivo Histórico Provincial se aportaron documentos clasificados en esta institución en 2006, en la caja «Aborígenes» y cuyo origen son series documentales que llegaron al archivo desde la Policía del Territorio y la Gobernación.
En todos los casos, documentos oficiales, provistos por instituciones del gobierno provincial.
Cronología
El 19 de julio de 1924 ocurrió en la región del Chaco, la Masacre de Napalpí, que refiere a la matanza de cientos de personas de los pueblos originarios qom y moqoit a manos de la Policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros regionales.
Ese año, durante el mandato del presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, prohibió a la comunidad de Napalpí, formada en su mayoría por nativos qom y moqoit, emigrar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy.
El objetivo era retenerlos en la zona para no evitar la pérdida de mano de obra. No obstante, las condiciones de trabajo y alimentación eran deplorables, y no recibían pago alguno. Por esta razón, un millar de habitantes de las comunidades qom y moqoit, se refugiaron en las montañas cercanas como forma de huelga ante la falta de mejores condiciones de vida y exigían ser respetadas por las autoridades.
Y el fatídico día llegó. El 19 de julio de 1924, un avión biplano Curtiss JN-90, conocido como el Chaco II, sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos. En el momento que los indígenas salieron a recogerlos, poco más de 130 policías y terratenientes dispararon y golpearon con machetes a familias enteras por oponerse a su trabajo en las plantaciones de algodón a cambio de ropa y vales, que no podían convertirse en dinero.
La masacre duró 45 minutos, pero las secuelas en los sobrevivientes duraron toda su vida, y ha sido catalogada como uno de los episodios más atroces sucedidos en la Argentina durante el siglo XX. El cuerpo de policías asesinó a 423 habitantes: a los hombres se les mutiló o se les decapitó para colgar luego su cuerpo, mientras que las mujeres fueron violadas sexualmente. Aquellos que huyeron, se les persiguió por la serranía, pues no se pretendía dejar testigos. Afortunadamente, se estima que 38 niños y 15 adultos escaparon.
En septiembre de ese año, el tema llegó a la Cámara de Diputados. El diputado socialista Francisco Pérez Leirós denunció que la cacería de indígenas duró varios días, pues al parecer los criminales se habían propuesto «eliminar a todos los presentes en la carnicería del 19 de julio para que no pudieran servir de testigos».
En cuanto al Poder Judicial, habló de sublevación: así aparece en la carátula del expediente 910/24 que se abrió en el Juzgado Federal de Resistencia, la ciudad más cercana al evento: Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí. El documento reúne testimonios de los policías, por lo cual se elaboró para justificar sus acciones, entre ellas describieron que los indígenas realizaban actos de robo y atacaban a los colonos.
El silencio sobre el acontecimiento duró décadas hasta que, en 2008, Melitona Enrique relató su testimonio. A pesar de sus 107 años, en su memoria están grabadas imágenes a fuego y sangre del trágico evento.
Mencionó que se ocultó en los montes cercanos y permaneció varios días sin consumir alimento o bebida. En cambio, apuntó que «los cuervos estuvieron una semana sin volar porque seguían comiendo los cadáveres».
