El conflicto entre el sindicato de camioneros del Chaco, y la Municipalidad de Resistencia generó una crisis que afecta directamente al servicio de recolección de residuos y a 70 familias que dependen de esta fuente laboral.
Según el sindicato, la Municipalidad decidió finalizar el vínculo con la empresa recolectora, sin establecer canales de negociación previa que aseguren la continuidad laboral de los trabajadores.
Esta acción, argumentan, pone en riesgo el sustento de decenas de familias en un contexto económico recesivo. Ante esto cuestionaron severamente la postura del gobierno municipal, acusándolo de desentenderse de las consecuencias de sus propias decisiones.
Además, se cuestiona la veracidad de las declaraciones municipales que intentan desligar responsabilidades. El sindicato sostiene que, según la Ley de Contratos de Trabajo, la Municipalidad es solidariamente responsable por las obligaciones laborales de los trabajadores subcontratados, incluyendo sueldos y seguridad social. Acusan al Gobierno de negar esta responsabilidad legal y de tratar a los trabajadores como desechables.
Señalaron la falta de empatía y sensibilidad hacia los trabajadores y sus familias, acusando a los funcionarios de ser insensibles y políticamente incoherentes.
Sin planificación
En un comunicado de prensa, el sindicato señaló que «esta situación ha dejado en evidencia la falta de planificación y empatía por parte de las autoridades municipales».
«Hoy, en un nuevo ataque a la verdad en las redes del gobierno municipal, un video demuestra tres cosas: Existe un problema con la recolección; Falta de empatía con los trabajadores y sus familias que quedan en la calle, y desconocimiento de las consecuencias que ellos generaron con su decisión», expresó Isaías Alegre en un comunicado de prensa.
«La situación es clara. 70 familias en 10 días no tendrán para poner comida en el plato de sus hijos», dimensionó Isaías.
A su vez indicaron: «Como sostenemos siempre, este sindicato no discute que es prerrogativa de la Municipalidad como realiza el servicio de recolección y no pretende imponer un sistema o forma; pero si pretende que se ocupen de los trabajadores que quedarán en la calle a partir del 31 próximo.
El conflicto actual se resolvía con previsión, gestión que debe ser responsabilidad de la municipalidad, si tenían planeado discontinuar la relación con la empresa que prestaba el servicio. Una oportuna gestión debería haber planificado que pasaría con los trabajadores, como éstos serían absorbidos en el mercado laboral o como asegurarle la posibilidad de su sustento».
«No se les exige ni alquimia ni magia solo que se ocupen con una planificación mínima por el sustento de 70 familias de esta ciudad. Esto claramente demuestra la desidia de este gobierno apático sin conciencia social. No solo ello, sino que sale por las redes pretendiendo endilgar sus falencias a la empresa que brinda el servicio.
La protesta, la resistencia y la lucha contra arbitrariedades y desprecio por la clase trabajadora, es su única herramienta», aseguraron.
«Sin embargo, nos quieren mansos o doblegados como corderos para poder realizar sus planes de despojo a la clase obrera. Anticipamos, que no nos encontrarán jamás en ese lugar, lucharemos siempre, por la defensa de los derechos de los trabajadores y sus familias», aseveran.
Más adelante recordaron: «Este sindicato viene denunciando desde el comienzo de la nueva gestión municipal, la inaccesibilidad al intendente Nikisch para el tratamiento de este tema tan importante. Sin embargo, la ciudad es un basural a cielo abierto, con salvedad de la Bienal en la cual ha concentrado todo su esfuerzo.
Y allí quedaron expuestos, invirtieron millones en espectáculos, pero no pueden invertir tiempo en escuchar a los trabajadores que quedarán en la calle cuando, con solo una décima parte de los recursos destinados a la muestra de arte bastaría para poder asegurarle el ingreso a 70 familias resistencias».
Ante lo cual afirmaron: «Plantaremos bandera junto al trabajador y sus familias en defensa de sus derechos, y es hora de que el gobierno municipal asuma la responsabilidad de sus decisiones y la falta de planificación, como así también, su falta de interés del sufrimiento de las personas que comprenden su municipio. Solo en ese momento cesará nuestro reclamo y nuestra lucha».
Posible judicialización
Mientras que en contacto con Radio Libertad, Alegre reiteró que «desde principio de año estamos hablando con la Municipalidad, pero son personas que no tienen empatía para con los trabajadores, han dejado en la calle a 70 compañeros, por eso pedimos que los empleados de la empresa Santa Elena pasen al municipio, ya que vienen trabajando hace 17 años con distintas instituciones tercerizadas».
«Hubo una reunión en abril donde los funcionarios habían asegurado la continuidad de los trabajadores, pero en junio avisaron que no iban a seguir. Pedimos una reunión y nos dijeron que ellos no tenían nada que ver», dijo.
«Nosotros queremos que tomen a los compañeros, independientemente de su afiliación a un gremio, pero no quieren tener conversaciones con el sindicato ni con los trabajadores, los están llamando de a uno para ofrecerles 200.000 pesos por turno, cada uno dura 6 horas», indicó.
«Hemos hecho un pedido de amparo, de conciliación, pero no nos han contestado y vamos a continuar con las medidas de fuerza» dijo y agregó que «quienes manejan el camión deben estar afiliados al Sindicato de Camioneros y algunos vehículos ni siquiera tienen patente, por lo que vamos a hacer los controles necesarios».
Alegre también denunció que los camiones que se están utilizando actualmente son los mismos que se empleaban cuando estaba vigente la empresa PIMP.
«Si para el miércoles o jueves la Dirección de Trabajo de la provincia no llama a conciliación o no envía agentes para realizar las inspecciones a los camiones nuevos, vamos a judicializar esta cuestión y el paro va a continuar más allá del 31 de julio», sentenció.
Sobre el camión recolector que se incendió este fin de semana, Alegre señaló: «Nosotros no actuamos de esa manera, defendemos a los trabajadores pero no así. No tuvimos nada que ver».
Por otra parte, puso de manifiesto la deuda de más de 600 millones de pesos que el Municipio tiene con la empresa Santa Elena. «Con esa plata se pagarán las indemnizaciones, pero queremos que sigan trabajando».