El ex legislador y ex fiscal de Estado, Armando Aquino Britos, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, reflexionó sobre el proyecto que impulsa el Gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad en todo el país.
El especialista calificó a la medida «insuficiente» y remarcó que una propuesta de ese tenor debe ser adecuada a políticas públicas más integrales que aborden las causas profundas de la delincuencia juvenil, como la falta de oportunidades, educación y acceso a servicios básicos.
Aquino Britos advirtió que la reforma implicaría un endurecimiento de las penas y sanciones para los adolescentes infractores, y subrayó que el combate a la delincuencia juvenil necesita de una política criminal más integral que incluya medidas de prevención y reinserción social.
¿Cuál es su opinión general sobre el proyecto del Gobierno central que propone bajar la inimputabilidad del delito en el sistema penal?
-El proyecto del Gobierno tiene como finalidad establecer un nuevo régimen penal aplicable a las personas adolescentes cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro. Puede ser una medida adecuada, pero en el marco de políticas públicas más integrales y también inclusivas, que es lo que falta.
¿Qué implicancias cree que tendría esta reforma en el sistema de la justicia penal?
-Sin dudas habrá más sanciones y penalidades más severas, lo que me parece insuficiente, pues no obedece a una política criminal integral y correcta.
¿Qué efectos considera que tendría la reducción de la edad de inimputabilidad en la rehabilitación y reintegración social de los menores?
-El objetivo de la ley es procurar que los menores superen el riesgo social y la conflictividad. El proyecto de ley contempla aspectos que hacen a la proporcionalidad, legalidad y necesidad de implementar esta reforma, pero insisto, no es suficiente.
TASA DE REINCIDENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
¿Cómo podría afectar esta reforma a la tasa de reincidencia entre jóvenes infractores?
-Como dije, habrá más sanciones, pero falta el diseño de una política criminal que prevea una acción preventiva, de contención social, ya que el derecho penal, como expresión sancionadora del Estado, debe ser el último recurso, no la aplicación lisa y llana de una sanción si antes el Estado no desarrolló políticas de prevención y contención social. Se habla de cárceles y sanciones, pero no se habla de la necesidad de que el Estado debe proporcionar libro, escuela, pan, trabajo, salud y contención. Si garantizas eso como mínimo y se transgrede la ley, ahí sí sanciona. Por eso, la mejor política es la prevención, que disuade y persuade al menor de que el camino no es el delito… pero dale esa oportunidad antes.
El ministro Mariano Cúneo Libarona ha expresado que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años. ¿Cuál es su posición respecto a esta propuesta?
-Es posible que deba bajarse la edad de imputabilidad, pero lo cierto es que se necesita una política criminal más integral y que también contemple a los sectores más vulnerables que están fuera del contrato social por exclusión y abandono del Estado. No sólo es un problema de normatividad -la ley- sino de normalidad de la realidad social. El derecho no se reduce sólo a la sanción. El Estado no puede desertar de sus deberes básicos.
Cúneo Libarona sostiene que a los 14 años los chicos muestran una personalidad que merece la atención y la sanción; ¿Está de acuerdo con esta afirmación o no? ¿Por qué?
-Reitero que no alcanza con esta visión. Si no garantizas inclusión y equidad, ¿cómo vas a exigir la satisfacción con el sistema y encima conformidad con un modelo que los excluye? Esto también debe ser contemplado para que se entienda: te doy todo esto, no cumplís tu parte como integrante de la sociedad, pues violás la ley, entonces te sanciono. Esta debe ser la lógica inclusiva y legítima de una democracia constitucional. El Estado debería preocuparse más y mejor en luchar contra la corrupción, imponer penas más altas por delitos contra la administración pública, multas severas para estos delitos, inhabilitación a perpetuidad para quien se enriquezca ilícitamente, y sacar del ámbito de las relaciones con el Estado a quienes cometan estos delitos. Deberíamos reclamar con énfasis cuando a un empresario como Calcaterra se lo quiere beneficiar con una sentencia exculpatoria, señalando que es aporte de campaña cuando es una coima gravísima para favorecerse él y el funcionario cómplice. Eso es grave. Sanciona y persigue primero y sin exclusiones a los delitos de cuello blanco.
«Falta formación cívica»
¿Qué evidencia o estudios considera relevante al evaluar la capacidad de discernimiento y responsabilidad penal de los menores de 14 años?
-Cierto es que este nuevo siglo trajo una revolución tecnológica en materia de información, se borran fronteras y achican distancias, pero también es cierto que la información es superficial, apela a los instintos y se basa en prejuicios emotivos. Falta educación pública, no sólo la escolar, formación cívica profunda en este sentido. No alcanza con meter palos tenga la edad que tenga, dale primero la posibilidad de un trabajo y una educación, integrá a todos y verás cómo baja el delito.
«El Estado debe ser visto como referencia legítima»
¿Considera que este debate abre la oportunidad para desarrollar un sistema procesal distinto para los menores?
-Hay un régimen penal para la minoridad y se debe seguir con este sistema con aspectos educativos y formativos de quien cayó en el delito para lograr su rehabilitación. Cuando el artículo 18 de la Constitución dice cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas… impone ese deber: seguridad también para la sociedad que si deposita en el Estado una persona que violó la ley, debe asegurarse que el sistema le devolverá -luego de cumplida la sanción y cumplida la pena- como un individuo que no volverá a delinquir. Estamos lejos de esto. Las cárceles no pueden ser un curso de posgrado en mejorar las cualidades para el delito, como sucede en la mayoría de los casos.
¿Cómo se podría asegurar que un nuevo sistema procesal sea efectivo y justo para los menores?
-En la actualidad existe dentro del sistema judicial un área especial que contempla esta situación. Hay que dotar a los medios para ser eficaz, es indispensable la asistencia a los menores, psicológica y educativa, y buscar los mecanismos de una futura integración social. Por ello los roles dentro del Ministerio Público de acusar, defender y asistir deben ser llevados por agencias estatales diferentes.
¿Qué rol deberían jugar las medidas socioeducativas y de prevención en este nuevo marco legal?
-Como dije antes, falta una política criminal integradora, preventiva y disuasiva orientada al menor, que se complemente con una política social que el Estado debe garantizar como señala la Carta Democrática interamericana de 2001.
Desde su experiencia como ex fiscal y ex legislador, ¿qué recomendaciones haría para abordar la delincuencia juvenil de manera efectiva y humanitaria?
-Me niego a mirar sólo este aspecto, sería una visión sesgada. Falta política criminal donde el Estado sea visto como una referencia legitima en exigir comportamientos, pues se educa con la conducta del ejemplo y luego con políticas de inclusión con equidad. Si todos los costos los pagan los sectores más humildes y el esfuerzo posa en los que menos tienen, no habrá legitimidad alguna en un Estado que debe ser la resultante de un pacto social que nos contenga a todos.