La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, levantó ayer el secreto de sumario que había impuesto sobre el expediente que investiga la posible sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5), el chico que fue visto por última vez el 13 de junio en el paraje El Algarrobal, de 9 de Julio (Corrientes).
Los motivos de la decisión, confirmada a Infobae por varias fuentes en torno al expediente, por lo pronto se desconocen.
Así, la jueza debe resolver en un plazo de diez días la situación de los siete detenidos del caso, hoy encerrados en varias cárceles como los penales federales de Güemes, Salta, Resistencia, Marcos Paz y Ezeiza. Son Victoria Caivalla, Carlos Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Mónica Millapi y Daniel Fierrito Ramírez. Todos ellos están imputados como coautores de la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Así, Pozzer Penzo deberá definir si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito en base a las pruebas disponibles.
Mientras tanto, la Justicia agota las medidas para buscar una pista firme que lleve a esclarecer qué pasó con Loan. Todavía no se cuenta con un rastro: la pericia de ADN al material genético hallado en la camioneta Ford Ranger del marino Carlos Pérez no determinó compatibilidad con el perfil de Loan, extraído de la ropa que entregó su familia. La rueda de indagatorias de este mes tampoco dio con datos significativos que permitan avanzar en el expediente.
En la misma resolución en la que rechazó que Corrientes se convierta en querellante en la causa, Pozzer Penzo dejó sentado que todavía se espera la declaración, presencial o por escrito, de los primeros fiscales que tuvo la causa. En el ítem siguiente, la funcionaria también llamó a testimonial a un periodista que dio su versión de lo que cree que sucedió con el nene en un video.
En cuanto a los primeros fiscales del caso, en el fuero provincial, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, la magistrada reveló «ya fueron citados a ser oídos y aportar la información del caso muy urgente y prioritaria, y específicamente a pedido de los fiscales del caso federales para que, puntualmente, depongan sobre los fundamentos del criterio que permitió el cambio de calificación del ilícito de la ‘desaparición’ a la ‘captación’ del menor».
Los fiscales federales de Goya y la Protex, Mariano de Guzmán y Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, respectivamente, habían pedido a la jueza que cite a sus colegas provinciales para entender por qué consideraron que el caso Loan debían ir a la esfera federal, con un expediente por captación con fines de explotación.
De la misma manera, la jueza dispuso citar al periodista Alejandro Puebla a prestar declaración testimonial por un video que se publicó en redes sociales en donde aporta su teoría del caso.
La magistrada quiere que, tras ese video, el periodista «aporte su conocimiento sobre los hechos objeto de proceso».
Además, le pidió al fiscal de Estado, Horacio David Ortega, que entregue toda esa información que tenía para aportar y que dio como argumento extra para solventar su postura como aspirante a querellante por Corrientes, más allá de que no podrá ser parte de la causa Loan.
José negó que su madre sea capaz de borrar llamadas
José Peña, padre del pequeño Loan, defendió a su madre, Catalina Peña, después de que se revelara que el teléfono de la anciana registró 166 llamadas el día de la desaparición del niño, de las cuales 34 fueron eliminadas.
«Me dijo que no llamó a nadie», afirmó José en una entrevista televisiva, destacando la incapacidad de su madre (86) para manejar el celular de manera compleja: «Mi mamá no sabe borrar mensajes ni sabe mandar».
El análisis del celular de Catalina mostró una actividad telefónica significativa el 13 de junio, día de la desaparición de Loan.
Los investigadores confirmaron que 34 de esas llamadas fueron borradas, lo que generó sospechas y llevó a José Peña a sugerir que Laudelina, tía de Loan y detenida en relación al caso, o su hija Macarena, podrían haber borrado las comunicaciones.
Horas antes, Catalina Peña había declarado: «No sé borrar llamadas, nada que ver. ¿Para qué voy a mentir?», reafirmando su desconocimiento en el manejo del celular.
El caso continúa su curso judicial, ahora con el levantamiento del secreto de sumario dispuesto por la Justicia federal ayer, lo que permitirá un mayor acceso a la información del expediente y, posiblemente, avances en la investigación.