Senadores de la oposición y del oficialismo protagonizaron ayer un duro cruce en la sesión ordinaria de la Cámara alta correntina, luego de que el bloque opositor intentara instalar que hubo un mensaje mafioso de parte del ministro general de la Gobernación, Carlos Vignolo, en declaraciones a una radio capitalina, en la que el funcionario del Ejecutivo provincial afirmó que, en un tiempo próximo, el Gobierno se ocuparía de los «caranchos».
«Para nosotros es importante tratar este proyecto de declaración para poder repudiar desde esta cámara los dichos del ministro general de la Gobernación, Vignolo», expresó el senador opositor José Ruiz Aragón remarcando: «A nosotros no nos parece que tengamos que naturalizar dichos que se hacen en los medios, especialmente cuando no nos preocupa que sea así… Primero, porque nos parece que el origen de esa palabra, ‘caranchear’, tiene más que ver con la verdadera violencia que con nosotros».
En respuesta, el referente radical Noel Breard dejó en claro que el radicalismo se encargará de exponer a quienes intentaron sacar provecho de un caso tan lamentable como el de Loan Peña en las elecciones del próximo año, remarcó que la discusión en ciernes se trataba de otro capítulo de un discurso politizado que no tiene relación con el esclarecimiento de la desaparición del menor, que en la Justicia involucra al núcleo intrafamiliar del mismo, al exmarino Carlos Pérez y a la ex funcionaria municipal Victoria Caillava.
«Lo que dice Vignolo es claro: hoy lo importante es Loan», apuntó el senador radical, subrayando: «No nos vamos a poner a ver quiénes son los caranchos; ese es un tema que discutiremos electoralmente». «Y lo discutiremos en la campaña electoral, que es un tema secundario en este momento», dijo Breard en alusión a lo dicho por el ministro.
«No solo él (Vignolo) quiere justicia, el Gobierno también tiene justicia, todos queremos justicia y que aparezca Loan, porque aquí nadie de los presentes escondía a Loan», remarcó.
«Eso se está discutiendo en el Juzgado Federal, y los imputados, o en principio detenidos, son parte del entorno intrafamiliar, junto con el capitán Pérez y la señora Caillava», afirmó el legislador, recalcando: «Ahí está la identificación, ahí desapareció el chico».
«Todo esto, posterior, relacionado con el gobernador y Pellegrini, son hechos adicionales que no tienen nada que ver con la desaparición de Loan», sostuvo Breard, subrayando: «No somos mafiosos, no hemos hecho nada de eso».
Corrientes apelará la exclusión de su querella
El Fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, adelantó que el gobierno de la provincia planea apelar el rechazo de la Justicia Federal con sede en Goya a la querella de la provincia en la causa Loan Peña.
En declaraciones a distintos medios, el fiscal consideró que la provincia debe ejercer sus derechos en la investigación de la desaparición del menor, basándose en convenciones internacionales que obligan a los estados a actuar en estos casos.
El titular del órgano acusador, además, destacó que, en el mismo acto, la jueza Cristina Pozzer Penzo, en ejercicio de su competencia, aceptara las pruebas presentadas por la provincia, incluyendo informes de fiscales anteriores y otros elementos relevantes.
Taxativamente, el fiscal enfatizó el deber de apelar la decisión, ya que, a pesar del rechazo, se ha reconocido la validez de las pruebas aportadas por la provincia.
En paralelo, explicó que la crítica a la Fiscalía y al Gobierno expresada por sectores de oposición al gobierno por el tiempo de respuesta en la querella se debe a restricciones iniciales impuestas por la propia jueza que limitaban la intervención de la provincia, y subrayó que, una vez superadas, se solicitó la intervención como querellante y el procesamiento de los detenidos con base en el material probatorio.
TRÁMITE EN PROCESO
Ortega confirmó que la apelación está en proceso, y que su despacho tiene tienen hasta este viernes para presentarla.
El fiscal enfatizó que, a pesar de la obligación legal de apelar cualquier resolución desfavorable, hay fundamentos sólidos para que la Cámara permita la actuación del Estado provincial como querellante.
El titular del órgano acusador remarcó que el dictamen de la jueza mencionó la necesidad de que la fiscalía aporte medidas probatorias, y explicó que el objetivo es colaborar en el esclarecimiento del caso remarcando que la provincia está dispuesta a aportar toda la información y pruebas necesarias.
El fiscal sostuvo que la apelación busca consolidar el rol del Estado como querellante, diferenciándose de la mera aportación de pruebas, argumentando que, aunque la jueza aceptó pruebas, la intervención como querellante permite al Estado colaborar de manera más activa en la investigación.
Ortega insistió en que la imposibilidad de intervención en las primeras etapas se debió a restricciones judiciales, y en que una vez levantadas, se solicitó formalmente la querella para proteger los derechos del menor y cumplir con las convenciones internacionales.
ADMISIBILIDAD BAJO COMPETENCIA
DEL PODER JUDICIAL
El fiscal de Estado, por otra parte, remarcó que, aunque el Estado de Corrientes haya decidido intervenir en el caso, el criterio de admisibilidad de la intervención queda a cargo del Poder Judicial.
No obstante, remarcó que, a pesar de la decisión de la jueza, el Estado tiene un interés legítimo y el derecho de participar en la causa para garantizar el cumplimiento de los derechos del menor.
Ortega recordó que la jueza determinó que los derechos del menor estaban garantizados por órganos judiciales competentes, decisión ante la cual la fiscalía discrepa considerando que hay suficientes fundamentos para apelar y asegurar la participación del Estado en la causa.