El celular del ex Presidente fue secuestrado luego de que se lo acusara de violar la orden de no comunicarse con Fabiola Yañez, tras la denuncia en su contra por violencia de género. Ahora el aparato podría servir para recabar pruebas en la causa que lo investiga por corrupción.
El fiscal Carlos Rívolo presentó este viernes un escrito al juez Julián Ercolini con un pedido clave: quiere que del análisis del teléfono del ex presidente Alberto Fernández, que fue secuestrado tras la denuncia por violencia de su ex pareja Fabiola Yañez, se extraigan los elementos y conversaciones que puedan ser de interés para la otra causa que tienen en su contra el ex jefe de Estado: los negocios de corrupción con los seguros.
Se trata de un escenario nuevo para el ex jefe de Estado. Su teléfono no había sido secuestrado en el marco de la causa de los seguros cuando otros investigados, como el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, fueron allanados. Ese fue precisamente el disparador de la denuncia que ahora encabezó Fabiola en su contra. Del teléfono de Cantero, secretaria de Alberto Fernández, aparecieron los diálogos y fotos en los que Fabiola Yañez cuenta que estaba siendo golpeada por el entonces presidente.
El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa junto a Rívolo, separó ese material en un legajo aparte y a través del abogado Juan Pablo Fioribello contactó a Fabiola Yañez, que vive en España, para invitarla a denunciar.
Esta clase de investigaciones sólo pueden avanzar si la víctima es la que denuncia. En ese momento, Fabiola había elegido no hacerlo, pero el 5 de agosto, tras la difusión de que había acusaciones por violencia de género y la enorme repercusión pública que esto tuvo, Fabiola Yañez se volvió a comunicar con el juzgado de Ercolini. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, le dijo al juez. Durante 40 minutos, vía zoom, la ex Primera Dama afirmó estar sufriendo “terrorismo psicológico” y “acoso telefónico” para que no lo acusara.
En ese contexto, el juez dictó una serie de medidas cautelares: le prohibió al ex Presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”. Le prohibió la salida del país y le planteó al Ministerio de Seguridad reforzar la custodia de Fabiola. Aunque viven en continentes distintos, la orden incluye una prohibición de acercarse a Fabiola en un radio de 500 metros.
El viernes 9 de agosto, a pedido del fiscal Rívolo, el juez Ercolini mandó el caso a sorteo para separarlo del expediente seguros. La denuncia recayó en manos de Ercolini (por otro juzgado) y del fiscal Ramiro González, que por esas horas estaba de licencia. El fiscal Rívolo, que había escuchado a Fabiola en un zoom, pidió el secuestro de celular de Alberto Fernández: su ex esposa había dicho que siguió hostigándola luego de la orden de restricción en su contra.
Esta semana, Fabiola declaró formalmente, Alberto Fernández quedó efectivamente imputado y se pidieron las primeras medidas de investigación, que incluyen informes, citaciones e inspecciones a la quinta de Olivos. El peritaje del celular está pendiente para saber si efectivamente la hostigó.
En la causa de los seguros, el fiscal Rívolo presentó esta mañana un escrito al que accedió Infobae: “Independientemente de los límites con los que Vuestra Señoría eventualmente ordene el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse de esos dispositivos y su posterior inclusión en el expediente mencionado y, teniendo en cuenta que las herramientas técnicas usualmente utilizadas para realizar este tipo de extracciones no admiten limitación, sino que extraen la totalidad del contenido de los dispositivos; es que vengo por medio del presente a requerir a V.S que, ante la posibilidad de que al momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información extraída de esos dispositivos, V.S constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa en la que se encuentra investigado el nombrado, se agreguen como prueba en estas actuaciones”.
Infobae