El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes reconsiderará la fecha fijada para el inicio del juicio por la desaparición de Loan, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio.
La decisión fue anunciada durante la audiencia preliminar celebrada para organizar el debate oral correspondiente a las dos causas acumuladas en las que se investigó a 17 personas por la presunta sustracción, ocultamiento y maniobras posteriores vinculadas a la desaparición del menor.
En esa instancia, los magistrados habían informado que el juicio comenzaría el miércoles 7 de octubre próximo, con audiencias presenciales dos veces por semana, los días miércoles y jueves, hasta diciembre de 2026.
Sin embargo, tras un planteo del fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, acompañado por la querella y varias defensas, el tribunal se comprometió a revisar su agenda con el objetivo de evaluar un eventual adelantamiento de la fecha de inicio.
Durante su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal subrayó la necesidad de imprimir celeridad al proceso. «Estamos esperando justicia. Este es un caso que amerita justicia y lo más pronto posible», sostuvo.
A continuación, agregó: «Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está».
Los jueces señalaron que analizarán nuevamente el cronograma junto con los equipos técnicos de cada tribunal involucrado y que la nueva fecha será comunicada al momento de dictar el auto de admisión de prueba. También indicaron que podrían establecer audiencias intercaladas, en lugar de mantener una frecuencia fija y continuada de dos jornadas semanales.
La audiencia preliminar comenzó pasadas las 9 en el salón auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), ante un tribunal integrado por Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco, Eduardo Ariel Belforte y Enrique Jorge Bosch como juez sustituto. Allí se abordaron cuestiones organizativas y probatorias de cara al futuro debate oral.
ORGANIZACIÓN DEL DEBATE Y CRITERIOS PROBATORIOS
En la apertura de la audiencia, el juez Ceroleni explicó que el objetivo central era delimitar la prueba a aquella que resultara dirimente o relevante para «llegar a un debate limpio y que no se repitan cuestiones».
En ese marco, otorgó a las partes un plazo de 15 días para adecuar sus ofrecimientos probatorios a los lineamientos fijados por el tribunal.
Asimismo, se confirmó que el juicio será de carácter presencial y que el público podrá asistir a la lectura de la acusación, a los alegatos y a la lectura de la sentencia.
No obstante, los magistrados aclararon que admitirán, en determinados casos, la participación de algunas partes a través de medios virtuales, previa evaluación específica de cada solicitud.
Al fundamentar la fijación inicial de la fecha de octubre, el juez Ceroleni indicó que el tribunal es «absolutamente consciente de la urgencia que hay en este caso, de lo complejo que es el caso». Añadió que «compatibilizar, congeniar las fechas» implicó «un esfuerzo extraordinario» y que la determinación adoptada no fue «caprichosa», en atención a que el tribunal está integrado por jueces de distintas jurisdicciones.
Tras un cuarto intermedio y luego de considerar los planteos del Ministerio Público Fiscal y de las partes, los magistrados resolvieron rever el calendario.
En ese contexto, señalaron que la reorganización requerirá coordinación administrativa y técnica para establecer nuevas fechas que permitan adelantar el inicio del debate sin afectar otros compromisos jurisdiccionales.
La audiencia también incluyó discusiones sobre la modalidad de producción de prueba testimonial y documental, así como sobre la eventual realización de diligencias complementarias durante el desarrollo del juicio, con el propósito de garantizar un tratamiento exhaustivo de los hechos investigados.
Prueba testimonial
En relación con la producción de prueba, la fiscala general subrogante Tamara Pourcel precisó que el objetivo del debate es esclarecer los hechos vinculados con la desaparición del niño. «En este debate, lo que se está tratando de conseguir justicia para un menor de 5 años que aún hoy se encuentra desaparecido y queremos saber la verdad real de los hechos», afirmó.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que 161 personas presten declaración testimonial durante el juicio y propuso prescindir de la citación de otros 588 testigos, siempre que sus declaraciones se incorporen por lectura y no sean objetadas por las defensas.
Ante la oposición de algunos defensores a esa modalidad, el MPF pidió entonces que se convoque a la totalidad de los testigos propuestos.
En el tramo final de su exposición, Schaefer reiteró la urgencia del caso al señalar: «Este es un caso que amerita justicia y lo más pronto posible. Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está».
Durante la audiencia también se abordó el uso, por parte de familiares del niño, de remeras con su imagen en las audiencias. Ante cuestionamientos formulados, el Ministerio Público Fiscal manifestó que no veía inconvenientes, dado que se mantiene vigente el Alerta Sofía respecto del menor, quien actualmente tendría 6 años.
Por su parte, las querellas solicitaron como medida de instrucción suplementaria la realización de una reconstrucción del hecho y el análisis de las comunicaciones mantenidas por las personas imputadas. El tribunal indicó que la reconstrucción en el lugar podría concretarse una vez iniciado el debate, en alguna de las audiencias programadas.
Equipo fiscal y debate sobre la «igualdad de armas»
Otro de los ejes centrales de la audiencia fue la intervención del equipo fiscal. El Ministerio Público Fiscal (MPF) prevé actuar en el debate a través del fiscal general Carlos Schaefer, la fiscala general subrogante Tamara Ahimará Pourcel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.
Algunas defensas objetaron esa integración por considerar que no existiría «igualdad de armas» en el proceso. Frente a ese cuestionamiento, Schaefer defendió la conformación del equipo al señalar que «la actuación del MPF, en su conjunto, lo que va a hacer es garantizar, justamente, la eficacia del MPF. Es un beneficio, no solamente para la primera víctima que es Loan, sino también para su familia y es también una garantía para los imputados. Contribuye a la transparencia y hace a la correcta administración de justicia».
El fiscal recordó que la Ley 27.148 Orgánica del Ministerio Público Fiscal faculta al procurador general de la Nación, en su artículo 12, a conformar equipos en causas de esta naturaleza.
En ese sentido, afirmó que «no existe ninguna prohibición legal para que pueda formarse un equipo» y advirtió que una decisión en sentido contrario implicaría «creando una normativa que no existe e inmiscuyéndose en la autonomía del MPFN, que lo establece el artículo 120 de la Constitución nacional».
Además, sostuvo que la actuación conjunta responde también a una cuestión de seguridad institucional y eficacia investigativa. «Tiene que ver con una cuestión de seguridad», expresó y agregó que la participación en equipo «debilita a las organizaciones criminales», en un contexto en el que, según indicó: «Estamos juzgando a un grupo de gente que, por lo menos, es responsable por la desaparición de un menor de edad de 5 años».
Schaefer adelantó que, en caso de no admitirse la intervención del Ministerio Público Fiscal en esas condiciones, recurrirá ante la Cámara de Casación por considerar que esa limitación «afecta la autonomía del Ministerio Público».