Si todo sale de acuerdo con lo estipulado por el Gobierno nacional, divorciarse podría ser más sencillo, al menos en lo que respecta al trámite. El Ejecutivo a cargo de Javier Milei envió este lunes un proyecto de ley que prevé la posibilidad de finalizar el matrimonio por vía administrativa, es decir, sin tener que recurrir a la Justicia. Según se detalló, esta posibilidad sólo sería válida si los cónyuges estén de acuerdo.
La nueva normativa busca reemplazar el artículo 435 del actual Código Civil y Comercial. Hasta ahora, estaban previstas tres causas para la disolución del matrimonio: muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio declarado judicialmente.
En la nueva fórmula propuesta, se suma un cuarto inciso, que tiene que ver con el divorcio en sede administrativa, una modalidad que quedaría equiparada en cuanto a sus efectos con el divorcio declarado judicialmente. Tambén se incorpora al artículo 437, que establece cómo legitimo el divorcio en sede administrativa, y aclara que debe ser “exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges”.
La solicitud, además, se debe formalizar ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal. El proyecto presentado lleva las firmas de Milei, del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Entre los argumentos que se desarrollan en la introducción de la propuesta se destaca la voluntad de agilizar el trámite y hacerlo más económico. “Se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo para una vía más simple, más rápida y más económica”.
Por otra parte, se plantea que los divorcios judiciales suelen demorar, por lo que “el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes durante ese período que no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad”. Además, sostiene, derivar estos casos a la vía administrativa ayudará a descomprimir la demanda que genera acumulación de causas en el sistema judicial.