Greenpeace denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el reciente Decreto del Poder Ejecutivo nacional 888/2024 dispone la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que administra los fondos de la Ley de Bosques.
La ONG afirmó que de esta forma, el presupuesto de la Ley de Bosques «puede ser utilizado por el Estado Nacional arbitrariamente, con cualquier otro destino, por lo que el dinero para la protección de los bosques no está a salvo».
«La falta de estos fondos pone en riesgo el control que hacen los gobiernos provinciales de los desmontes ilegales e incendios forestales, ya que el 30 por ciento se destina a apoyo institucional para esa función. El otro 70 por ciento se usa para promover actividades sustentables en los bosques», sostuvieron desde la organización ambientalista.
La presentación ante la Corte Suprema se hizo dentro de la causa judicial que Greenpeace mantiene desde hace cinco años contra Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y el Estado Nacional por «violar la Ley de Bosques, y poner en riesgo a los últimos 20 yaguaretés que se estima quedan en el Gran Chaco Argentino».
«La falta de financiamiento de la Ley de Bosques atenta con la protección de los bosques que habita el yaguareté y, por ende, contra su supervivencia», finalizaron desde la ONG.