A casi una semana y media del violento episodio, siguen las repercusiones y pedidos de esclarecimiento del caso Gabriela Casa, la abogada desalojada de su hogar por un polémico protocolo de salud mental.
Hubo protestas, solicitudes de informes, y una serie de posturas que hacen pensar que el procedimiento policial no se habría ajustado a la ley. Investigarán a la funcionaria que dio la orden y no se descarta que detrás de esto se enconda algún tipo de maniobra con intereses personales pero que tuvo a la mujer como víctima.
De hecho, el miércoles por la mañana, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, se presentó ante la Fiscalía 3, por el caso.
En diálogo con la prensa, solicitó informes al Ministerio de Seguridad, al de Salud, al órgano de Salud Mental y a la Fiscalía General, «por los procedimientos, para que nos relaten cómo fueron los hechos», dijo.
«Tras mantener una reunión con el ministro Jorge Gómez, hemos decidido presentarnos ante la Fiscalía 3, a cargo de la doctora (Roxana) Soto, para pedir autorización para correr vista a los expedientes», agregó.
«Con este acto, queremos acceder a la mayor información, la cual todavía no la hemos analizado. Tenemos preocupación sobre el procedimiento pero no queremos emitir opinión y debemos ser responsables», concluyó.
MÁS PEDIDOS
El diputado provincial Samuel Vargas, integrante del interbloque Juntos por el Cambio, dialogó con Radio Facundo Quiroga y afirmó que presentó una denuncia contra la defensora oficial Alicia Alcalá.
Esta surge a raíz de un operativo realizado por la Policía del Chaco contra Gabriela Casa, que ha sido objeto de controversias y cuestionamientos sobre la legitimidad de las órdenes emitidas para su ejecución.
Vargas, quien estuvo presente durante el operativo, destacó que «la Policía del Chaco no tiene nada que ver más allá de la orden de recibir», enfatizando que el foco debe estar en quién emitió esa orden.
Vecinos salieron en la defensa
de la mujer y pidieron una destitución
Alicia Alcalá dijo sentirse «extrañada» y explicó que este protocolo los viene explicando en todas la provincia hace 4 años «para proteger los derechos de las personas, derecho a la vida, a la salud, y a ser cuidada por el Estado», dijo.
El pasado lunes, amigos de la abogada Gabriela Casa, internada contra su voluntad, pidieron la destitución de la defensora general. Con una movilización hacia varios estamentos de la Justicia, los manifestantes atribuyeron responsabilidades a la defensora general sobre el impresionante despliegue del pasado lunes 7 en el domicilio de la empleada judicial.
Denunciaron que no solo la internaron involuntariamente, sino que además lo hicieron con un amplio operativo policial, camilla y chaleco de fuerza. Todo quedó registrado en un acto que realizó una escribana del barrio Provincias Unidas.
Alicia Alcalá
y la Policía serán investigados
El pasado martes, el director general del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, se refirió al caso de Gabriela Casa, quien fue retirada de su vivienda en el barrio España para ser internada en el área de Salud Mental del hospital Perrando.
Ante ello, anunció que se iniciaron las acciones investigativas para determinar la responsabilidad de los policías que participaron del procedimiento, el cual fue catalogado como «violento», por parte de familiares y amigos de la trabajadora del Poder Judicial.
«Iniciamos las actuaciones, hay varios pedidos de informe para la comisaría que actuó, a la Dirección de Zona, al órgano de revisión mental. En todo procedimiento policial queda detallado quiénes lo llevan adelante», sostuvo.
«Estamos en etapa de recolección de pruebas y ver quiénes intervinieron en el procedimiento multidisciplinario», agregó.
Asimismo, aclaró que hubo una orden de la Defensoría General del Poder Judicial, pero que en todo lo que tenga que ver con fiscales, magistrados y demás, no tiene injerencia el OCI.
«Tengo entendido que no ha habido delito, pero hubo un pedido de la defensora general respecto del estado de salud de Casa», expresó.
Además, remarcó que para ingresar a un domicilio, debe haber una orden judicial, «lo cual siempre debe ser expedida por un juez, y acá no había orden. Sin embargo, hay excepciones, como cuando hay incendios, inundaciones y cuando está en peligro la vida de la persona», destacó.
«Si hubo trasgresión de normas disciplinarias hay distintas categorías de penas. Se está investigando qué responsabilidad les puede caber a todos los que hayan participado, para determinar qué pasó, cómo y si hubo trasgresión. Si el COE ingresó, es porque hubo una orden y debemos averiguar quién la dio, de dónde vino, en qué marco y demás», concluyó.
Los jefes de fiscales exigen explicaciones
La Procuración General informa que el Ministerio Público Fiscal no tuvo intervención previa en los hechos que involucraron a Gabriela Karina Casa y que recién comenzó a actuar, una vez ocurridos, a partir de las denuncias radicadas en el Equipo Fiscal 3, a cargo de la fiscala Rosana Soto.
Al respecto, la dependencia tramita tres expedientes: el principal 33064/2024-1 Casa, Benjamín Leandro, s/ denuncia daños y los agregados 33405/2024 Comité para la Prevención de la Tortura (Ref. Gabriela Karina Casa) s/ remite actuaciones; y 33289/2024-1 Aquino, Celia Nilda s/ denuncia en los que la fiscalía requirió actuaciones e informes, pormenorizados con carácter de muy urgente, a todos los organismos intervinientes en el procedimiento llevado adelante el lunes 7 pasado en el domicilio de Casa.
Además, el Equipo Fiscal 3 recibirá declaraciones testimoniales y otros elementos de prueba que puedan ser incorporados a la causa a los fines de la investigación penal preparatoria.