Rectores de universidades argentinas renovaron desde el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reunido en la Ciudad de Buenos Aires, su demanda por un presupuesto acorde a las exigencias del año 2025. Este pedido busca asegurar la sostenibilidad de las instituciones, la recomposición salarial de sus trabajadores y la asistencia necesaria para los estudiantes.
Los representantes del CIN, que nuclea a las universidades nacionales del país, expresaron su preocupación por la falta de financiamiento adecuado, lo que afecta no solo el funcionamiento de las casas de estudio, sino también la calidad de la educación que pueden ofrecer. En este sentido, reiteraron que el presupuesto debe contemplar las necesidades reales del sistema universitario, que ha sido históricamente un pilar en la formación de profesionales y en la investigación científica.
Durante la reunión, se aprobó una declaración que exige que el presupuesto 2025 se base en las solicitudes previas del CIN.
Según se desprende de la reunión, el enfoque tiene como objetivo brindar previsibilidad en la gestión de las universidades, desde donde se asegura que actualmente los recursos para la recomposición salarial y la continuidad de los programas de asistencia a estudiantes no son suficientes.
Además, subrayaron la importancia de mantener los espacios de formación, producción científica y tecnológica, así como las líneas de extensión que permiten la vinculación con la comunidad.
PONER FIN AL
HOSTIGAMIENTO
En la declaración, también hicieron hincapié en la necesidad de evitar la difusión de noticias falsas y campañas de hostigamiento en torno al sistema universitario. «Pedimos al gobierno nacional racionalidad y respeto, el mismo que ha tenido el sistema universitario hasta aquí a pesar de tanta desconsideración y destrato», señalaron. Este llamado a la cordura se da en un contexto donde las universidades enfrentan un creciente desfinanciamiento, afectando su capacidad de respuesta ante las demandas educativas y sociales.
Los rectores destacaron que el sistema universitario argentino es uno de los más auditados del país. «No hay ente público más controlado que el sistema universitario», afirmaron, reiterando que las universidades nacionales rinden cuentas mensualmente sobre el uso de su presupuesto. En este sentido, la Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo competente para realizar las auditorías, y el CIN se comprometió a poner a disposición los dictámenes técnicos jurídicos elaborados para sustentar su postura.
Además, enfatizaron su disposición a trabajar con organismos que aporten a la transparencia del uso de recursos públicos, incluida la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Sin embargo, subrayaron que este trabajo debe realizarse en el marco del respeto por la autonomía y autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema universitario. «Rechazamos cualquier intento de intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito universitario público nacional», indicaron, reafirmando la necesidad de mantener la independencia del sistema.
APERTURA
Y ACCIÓN
En el documento, las autoridades universitarias indican que entidades autónomas, las instituciones acadèmicas han demostrado su capacidad de gestión y su compromiso con la formación de profesionales.
Sin embargo, advirtieron que el desfinanciamiento crónico podría poner en riesgo la calidad educativa y la misión fundamental de estas instituciones.
En este contexto, hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para que escuchen sus reclamos y actúen en consecuencia.
Momento crítico
La reunión del Comité Ejecutivo se enmarca en un momento que desde las casas académicas se advierte como crítico para la educación superior en Argentina.
En ese sentido, los recotres recordaron que las universidades nacionales han enfrentado recortes presupuestarios y limitaciones financieras que han repercutido en su capacidad de ofrecer una educación de calidad.
Remarcaron que la falta de recursos afecta no solo a los docentes y trabajadores, sino también a los estudiantes, que dependen de programas de asistencia y becas para continuar con sus estudios.
Educación universitaria, derecho fundamental
Asimismo, el CIN destacó que la educación universitaria es un derecho fundamental y un bien público que debe ser protegido y promovido. Las universidades son fundamentales para el desarrollo del país, ya que generan conocimiento, investigan y forman profesionales que aportan al crecimiento social y económico de Argentina.
Ante este panorama, los rectores reafirmaron su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. «Siempre hemos estado dispuestos a trabajar con las autoridades para garantizar el uso responsable de los recursos públicos», afirmaron, destacando que el sistema universitario se rige por principios de responsabilidad y ética en la gestión de fondos.