Ayer se llevó adelante una audiencia conciliatoria en el Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia para tratar el valor del boleto de colectivo, actualmente fijado en $710. El encuentro, presidido por el juez Julián Flores, no alcanzó un consenso, y se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 10 de diciembre.
En la reunión participaron representantes del gobierno provincial, encabezados por el subsecretario de Transporte, Mario Rodolfo Díaz; el defensor del pueblo, Bernardo Voloj; el diputado Santiago Pérez Pons; dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco; empresarios del transporte y vecinos.
El debate surge tras una medida cautelar dictada en octubre que retrotrajo la tarifa de $1.150 a $710, dejando en discusión cuál debería ser su valor final.
POSICIONES PRESENTADAS
Durante la audiencia, representantes del sector empresarial plantearon que la tarifa actual es insuficiente para cubrir los costos operativos del servicio. Por otro lado, desde el gobierno provincial se indicó que no es posible continuar otorgando subsidios adicionales debido a limitaciones presupuestarias.
La UTA Chaco advirtió que si no se garantiza el cumplimiento de los pagos salariales, podría haber medidas de fuerza. En tanto, se planteó como alternativa un aumento escalonado que llevaría el boleto a $900, propuesta que aún deberá ser analizada por las partes.
Al concluir la audiencia, el secretario general Raúl Abraham expresó su descontento. Según Abraham, el encuentro no logró avances concretos y dejó en evidencia la falta de atención hacia las necesidades de los trabajadores y los usuarios del transporte público.
«La audiencia no avanzó en nada y los empresarios no van a poder pagar los sueldos», afirmó.
Abraham destacó que participó en el encuentro por invitación del defensor del pueblo, aunque señaló que tuvo «poca oportunidad para hablar».
CRÍTICAS AL ENFOQUE DE LA AUDIENCIA
El dirigente de la UTA lamentó que en la reunión predominara la voz de los empresarios y representantes gubernamentales, dejando de lado las problemáticas de los trabajadores y los usuarios. «Es lamentable porque no se acercan a los trabajadores ni al usuario», subrayó.
En relación a los salarios, Abraham advirtió sobre la inminente dificultad de los empresarios para cumplir con los pagos. «Les comenté lo que va a pasar con los salarios cuando tengan que pagarlos. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque es una injusticia», sostuvo.
«Se tienen que lograr tarifas que sean accesibles, graduales, progresivas»
El defensor del pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, calificó en declaraciones a LA VOZ DEL CHACO la reunión como «positiva, en el sentido de que estuvieron las partes representadas: Fiscalía de Estado, a través del fiscal de Estado de la provincia, el doctor Herlein; la Subsecretaría de Transporte; nosotros como Defensoría del Pueblo; el sector empresario; las distintas empresas; el sector de los trabajadores; y también los amigos del Tribunal, más usuarios».
Voloj señaló que el encuentro fue «difícil, en el sentido de que se encontraron posiciones fuertes, cada una representando su sector y sus intereses».
Desde la Defensoría plantearon «la necesidad de que se tiene que mejorar y transparentar el acceso a la información, de que se tienen que lograr tarifas que sean accesibles, que sean graduales, que sean progresivas, y fundamentalmente que también se tiene que discutir la calidad y la eficiencia del servicio de transporte público».
El ombudsman también destacó que algunos actores consideran que «la tarifa de $710 es inviable», mientras que «la provincia sostiene que ellos supuestamente no pueden aportar más a subsidios».
En este contexto, enfatizó que «la tarifa tiene que ser una tarifa razonable, que $710, que es lo que valía antes de la última audiencia pública, es un valor que, hasta tanto no haya una propuesta superadora, debería mantenerse».
CRÍTICAS Y EXPECTATIVAS
Voloj lamentó la ausencia del ministro del área, Hugo Domínguez, indicando que su participación habría sido clave para «una definición más de tipo política y no técnica al momento de plantear propuestas alternativas u opciones».
Asimismo, subrayó que la postura de la Defensoría del Pueblo no responde a intereses políticos: «La decisión de la Defensoría de hacer una presentación judicial no tiene ninguna cuestión política. Lejos está de nuestro interés politizar la cuestión, sino que demos un debate maduro, serio, que no pongamos al usuario contra las cuerdas».
Por último, rechazó tarifas más altas como las planteadas anteriormente: «La realidad del Gran Resistencia y del usuario del transporte público no permite que se pague una tarifa de $1.150 o $1.300.
Entonces, no hablemos de sinceramiento, porque a nadie, absolutamente a nadie, le sinceraron los salarios».
La posición empresaria: impacto en los usuarios
Por su parte, el secretario de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), Gustavo Larrea, calificó la situación como «enormemente complicada» y señaló que «si no se llega a un acuerdo lo más rápido posible, la situación sin duda se va a complicar porque no se puede seguir trabajando con una tarifa de $710 al usuario y con los mismos aportes que se venían haciendo».
Larrea explicó que las tarifas actuales no contemplan los costos salariales que las empresas ya afrontaron en los últimos meses. «Esta tarifa contenía la nueva escala salarial que las empresas ya habíamos pagado en dos oportunidades, tanto en octubre como en noviembre.
Para noviembre tuvimos que hacer un aporte adicional para los salarios de octubre en concepto de préstamo de parte del gobierno, que ahora lo tenemos que devolver. Encima que vamos a tener que devolver aportes que hizo el gobierno en función de las tarifas que íbamos a contar, ahora resulta que tenemos menos tarifas», afirmó.
El dirigente explicó que, según cálculos del sector, la tarifa técnica es de $1.770. En este esquema, una tarifa intermedia podría implicar que los usuarios paguen $1.000 y que el Estado aporte los $770 restantes.
Sin embargo, para que esto sea viable, remarcó se requiere un acuerdo entre las partes.
POSIBLES ESCENARIOS
Larrea señaló que el conflicto podría resolverse a través de un acuerdo en el marco de la audiencia de conciliación, sin necesidad de convocar a nuevas audiencias públicas. «Esa modificación va a ser en relación a un acuerdo en el ámbito de la audiencia de conciliación. Si existe un acuerdo de tarifas intermedias y de aportes también, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es probable que el sistema pueda seguir funcionando medianamente bien», afirmó.
Por otra parte, advirtió que si no se encuentra una solución antes de la próxima audiencia, fijada para el 10 de diciembre, el sistema de transporte podría enfrentarse a conflictos laborales y operativos, afectando tanto a los trabajadores como a los usuarios.
El conflicto ocurre en un momento clave, con la proximidad de las festividades de fin de año. Larrea reconoció que cualquier interrupción del servicio afectará directamente a los ciudadanos. «Si no se puede pagar [los salarios], seguramente va a haber conflicto de vuelta, y sufre el pueblo, sufre la gente que debe tomar el transporte público», advirtió.