La familia de la niña Cielo anunció ayer, en conferencia de prensa, que solicitará el juicio político contra la jueza Karina Feldmann, a quien acusan de haber dictado un fallo parcializado que, según el abogado Juan Arreguín, «violenta a la menor en lugar de protegerla».
La presentación formal ya fue realizada ante el Consejo de la Magistratura y cuenta con el respaldo de organizaciones no gubernamentales y legisladores provinciales.
«La jueza debe
ser apartada»
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, Arreguín afirmó que la decisión de la jueza fue «arbitraria y carente de fundamentos sólidos».
Explicó que en la sentencia que resolvió separar a la menor de su madre y otorgar la guarda a sus abuelos, «el 95% del texto se enfoca en criticar a la madre, sin evaluar el impacto de esta medida en la niña», dijo.
«Es insólito que la jueza haya tomado esta decisión en pleno receso judicial, cuando los plazos procesales estaban suspendidos. Eso demuestra una clara intencionalidad», aseguró el letrado.
Arreguín también denunció que la ejecución del fallo fue violenta: «Un oficial de justicia actuó con brutalidad, dejando marcas en el cuerpo de la madre de la niña, mientras que el abuelo levantó a la menor como si fuera un objeto».
Además, sostuvo que el ingreso del abuelo a la vivienda «fue irregular, ya que no estaba contemplado en la orden judicial».
Falta de respuestas de la Justicia
El abogado de la familia también criticó la falta de celeridad en el tratamiento del caso: «Hace 52 días que estamos esperando una respuesta. Primero nos dijeron que esperemos que pasen las fiestas.
Luego intentamos hablar con los jueces de feria y ninguno nos atendió, ni siquiera al bisabuelo de 92 años», denunció. «Ahora, con la vuelta de la jueza Feldmann, seguimos sin ninguna solución», dijo.
Ante esta situación, la familia pidió la suspensión de la audiencia prevista para el 10 de febrero. «Consideramos que no están dadas las condiciones para que continúe el proceso en manos de la misma jueza», sostuvo Arreguín.
traslado irregular y restricción de contacto
Otro punto denunciado fue el presunto traslado irregular de la menor a Corrientes. «Sabemos que la niña estuvo alojada en la posada Don Julián, sin documentación, lo cual es ilegal. Además, sospechamos que el padre biológico pudo haber viajado con ella, pese a tener una orden de restricción», reveló el abogado.
Asimismo, Arreguín criticó la prohibición de contacto impuesta a la madre. «No se permite ningún tipo de vínculo, ni siquiera una videollamada. Los informes del equipo interdisciplinario confirman que la niña pregunta cuándo podrá ver a su madre y a su hermanita. Esto demuestra que no está tan bien como quieren hacer creer», argumentó.
Fundamentos cuestionados
Consultado sobre los motivos de la decisión judicial, Arreguín indicó que la jueza justificó la medida argumentando que la madre «obstruía la relación entre la niña y sus abuelos».
Sin embargo, señaló que la resolución omite un aspecto clave: «En la causa penal, la niña denunció que en la casa de sus abuelos fue abusada por su padre, y ese proceso ya está elevado a juicio. ¿Cómo se explica que la envíen allí?».
«No hay ningún indicio de que la madre sea un peligro para la menor. No estamos hablando de una mujer con problemas de adicción o antecedentes de violencia. Todo esto es una sanción encubierta contra ella, y la víctima es la niña», sostuvo.
La apelación y el pedido de juicio político
El caso ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que deberá determinar si la decisión de la jueza Feldmann fue correcta. «Esperamos que la Sala Cuarta revierta este fallo, y si no, iremos al Superior Tribunal de Justicia», adelantó Arreguín.
Paralelamente, el pedido de juicio político contra la jueza fue presentado a las 8.30 ante el Consejo de la Magistratura. «Estamos cuestionando su desempeño. No puede ser que una jueza de familia, cuya función es proteger a los menores, sea la que los violente», expresó el abogado.
«Un fallo inhumano»
Por último, el representante legal de la familia enfatizó que la decisión judicial contraviene los principios básicos del derecho de niñez.
«El centro de vida de la niña estaba con su madre y su hermanita. Tenía una vida social activa, iba a la escuela, a la colonia de vacaciones y a clases de danza. Arrancarla de ese entorno sin justificación es inhumano», aseveró.
«La ley reconoce el derecho del niño a ser escuchado y a participar del proceso. La jueza ignoró esto. Además, el equipo interdisciplinario y la asesora de menores se opusieron a la medida, pero su opinión no fue tenida en cuenta», concluyó Arreguín.