El subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco, Guillermo Agüero, defendió la reciente aprobación de una ley que reduce los impuestos provinciales.
La medida fue sancionada por la Legislatura chaqueña y apunta, principalmente, a bajar las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos.
En diálogo con el programa «La mañana de Natagalá», Agüero explicó que esta decisión forma parte de una estrategia de mediano y largo plazo para modificar la estructura económica de la provincia. Según señaló, el sistema actual está fuertemente orientado al sostenimiento de un aparato estatal sobredimensionado.
«El 85% de los recursos coparticipables se destinan a sueldos», afirmó el funcionario, subrayando la necesidad de corregir un modelo que, a su juicio, inhibe el crecimiento del sector privado.
Agüero manifestó que el objetivo central es dinamizar la economía, generar empleo genuino y reducir el éxodo de jóvenes calificados.
La disminución de impuestos provinciales se complementa, según precisó el subsecretario, con un plan de ajuste del gasto público. Este proceso se puso en marcha desde diciembre de 2023, coincidiendo con el inicio de la nueva gestión gubernamental.
El funcionario enfatizó que el ordenamiento de las cuentas públicas es condición indispensable para que la reducción de la presión tributaria no comprometa la estabilidad fiscal de la provincia. «Se terminó con los gastos inmorales», expresó Agüero en referencia a prácticas anteriores.
DENUNCIAS SOBRE LA GESTIÓN ANTERIOR
Durante la entrevista, Agüero formuló duras críticas hacia la administración provincial precedente. Según denunció, existió un «entramado de corrupción» que involucró a distintos sectores políticos y sociales vinculados al Estado.
Entre sus acusaciones, señaló la existencia de «contadores que lavaban dinero» y «piqueteros multimillonarios», en un contexto de elevada pobreza estructural. «La provincia más pobre del país con 60% de pobres en Resistencia», graficó.
El subsecretario remarcó que parte de los fondos públicos destinados a programas sociales habrían sido desviados para beneficiar a dirigentes de movimientos piqueteros. Para Agüero, estos gastos representaban «una inmoralidad» frente a los niveles de necesidad existentes.
La denuncia de prácticas irregulares se enmarca en una estrategia de diferenciación política que el actual gobierno impulsa desde su asunción.
En este sentido, el funcionario insistió en que la transparencia y el control del gasto son ejes fundamentales del nuevo rumbo económico.
Además, destacó que el ajuste en las erogaciones estatales permitió financiar la baja impositiva sin necesidad de endeudamiento ni de nuevos tributos que afecten al sector privado.
Consultado sobre eventuales investigaciones judiciales vinculadas a las denuncias, Agüero aclaró que esas cuestiones «corresponden a la Justicia» y evitó hacer mayores comentarios sobre procesos específicos.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y RESPALDO NACIONAL
Agüero respondió también a las críticas que advierten sobre una posible caída en la recaudación como consecuencia de la reducción impositiva. Sostuvo que el crecimiento del sector privado compensará, a mediano plazo, la disminución de ingresos fiscales.
«La disminución de la presión fiscal reactivará la economía», aseguró. En este marco, enfatizó que la política tributaria adoptada cuenta con el aval del presidente Javier Milei, quien habría manifestado públicamente su apoyo a la decisión del gobierno chaqueño.
«No tenemos otra salida: debemos potenciar el sector privado», sentenció Agüero, resumiendo la filosofía económica que guía la actual administración provincial.
El subsecretario explicó que la creación de un clima de negocios favorable es clave para atraer inversiones, fomentar nuevas empresas y generar puestos de trabajo sostenibles en el tiempo.
Según su análisis, la presión tributaria excesiva actuaba como un «freno» al desarrollo productivo y alentaba la informalidad laboral y la emigración de jóvenes profesionales hacia otras provincias o al exterior.
Agüero consideró que la nueva política tributaria forma parte de un cambio cultural más amplio, orientado a reducir la dependencia del Estado y fortalecer la iniciativa privada como motor de crecimiento.