El presidente de La Libertad Avanza, Alfredo Capi Rodríguez, se pronunció públicamente contra el fiscal federal Patricio Sabadini, relacionada con supuestos hechos de corrupción en organismos nacionales como Pami y la Anses en el Chaco y otras provincias.
Rodríguez calificó la medida como carente de «sustento administrativo y jurídico», y denunció que se basa en información «falsa» difundida por un medio televisivo.
El dirigente consideró que la actuación del fiscal se inició sin pruebas concretas y que representa «una utilización indebida de los recursos judiciales».
El conflicto se desató tras la difusión de una noticia televisiva que hacía referencia a presuntos pedidos de retorno salarial por parte de funcionarios o empleados de Pami y la Anses en diversas provincias.
La denuncia indicaba que dichos trabajadores debían entregar un porcentaje de sus haberes para conservar sus cargos.
Según Rodríguez, esa información «ya fue desmentida» y no cuenta con sustento probatorio alguno. «Acá vemos un fiscal federal que ve una noticia y mueve todo el aparato judicial sin prueba alguna, ni fundamento, ni sustento fáctico», expresó.
El dirigente libertario sostuvo que este tipo de actuaciones «genera un gasto innecesario de recursos públicos», y advirtió que el expediente judicial citado «no corresponde a ninguna causa válida ni activa». También mencionó que la medida carece de detalles sobre medidas probatorias.
SEÑALAMIENTOS SOBRE FALTA DE FUNDAMENTO
Rodríguez enfatizó que el accionar del fiscal opera sobre ausencia de elementos jurídicos firmes.
Señaló que en el expediente se hace mención a una planilla con nombres y números, «sin firmas, ni sellos», y remarcó que eso fue lo único que se utilizó como base para poner en marcha una causa judicial.
El presidente de La Libertad Avanza sostuvo que la medida en cuestión «no cita en su contenido ningún elemento probatorio con fuerza jurídica» y la calificó como «una desprolijidad gravísima».
Además, afirmó que ni siquiera se detallan medidas probatorias concretas, y que el fiscal colocó «puntos suspensivos» en ese apartado del expediente.
Por otra parte, manifestó su preocupación por lo que considera una instrumentalización de la Justicia basada en información mediática. «Todo por una simple nota periodística, que ya fue desmentida», insistió.
El dirigente libertario remarcó que este tipo de acciones afectan la credibilidad del sistema judicial y generan un desgaste institucional que perjudica tanto a los organismos involucrados como al propio Estado.
En ese sentido, enfatizó que su espacio político «está a disposición» de la Justicia, pero que esperan ser convocados bajo condiciones serias y con sustento legal.
DENUNCIAS ANTERIORES Y AUSENCIA DE ACCIÓN
Rodríguez también aprovechó la ocasión para recordar que desde su espacio político vienen denunciando, desde hace más de un año, la existencia de pensiones no contributivas irregulares.
«Hace más de un año estamos denunciando las PNC truchas que entregaban gestiones anteriores, y este fiscal no movió un dedo en este tema», reclamó.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) son otorgadas por el Estado a personas en situación de vulnerabilidad, sin necesidad de aportes previos al sistema previsional.
El dirigente planteó que en gestiones anteriores este sistema habría sido utilizado de forma discrecional, lo que a su entender se tradujo en clientelismo y corrupción estructural.
En este sentido, afirmó que su gestión está enfocada en «resolver problemas estructurales y de fondo» dentro de organismos como la Anses, históricamente cuestionados por su vínculo con la política.
Implicancias políticas
y administrativas
La denuncia mediática que dio origen a la causa en cuestión incluyó a varias provincias, pero tuvo especial impacto en el Chaco, donde La Libertad Avanza busca consolidarse como fuerza opositora con vocación de gobierno.
Rodríguez planteó que este tipo de medidas judiciales «confunden a la opinión pública y desvían la atención de las verdaderas reformas que se están llevando adelante».
Según sus declaraciones, la Anses y otros organismos del Estado deben ser reformulados para evitar su utilización como «caja política» y canalizar sus recursos hacia políticas de inclusión reales y sustentables.
El dirigente, también, enmarca su crítica en un contexto de tensión entre sectores de la Justicia Federal y actores del oficialismo libertario, que cuestionan lo que perciben como «judicialización mediática» de la política.
Se remarca que, a nivel nacional, desde la llegada al poder del gobierno de Javier Milei, distintos funcionarios han expresado malestar por la presunta existencia de «causas armadas» o investigaciones iniciadas sin pruebas documentales suficientes.
Continuidad
Rodríguez concluyó sus declaraciones afirmando que el objetivo de su espacio político es la «reconstrucción de la Patria», y que ese proceso «lleva tiempo», pero no se detendrá por este tipo de obstáculos.
«No nos detendremos hasta lograr ese objetivo», aseguró, reiterando que la prioridad está puesta en recuperar organismos públicos al servicio de los ciudadanos.
El dirigente reiteró su disposición a colaborar con la Justicia «en la medida en que se respeten las garantías jurídicas y se actúe con seriedad».
Rodríguez insistió en que su compromiso es «con la gente que paga impuestos» y no con «esquemas de poder consolidados en la burocracia estatal».
En ese tono, cerró su intervención destacando que su partido «seguirá actuando con transparencia» y que no tolerará «maniobras oscuras» en el manejo judicial.