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    Portada » Un fiscal investiga intento de hackeo al celular de Horacio Rosatti
    Nacionales

    Un fiscal investiga intento de hackeo al celular de Horacio Rosatti

    9 de mayo de 2025
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    Poder Judicial bajo la lupa: denunciaron intento de hackeo al presidente de la Corte.

    El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue víctima de un intento de hackeo que está siendo investigado por un fiscal. La maniobra buscó llevarse adelante a través de un llamado a un empleado de la Corte, que trabaja en el área a cargo del manejo de los teléfonos oficiales.

    Fuentes judiciales revelaron que el incidente tuvo lugar el lunes pasado en el ámbito de la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte Suprema, el sector que funciona como nexo entre el máximo tribunal y las compañías telefónicas Claro y Movistar, contratadas para la asignación de líneas telefónicas a magistrados.

    Según la denuncia, el 5 de mayo pasado, un empleado con cargo de oficial en la Corte, Sebastián Matías Bustamante, recibió un llamado en su teléfono particular de un número privado. El hombre se identificó como un empleado de Movistar y afirmó que una línea había sido reportada como robada. Le pedía a Bustamante que procediera a bloquearla y le diera el número de pin que le aparecía.

    A Bustamante el llamado le pareció extraño. Mientras escuchaba el pedido, buscó en el sistema de información donde están registrados todos los abonados del Poder Judicial y no le aparecía reportada ninguna irregularidad. Pero además el interlocutor con el que estaba hablando no era la persona de la compañía asignada por Movistar para ser el gestor frente a cualquier inconveniente o solicitud. Así se lo hizo saber, pero el hombre del otro lado de la línea no se inmutó y volvió a pedirle que le diera la clave. El oficial siguió esperando alguna justificación, pero no la hubo. La comunicación entonces se interrumpió.

    El empleado dio aviso de la anomalía a la Dirección General de Seguridad de la Corte, a cargo de Roberto Varela. La denuncia quedó radicada en la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para averiguar el ilícito, con la intervención del fiscal nacional en lo criminal y correccional Santiago Vismara.

    ¿Qué llamó la atención de todo eso? Que al cotejar el único número que buscaban bloquear resultó ser el número asignado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Por prevención, el ministro ya tiene un nuevo número.

    Se cree que el intento no fue casual. Solo quisieron acceder al celular de Rosatti, quien hace dos años ya había denunciado maniobras de duplicación de líneas a su nombre y expuso una red de espionaje a celulares de magistrados. El juez sufrió intentos de robos a su casa, extrañas pinchaduras de ruedas en el auto oficial y hasta un misterioso intento de intrusión en su vehículo en la puerta del Palacio de Tribunales.

    Antecedentes

    El episodio podría ser una anécdota sino no fuera porque hace poco más de dos años Rosatti denunció penalmente en los tribunales de Comodoro Py 2002 que le habían aparecido cuatro líneas telefónicas a su nombre –que después terminaron siendo cinco-.

    La denuncia de Rosatti terminó convirtiéndose en la punta del iceberg de un escenario aún más complejo: con la misma táctica y desde el mismo lugar se había creado líneas truchas a nombre del vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, y de la jueza de Posadas Verónica Skanatta. Al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti también le apareció una línea inventada. No solo fueron jueces.

    Al tirar del hilo que disparó la denuncia inicial de Rosatti, la Justicia comprobó que también armaron varias líneas a nombre del ex gobernador de la provincia Alberto Herrera Ahuad, y de su sucesor, el actual gobernador Hugo Mario Passalacqua, según la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal.

    Por esta causa fue procesado y enviado a juicio Santiago Machado, un joven de Posadas que en su indagatoria dijo que era inocente y que el teléfono desde el que se habían hecho las maniobras se lo había prestado un amigo. Ese amigo está prófugo desde hace dos años. En la causa estuvo presa y fue sobreseída una mujer, Nelly Valdés, quien había sido la primera sospechosa.

    Las revelaciones que expuso la denuncia de Rosatti se leyeron al compás de otra causa que terminó anexada a ese expediente: se sospecha que todo fue parte de un mismo cuadro que puso en la mira a magistrados de causas claves y sus teléfonos. Por esa segunda investigación fue procesado y estuvo preso el hacker misionero Ezequiel Nuñes Piñeyro, quien admitió que un misterio sujeto por Telegram llamado “Eljuanxd” le encargó cambiar las tarjetas SIM de un grupo de celulares. Allí figuraban dos jueces del tribunal oral que juzgaba a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu; y dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

    Ese hacker también había ingresado a los teléfonos del hoy diputado Diego Santilli y del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Desde ese teléfono se difundieron supuestos chats que sirvieron para impulsar la investigación contra un grupo de jueces por un viaje a Lago Escondido y el juicio político contra la Corte Suprema.

    La causa por esa investigación está en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi. En ese expediente también es víctima Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti. La causa puso en la mira al ex policía Ariel Zanchetta, quien hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema.

    Las investigaciones sobre Zanchetta (que estuvo 10 meses detenido) llegaron a Fabián “Conu” Rodríguez, integrante de La Cámpora y por entonces funcionario en la AFIP. La fiscalía lo acusó como partícipe de las maniobras y cuando fueron a allanarlo para secuestrar su celular los investigadores no lo encontraron. Se detectó que estaba en la zona y se había ido. Cuatro días después se presentó en tribunales con sus abogados para entregar sus dispositivos. Aún no fue llamado a indagatoria.

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