El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, participó en Resistencia de la apertura institucional de la Jornada de «Desfederalización y asistencia contra el microtráfico de estupefacientes».
La actividad se desarrolló en el marco del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (Pronadem), una iniciativa orientada a fortalecer la articulación entre las jurisdicciones y optimizar la respuesta del Estado frente a los delitos vinculados con la comercialización y distribución de estupefacientes.
En ese contexto, Mahiques sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere una estrategia federal y coordinada, debido a que se trata de un fenómeno criminal que excede las fronteras jurisdiccionales. «Desde el Ministerio de Justicia tenemos una convicción muy clara: una política criminal verdaderamente nacional solo se puede construir de manera federal», afirmó.
El funcionario explicó que esa concepción implica que Nación y provincias deben trabajar «codo a codo» y «espalda con espalda», con una distribución de responsabilidades basada en las capacidades específicas de cada jurisdicción.
«Las provincias conocen el territorio, sus particularidades, sus dinámicas criminales y sus comunidades, y el Estado Nacional tiene la responsabilidad de aportar capacidades y una mirada que permita articular experiencias y políticas en todo el país», señaló.
Un Ministerio de Justicia
con presencia federal
Durante su exposición, Mahiques puso especial énfasis en la necesidad de que el Estado nacional tenga una presencia activa en las provincias y no limite su accionar a la administración central.
«Ese es el Ministerio de Justicia Federal que nosotros queremos construir. Un Ministerio que no trabaje desde un escritorio de la Ciudad de Buenos Aires, sino que esté presente en las provincias, que escuche a las autoridades, a los operadores, que conozca sus problemas y que construya soluciones junto con las autoridades», sostuvo.
En esa línea, destacó el concepto de federalizar las decisiones y remarcó que las políticas públicas vinculadas con la seguridad y la persecución penal deben contemplar las particularidades de cada territorio.
Para el ministro, esa metodología resulta particularmente necesaria cuando se aborda el narcotráfico, debido a la dimensión transnacional del delito y al impacto directo que tiene sobre las comunidades.
«El narcotráfico no reconoce jurisdicciones, no tiene fronteras y las consecuencias tampoco», afirmó y agregó que existe una dimensión concreta del fenómeno que afecta de manera cotidiana a los vecinos: el microtráfico de estupefacientes.
El desafío del microtráfico
Mahiques explicó que la desfederalización del microtráfico no debe interpretarse simplemente como una transferencia de competencias o como el traslado de expedientes de una jurisdicción a otra.
«Es muchísimo más complejo», advirtió, al señalar que se trata de una decisión de política criminal destinada a acercar la respuesta penal al lugar donde efectivamente se desarrolla el fenómeno delictivo.
En ese sentido, destacó el conocimiento territorial de las instituciones provinciales y la necesidad de acompañar sus capacidades desde el Estado nacional.
«La federalización del microtráfico es una decisión de política criminal: acercar la respuesta penal al lugar donde el fenómeno ocurre, aprovechando el conocimiento territorial y la capacidad de respuesta de las instituciones provinciales y acompañando ese proceso desde el Estado nacional», explicó.
El ministro puso como ejemplo el trabajo iniciado con el Chaco a partir de la incorporación de la provincia al Pronadem. Según detalló, el 28 de mayo pasado se formalizó el convenio de adhesión y, desde entonces, comenzaron a desarrollarse acciones coordinadas entre los equipos nacionales y provinciales.
«Ese día no solo firmamos un convenio, sino que iniciamos un trabajo en conjunto entre la Provincia y el Estado nacional», destacó.
Plan estratégico adaptado
a la realidad chaqueña
Mahiques remarcó que uno de los principales objetivos de la articulación es diseñar una estrategia de persecución penal que permita utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles, establecer prioridades y concentrar las investigaciones en los sectores que generan mayor daño.
«A partir de la incorporación del Chaco al Pronadem, comenzamos a trabajar en conjunto con las autoridades provinciales en el diseño de una estrategia de persecución penal que permita utilizar mejor los recursos disponibles, establecer prioridades y concentrar los esfuerzos investigativos en aquellos mercados, organizaciones y actores que generan mayor daño», señaló.
En ese marco, indicó que el Ministerio de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la provincia trabajan en la elaboración de un plan estratégico de persecución penal del microtráfico de drogas, diseñado específicamente para la realidad chaqueña.
«Estamos trabajando conjuntamente en la elaboración del plan estratégico de persecución penal del microtráfico de drogas adaptado a la realidad y a las necesidades de este territorio chaqueño», afirmó.
Para el funcionario, la importancia de este proceso radica en que permite transformar la coordinación institucional en una herramienta concreta de política criminal.
«Nos permite construir, junto a quienes conocen el territorio y llevan adelante las investigaciones, una herramienta concreta de política criminal», sostuvo.
Capacitación, planificación
y nuevas herramientas
Durante la jornada también se concretó la entrega de un drone de última generación destinado a fortalecer las tareas de prevención e investigación. De acuerdo con lo señalado por Mahiques, el dispositivo representa una inversión superior a los $20 millones.
El ministro ubicó esta entrega dentro de una política más amplia de cooperación con las provincias y sostuvo que el acompañamiento nacional debe traducirse en herramientas concretas.
«Hoy dimos un paso más. Le estamos haciendo entrega de un dron de última generación que sale en más de $20 millones y creo que eso es algo para destacar como parte de la colaboración que el Ministerio de Justicia tiene la obligación de hacer a las justicias provinciales», expresó.
De esta manera, explicó, el convenio firmado en mayo comenzó a traducirse en acciones específicas de capacitación, planificación y provisión de equipamiento.
«Lo que comenzó acá el 28 de mayo con un convenio hoy se traduce en capacitación, planificación y herramientas concretas para investigar mejor», afirmó.
El objetivo final, según planteó, es que el fortalecimiento institucional tenga un impacto directo sobre la seguridad de la población.