El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco confirmó la vigencia de la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad en comisarías y cárceles.
La resolución ratifica la legalidad y legitimidad de la medida impulsada por el gobernador Leandro Zdero, quien promovió esta iniciativa durante su etapa como legislador provincial.
La decisión judicial refuerza una política pública que busca impedir que se cometan delitos desde los lugares de detención, una preocupación recurrente para las autoridades de seguridad provinciales. «Se trata de cortar con el accionar delictivo que se organiza desde adentro», indicaron desde el gobierno chaqueño.
La normativa establece un marco legal para que el personal de seguridad lleve adelante procedimientos de requisa, decomiso y control del uso de dispositivos móviles dentro de unidades carcelarias.
En todos los casos, se asegura el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales.
UNA INICIATIVA CON HISTORIA POLÍTICA
La propuesta de limitar el uso de celulares en los establecimientos penitenciarios fue presentada por Leandro Zdero cuando era legislador provincial.
En ese momento, la iniciativa fue rechazada por el oficialismo conducido por Jorge Capitanich, entonces gobernador de la provincia.
Sin embargo, el contexto político cambió con el triunfo electoral de Zdero en 2023. Desde su asunción al frente del Ejecutivo provincial, el mandatario retomó la propuesta y logró avanzar en su implementación a través del Ministerio de Seguridad.
La confirmación del STJ otorga ahora un aval institucional a una política que había generado debate, consolidándola como parte del enfoque estratégico del gobierno provincial para mejorar la seguridad.
Delitos y uso ilegal
de la tencología
Según fuentes oficiales, uno de los principales objetivos de la medida es frenar estafas virtuales, amenazas y extorsiones que son ejecutadas desde el interior de los lugares de detención mediante teléfonos móviles.
«El celular es una herramienta tecnológica que, en manos de personas privadas de la libertad, puede transformarse en un medio para organizar delitos», señalaron voceros del Ministerio de Seguridad.
En este sentido, la ley busca cortar los canales de comunicación que facilitan estas prácticas delictivas.
Los funcionarios subrayan que existen antecedentes de estafas telefónicas realizadas desde cárceles, que han afectado tanto a ciudadanos chaqueños como a personas de otras provincias, lo que refuerza la necesidad de una regulación firme.
IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVOS DE CONTROL
El Ministerio de Seguridad informó que la normativa ya se encuentra en plena aplicación en todo el territorio provincial. Para garantizar su cumplimiento, se han desplegado procedimientos específicos a cargo de personal entrenado para intervenir en situaciones que involucran dispositivos electrónicos.
Las requisas se realizan bajo protocolos que contemplan la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas. «La medida no pretende vulnerar derechos, sino proteger a la comunidad de delitos que pueden prevenirse», expresaron desde la cartera.
Además, se ha establecido un sistema de informes periódicos para evaluar la efectividad de la norma y realizar los ajustes necesarios en su aplicación.
El Gobierno destaca que el éxito de la política dependerá de una aplicación constante, profesional y sujeta a evaluación.