Los jueces del TOC Nº3 de San Isidro resolvieron suspender por 7 días el juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo que envuelve a la jueza Julieta Makintach, quien está siendo investigada por presuntamente autorizar la realización de un documental sin el consentimiento de las partes.
El debate se reanudará el próximo martes 27 de mayo a las 10.30 de la mañana. El juez Maximiliano Savarino, quien preside y dirige el juicio, comunicó la decisión por unánime tras un breve cuarto intermedio en el que deliberaron el pedido que había realizado la Fiscalía.
Asimismo, el magistrado informó a todas las partes que para ese día será necesario que asistan nuevamente los siete imputados en la causa, tal como en las primeras audiencias.
“Entendemos que es un plazo razonable que garantiza que el tribunal pueda resolver la cuestión”, alegó el juez Savarino al pronunciarse al respecto.
Antes de que se diera por finalizada la jornada de este martes, la jueza Makintach pidió la palabra e hizo un breve descargo en el que adelantó que, para que el proceso judicial no corra peligro, quizás ella misma tome la decisión de apartarse del debate.
“Entiendo la zozobra de todos. Estoy convencida de mi parcialidad (sic). Voy a dar las explicaciones del caso. Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo Julieta Makintach.
Luego agregó: “Ojalá alcance a dar las razones del caso. En caso de que haya algo que esté en peligro, quizás sea yo la que me aparte. Necesitan las pruebas y las razones para fundar”.
La medida adoptada por los jueces responde al pedido que había efectuado al comienzo de la jornada el fiscal Patricio Ferrari, quien junto a su colega Cosme Iribarren habían solicitado que el debate oral se pause por diez días, que es el plazo máximo que se puede suspender un juicio según el Código Procesal de PBA.
Sin embargo, tras analizarlo en un breve cuarto intermedio de media hora, los magistrados resolvieron la suspensión del proceso judicial, pero por una semana.
En su solicitud, el fiscal Ferrari había señalado: “Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y racionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos en la última audiencia? ¿Fingir demencia, hacer que no paso nada?“.
Ferrari, quien representa al Ministerio Público Fiscal junto a Iribarren y llevan a cabo la acusación contra los siete imputados, alegó que lo ocurrido compromete el prestigio del Poder Judicial y dijo que las primeras pruebas recabadas en la investigación iniciada a partir de la denuncia de los abogados Burlando y Baudry, “no son alentadoras”.
“Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de 10 días para resolver sobre un tema que aparece trayendo aparejada la gravedad institucional”, dijo el fiscal al concluir.
Su solicitud fue adherida por el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, quien se manifestó a continuación alegando que “no se puede recuperar del impacto que generó los hechos conocidos en la última audiencia”.
También tuvo el aval del abogado de Jana Maradona, Félix Linfante, que citó al fiscal Ferrari al decir que “no se puede fingir demencia tras lo ocurrido”; de Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando; Pablo Jurado, de las hermanas de Diego Maradona; y del letrado que representa a Diego Junior.
Algunos defensores coincidieron con la propuesta. Entre ellos, Vadim Mischachunk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov; Diego Olmedo, del psicólogo Carlos Díaz; y la defensora oficial María Julia Marcelli, que representa al clínico imputado Di Spagna.
El escándalo que se investiga
La suspensión del debate oral por la muerte de Maradona se solicitó mientras avanza una causa en paralelo que se abrió a partir de una denuncia penal realizada por los abogados Burlando y Baudry el jueves pasado.
La investigación se centra en determinar si la jueza Makintach había autorizado o no el ingreso de dos infiltrados de una productora audiovisual que estaban grabando las audiencias a escondidas a fin de hacer material para un presunto documental sobre el caso. Lo habría hecho sin el consentimiento de las partes.
En el marco del expediente, que está a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular del área Criminal del departamento judicial de San Isidro, ya declararon dos funcionarias policiales que aseguraron que la magistrada autorizó a un hombre y una mujer a ingresar a la sala.
Se trataría, en principio, de la misma pareja que en la audiencia pasada fue señalada por el abogado Rivas -defensor de Luque- como los supuestos infiltrados de la compañía audiovisual.
En ese entonces ellos dijeron no tener nada que ver con una productora. No obstante, este martes el fiscal Ferrari aseguró en la audiencia que, con solo googlearlos, descubrió que, al menos el hombre, era productor.
Este martes, cuando se decidió la suspensión del juicio y se debatió el posible apartamiento de la jueza, ninguno de los dos señalados se hizo presente en el palacio de Ituzaingó tras dos meses de haber asistido a casi todas las jornadas.